Llarena insiste y exige a los jueces italianos la entrega de Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha dirigido de nuevo a los jueces italianos para exigir la entrega de Carles Puigdemont. El magistrado instructor de la causa del procés ha remitido información complementaria varios días después de su detención en el aeropuerto de Cerdeña e insiste en que la orden europea de detención que pesa sobre él no estaba suspendida por la existencia de una cuestión prejudicial pendiente de resolver.

Llarena recuerda que él en ningún momento ha puesto freno a esta orden de detención. “Tras la presentación de la Cuestión Prejudicial, este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, recuerda en esta comunicación. Entiende también que el expresident catalán no está protegido por ninguna inmunidad parlamentaria: “El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Carles Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021”, recuerda.

Carles Puigdemont fue detenido la semana pasada en el aeropuerto italiano de Cerdeña procedente de Bélgica. El tribunal italiano encargado de su caso decidió dejarle en libertad sin medidas cautelares y citarle de nuevo para comparecer el 4 de octubre. Mientras tanto, el expresident ha podido abandonar Italia para acudir al Parlamento Europeo sin ninguna restricción.

El juez Llarena ya comunicó la semana pasada a sus homólogos sardos que consideraba que la orden europea de detención seguía en vigor y que el proceso de extradición de Puigdemont debía seguir adelante. Este jueves ha ampliado la información remitida y ha insistido en esta idea: lo que está suspendido es su inmunidad parlamentaria y no la orden de detención, a pesar de la cuestión prejudicial presentada por él mismo.

De esta manera en un documento de cinco páginas Llarena exige a la autoridad judicial italiana que “acuerde la entrega del detenido a la Jurisdicción española”. Pero deja la puerta abierta que el Tribunal General de la Unión termine dando la razón al expresident, y en ese caso pide que “se deje en suspenso la tramitación del proceso de ejecución” y adopte cautelares contra él. Pide que se haga lo mismo en caso de que los jueces italianos entiendan que la cuestión prejudicial afecta a su decisión.

La Abogacía del Estado

El juez Llarena también se pronuncia sobre una de las principales alegaciones de la defensa de Puigdemont: que la propia Abogacía del Estado, en representación de España, ha reconocido a lo largo del proceso que las órdenes europeas de detención estaban suspendidas. Contesta Llarena que “eso no es así” y que él es el único que puede declarar en suspenso esas órdenes, algo que no ha hecho.

El escrito recoge reproches a este respecto para la Abogacía del Estado. “Esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España”. Además, dice, “nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca” y atribuye todo esto a un “desajuste de información” que “podría explicar la incorrección”.

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