La nueva ley de memoria ha soliviantado a la derecha y a una parte de la vieja guardia del PSOE porque su aprobación conllevará el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. La derecha ha salido en tromba contra esa medida al considerar que supone una impugnación de la Transición –el PP ya ha anunciado su derogación cuando llegue al Gobierno– mientras EH Bildu se ha arrogado el mérito. Fue una enmienda de PSOE y Unidas Podemos la que planteó la creación de una comisión de expertos que examine esas vulneraciones en los inicios de la democracia que varios organismos internacionales han señalado. El texto inicial apuntaba a 1982 como fecha límite para el estudio, pero fuentes gubernamentales explican que se produjo una corrección en el trámite parlamentario para alargarlo un año más para que nadie pudiese interpretar que se paraba precisamente con la llegada de Felipe González a La Moncloa. El propio González se ha apresurado a decir que la norma no le suena bien en unas declaraciones donde admitía que no se la había leído entera. Según explican desde EH Bildu, su intención es que ese análisis se alargara lo máximo posible y 1983 les pareció bien.
El objeto de la polémica, que ha suscitado las dudas de González y ha sido duramente criticada en un escrito suscrito por veteranos exdirigentes socialistas, es la disposición adicional incluida en la ley que este jueves aprobó el Congreso para la creación de una comisión que examine posibles “vulneraciones de derechos humanos perpetrados a personas que lucharon por la libertad y la democracia hasta el año 1983”, según fuentes gubernamentales, que señalan que el objetivo es que se puedan examinar casos como el asesinato de la líder estudiantil Yolanda González en 1980 a manos de un comando de extrema derecha.
EH Bildu incluyó esa propuesta entre los motivos que le llevaron a apoyar la ley de memoria democrática. La izquierda abertzale interpreta que la ampliación a 1983 puede incluir la investigación de los asesinatos de Segundo Marey, a manos de los GAL, y los casos de Lasa y Zabala, todos ellos perpetrados en el comienzo del mandato de González.
Fuentes del Gobierno niegan que la extensión de las investigaciones puedan afectar a esos casos que cita el partido nacionalista. La norma establece que hasta 1978 la investigación la asumirá la fiscalía, y desde entonces a 1983 será una comisión de expertos la que estudie posibles vulneraciones. La disposición adicional dice literalmente “por si pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Es este párrafo el que según el Gobierno deja fuera de esa comisión de estudio a las víctimas de los GAL.
Bildu se atribuyó el éxito de ese cambio legislativo, aunque la enmienda no era suya, y eso ha servido para prender la mecha de la derecha. La adecuación del Fuerte de San Cristóbal, situado en Navarra, “como lugar de Memoria”, así como la “adhesión del Palacio de la Cumbre” de San Sebastián (que fue la residencia del gobernador civil de Gipuzkoa y el lugar donde torturaron a Lasa y Zabala) al Ayuntamiento de la ciudad fueron los otros motivos que llevaron a EH Bildu a apoyar la ley impulsada por el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Mayoría sin Bildu
Fuentes gubernamentales ya apuntaban, no obstante, que la ley de memoria iba a salir adelante con una amplia mayoría y que lo haría incluso si los cinco diputados de EH Bildu votaran en contra. Finalmente, ha salido del Congreso camino al Senado con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, entre ellas las de los diputados de ERC, que viró desde el no durante la tramitación. Ese voto en blanco sumado al apoyo a otras tres iniciativas del Gobierno forma parte de la “normalización” de las relaciones que se ha conseguido en las últimas fechas tras semanas de crisis por el escándalo del espionaje con Pegasus a líderes independentistas.
La inclusión de la investigación hasta 1983 ha ocasionado un importante revuelo, fundamentalmente en la derecha, que considera que se trata de “revisionismo histórico” y que hace “saltar por los aires” la Transición. José María Aznar censuró que “está hecha y pactada con terroristas”. Preguntado por esa iniciativa, el expresidente González respondió: “Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien”. Le respondió en una entrevista en elDiario.es el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero: “Yo creo que debe leerlo. A veces no puede haber una democracia y un debate de oídas. Esto es muy imperfecto para un país”.
“Hay que leer el preámbulo, la exposición de motivos de la ley de 2007, de la ley actual y los contenidos. Ambas hacen una exaltación de la transición democrática y lo que establecen es que la transición democrática fue un éxito. En aquel momento, seguramente no pudimos atender todas las cuestiones que la dictadura había dejado abiertas, como el tema fundamental de las familias que no sabían o no saben todavía dónde están sus seres queridos”, expresaba el expresidente sobre la ley que modificará la que él impulsó hace más de una década.
Desde el Gobierno sostienen que la ley condena la dictadura y el golpe de Estado de 1936, declarando ilegal el régimen de Franco y homenajea a todas las víctimas de la guerra de bandos y a las víctimas de la represión franquista. De hecho, una de las principales medidas de la nueva norma es que será el Estado el que pilote la búsqueda de los restos y asuma los costes de las exhumaciones de los dos bandos de la contienda. Se creará un banco de ADN de víctimas donde se almacenarán muestras biológicas de los familiares para poder cotejarlas con vistas a futuras identificaciones y, tras el debate de la ley en comisión, se incorporó “a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos”, es decir, los bebés robados.
Además, el Ejecutivo apunta a que la ley reivindica la Transición Democrática, la Ley de Amnistía de 1977 y la Constitución de 1978. Uno de los principales conflictos con los socios del PSOE fue su negativa precisamente a anular la amnistía, algo que defendían ERC y Unidas Podemos con el objetivo de que los crímenes del franquismo se pudieran juzgar. El grupo confederal incluyó una enmienda para que la ley sea interpretada en base al derecho internacional, por el que los crímenes de guerra y lesa humanidad no pueden ser amnistiables. Está por ver si este precepto permite juzgar los crímenes franquistas o si los tribunales siguen parapetándose en una interpretación restrictiva, algo que temen expertos y asociaciones memorialistas, informa Marta Borraz.
Otra de las novedades incluida en la negociación de los grupos ha sido el reconocimiento de las instituciones de autogobierno catalana y vasca y las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos como víctimas de la dictadura. Las víctimas tendrán “derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del Estado”. Además, se realizará una evaluación de la “represión y persecución cultural y lingüística del franquismo”. También el plazo de un año para la elaboración de la auditoría de los bienes incautados durante la guerra y la dictadura. El texto inicial concedía la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, pero llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo, ya que el último superviviente del que se tenía constancia falleció el año pasado. Por eso, se ha aprobado una enmienda de Unidas Podemos que prevé otorgársela a los descendientes “que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia”.
La ley de memoria supondrá, además, el fin de los títulos nobiliarios vinculados con el franquismo así como la extinción de las fundaciones que lo exalten. El derecho a la verdad es uno de los ejes de la norma, que avala la creación de una oficina de apoyo a las víctimas que hará labores de divulgación y sensibilización.
A diferencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007, la nueva incorpora un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar un máximo de 150.000 euros. Entre las infracciones muy graves, se encuentra la destrucción de fosas o de lugares de memoria. A ellas se han sumado en el debate la destrucción de documentos públicos o privados sobre memoria democrática o “la apropiación indebida de documentos”.