Llarena, otros tres conservadores y una jueza progresista decidirán en un mes si el Supremo investiga a Casado
Cinco jueces del Tribunal Supremo decidirán en el plazo aproximado de un mes si admiten a trámite la investigación al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por el caso de su máster en la universidad pública Rey Juan Carlos. El sistema de turnos establecido en enero pasado por el Consejo General del Poder Judicial para el presente ejercicio establece que entre los cinco miembros de la Sala de Admisión en caso de aforados figure Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O, junto a otros tres magistrados considerados del bloque conservador y una jueza progresista.
Al frente de la Sala de Admisión está siempre el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Completan la nómina conservadora de esa Sala de Admisión especial, en el reparto del 1 de junio al 30 de septiembre, Francisco Monterde y Miguel Colmenero. Ana Ferrer es la única de corte progresista que participará en la decisión.
En los próximos días, la Sala dará traslado de la exposición razonada a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la propuesta de la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, de investigar a Pablo Casado por prevaricación y cohecho impropio. Los magistrados adoptarán la decisión que consideren, con independencia del pronunciamiento de la Fiscalía, y los que queden en minoría tendrán la opción de exponer sus argumentos en un voto particular. Fuentes del Tribunal Supremo consideran que la decisión se adoptará a comienzos del próximo mes de octubre.
En su exposición razonada, Rodríguez-Medel concluye que al hoy presidente del PP le regalaron el título “a modo de prebenda o dádiva”. Casado obtuvo el máster sin ir a clase, siéndole convalidadas todas las asignaturas a excepción de cuatro, que aprobó con sobresaliente con otros tantos trabajos que sumaban entre todos 92 páginas. La jueza cree que Casado es autor de un delito de cohecho impropio, por haberse beneficiado del máster, y que es cooperador de la prevaricación administrativa.
El cohecho prescribe a los cinco años y Casado cursó el máster en el curso 2008/2009, por lo que no podría ser investigado por ese delito. Sin embargo, la jueza Rodríguez-Medel considera que es un delito conexo al de prevaricación administrativa, que aún no ha prescrito y en el que Casado cooperó para su comisión. En este sentido, la magistrada cita una sentencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo en el que el magistrado Andrés Martínez Arrieta establece que “basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria”, cometida por un funcionario público, para ser cooperador de un delito de prevaricación.
La composición de esta Sala de Admisión es un reflejo del actual reparto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que pertenece. La Sala que revisa, entre otros cometidos, las sentencias en segunda instancia de la Audiencia Nacional, y que se encarga de la investigación de los aforados por ser diputados o miembros del Gobierno, tiene una abrumadora mayoría conservadora. La elección de magistrados para la misma es fruto de intensas negociaciones, acuerdos y enfrentamientos en el seno del Consejo General del Poder Judicial.
“Prebenda o dádiva”
Con los “indicios racionales de criminalidad” reunidos, dice la jueza, puede llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, que el responsable de ese máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, se puso de acuerdo con los profesores Alicia López de los Mozos y Pablo Chico de la Cámara para dirigir “una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del Máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”.
Añade que ha podido llegar a esta conclusión gracias a que “esa mecánica” ha sido confirmada por una compañera de Casado en el máster. Se refiere a María Dolores Cancio, que en su declaración como imputada “detalló cómo siguió las indicaciones de don E.A.C -Álvarez Conde- para, tras solicitar el legítimo reconocimiento de 40 créditos pero sin hacer absolutamente nada más para obtener los otros 20 créditos, siendo calificada sin presentar trabajo alguno o sin otro tipo de evaluación en los mismos, obtener el título del Máster Oficial en dicha edición”.
La jueza Rodríguez-Medel propone al Supremo que cite en primer lugar a Casado como investigado para escuchar su versión de los hechos, porque hasta ahora solo se ha defendido a través de los medios de comunicación. Además, cree conveniente requerirle toda la documentación que conserve del máster: los trabajos que dice que hizo, pero también cualquier correo electrónico o recibo “que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009 y remitidos o entregados en dicha fecha para su calificación”.
También pide al Supremo que reclame al presidente del PP “el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el máster, ordenador que según sus manifestaciones públicas del pasado día 10 de abril de 2018, aún conserva”.
Ese ordenador debe ponerse a disposición de la policía judicial “para que se informe de la antigüedad de los documentos informáticos archivados como tales trabajos y si han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo de 2018”.
