Un “bloque constitucionalista” que choca con los consensos del 78: ilegalizar partidos o limitar las lenguas cooficiales

PP y Ciudadanos llevan meses inmersos en una estrategia que consiste en trazar una línea que les sitúa a ellos dentro de la Constitución y al resto fuera, o incluso en su contra. La extrema derecha de Vox se ha sumado también a esa campaña que se intensifica con la cercanía de las elecciones. Al mismo tiempo, los tres partidos que conforman el llamado bloque constitucionalista lanzan propuestas que chocan con los consensos alcanzados en 1978.

Fue el presidente del PP, Pablo Casado, quien inauguró esa estrategia después de que José María Aznar le indicase la senda que debía seguir. El pasado mes de diciembre, el expresidente del Gobierno dijo en una entrevista que “un Gobierno de un partido en minoría en el Congreso apoyado por independentistas y la extrema izquierda radical no se puede calificar de partido constitucional”. Al día siguiente, Casado acusó a Pedro Sánchez de “gobernar contra la Constitución”. Abrió un camino por el que luego ha transitado Albert Rivera y otros dirigentes de su partido.

El líder de Ciudadanos ha calificado al presidente del Gobierno de “obstáculo para la Constitución” y ha dejado muy claro que para él Sánchez está fuera de ese bloque constitucionalista del que, sin embargo, no excluye a Vox. Así lo dijo cuando en una entrevista en TVE le preguntaron si Vox era un partido constitucionalista: “Hay que preguntárselo a ellos, pero desde luego el Partido Socialista sí se ha definido como constitucionalista, y no digo que no los haya, pero Sánchez no lo es”. Casado se había pronunciado ya en los mismos términos. Acogido en ese paraguas constitucional, Vox acusa constantemente al presidente de traicionar la ley fundamental.

Ese bloque que alude a la Carta Magna como un club privado con derecho de admisión selló la alianza de Andalucía en la manifestación de Colón. Allí se dio continuidad con los representantes nacionales a lo que hasta ese momento era un pacto autonómico. Los líderes de PP, Ciudadanos y Vox se hicieron una foto juntos tras la lectura de un manifiesto que acusaba al Gobierno de hacer una serie de cesiones ante los independentistas –muchas de ellas falsas– que habían puesto “nuestro orden constitucional ante uno de los mayores retos que ha vivido desde su promulgación”.

Ilegalización de partidos por sus ideas

Sin embargo, esos tres partidos conjugan la estrategia de utilizar la Constitución como escudo con propuestas que chocan contra algunos de los consensos básicos alcanzados en 1978, y de los que los tres partidos se dicen herederos. El último en hacerlo ha sido Vox, que este mismo lunes ha sugerido la posibilidad de ilegalizar partidos en función de las ideas que defienden.

Así lo ha dicho Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, cuando hablaba sobre Íñigo Errejón, a quien ha definido como uno de los “enemigos más peligrosos” porque combina una “cara de niño bueno” con “una bilis antiespañola y radical”. “Algún día tendríamos que estudiar si tienen derecho a estar en el juego político los que no creen en la unidad de España o no renuncian del marxismo, que tantos muertos ha dejado en la historia”, ha reflexionado el dirigente del partido de extrema derecha, que tiene varias propuestas con difícil encaje en la Constitución.

Esta idea de limitar la participación política, consagrada en la Constitución, en función de las ideas que se defiendan en el programa electoral no es nueva. La lanzó Casado después del referéndum del 1-O. “Yo tipificaría la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia” dijo el entonces vicesecretario de Comunicación del partido. En su opinión, había que abrir un debate sobre la posibilidad de impedir que concurriesen a las elecciones partidos con ideas al margen de la Constitución.

En aquella ocasión, Casado dijo que hacía esa propuesta “a título individual”. Ya como presidente del PP ha repetido esa idea hasta el punto de pedirle al jefe del Ejecutivo que la lleve adelante. Hace unas semanas instó a Sánchez a hacer con los partidos catalanes que defienden la independencia lo mismo que con Batasuna. “Se nos dijo entonces que la que se iba a liar, que iba a arder Troya, y lo único que pasó fue que dejaron de arder fueron los cajeros”, argumentó.

Como ha hecho Vox ahora, el PP de Casado también deslizó la posibilidad de ilegalizar organizaciones “comunistas y populistas”. Lo hizo en noviembre cuando presentó en el Senado una enmienda en la que condicionaba su apoyo a una propuesta socialista de condena del franquismo a que se prohibieran las organizaciones que exaltasen “el comunismo o aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos”. El PP fue incapaz entonces de explicar cuál sería el baremo para ilegalizar esas organizaciones.

Este fin de semana el PP ha vuelto a sugerir propuestas que se sitúan fuera de la Carta Magna, al hilo de la manifestación convocada en Madrid por entidades independentistas. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, culpó a Sánchez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de esa concentración. En un tuit con una foto del escenario en el que culminaría la manifestación aseguró que “con Casado esto no volverá a suceder nunca”.

El revuelo que provocó esa idea de limitar el derecho de manifestación -que el PP ya recortó con la aprobación en solitario de la Ley Mordaza- obligó a Maroto a rectificarse a sí mismo horas después. En otro tuit dijo que lo que no permitiría el PP es “políticos que permitan o alienten la quiebra de nuestro Estado de Derecho”. Así, transitó de una propuesta para impedir manifestaciones a otra para ilegalizar a partidos.

Ciudadanos y las lenguas oficiales

En el caso de Ciudadanos, sus problemas con la Constitución van por el lado de la cooficialidad de las lenguas del Estado. El partido de Albert Rivera ha hecho bandera de la batalla contra lo que denominan la “imposición” del catalán –tanto en Catalunya como el Baleares– o el gallego. Este mismo fin de semana Inés Arrimadas comparó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, con los independentistas catalanes por esta cuestión.

“El PP no solo ha pactado siempre con nacionalistas. También les sigue copiando: Feijóo exige el gallego como requisito obligatorio para ser profesor”, dijo en referencia a la convocatoria de plazas públicas para profesores de educación secundaria. Esas oposiciones piden como requisito que se acredite el conocimiento del gallego.

Según la Constitución, las lenguas españolas que no son el castellano son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y de acuerdo con los estatutos de autonomía. El de Galicia señala que el gallego es “su lengua propia” y que se potenciará “la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento”. Así, la mitad de las asignaturas en educación se imparten en ese idioma, gracias al Plan xeral de normalización da lingua galega que impulsó Manuel Fraga y que se aprobó por consenso.

Estas son solo algunas de las propuestas del llamado bloque constitucionalista que chocan con la Constitución. La complejidad de esa estrategia que conjuga una defensa cerrada de la Carta Magna, propuestas que no encajan en ella y la exclusión en bloque de quienes piensan distinto ha quedado reflejada este lunes en la entrevista a la número uno de Ciudadanos por Valencia, María Muñoz: “Un partido constitucionalista es el que cumple o acata la Constitución. Si no fuera constitucionalista no existiría Vox, estaría ilegalizado. Partidos no constitucionalistas son los separatistas, por ejemplo”.