La secretaria judicial que el pasado 20 de septiembre participó en el registro de la Consellería de Economía en una operación policial contra el 1-O estaba citada este miércoles en el Tribunal Supremo. Sin embargo, las discrepancias sobre si debía comparecer como testigo protegida han acabado por suspender la declaración. El juez Pablo Llarena se ha solidarizado con su situación y ha dicho que él también sufre acoso: “Me miran siete veces en cada esquina”.
La testigo estaba citada para que explicase los hechos ocurridos en la Consellería de Economía, de la que tuvo que huir por un edificio contiguo por las protestas en la calle contra la operación policial. Las defensas de los procesados habían pedido su comparecencia, pero la Fiscalía envió un escrito el pasado viernes pidiendo que se la considerase una testigo protegida: que declarase tras un biombo y se omitiese su identidad real.
El fiscal presente en la declaración, Javier Zaragoza, ha alertado del riesgo de que algunos letrados le hiciesen fotos y se difundiese su identidad. Por eso ha pedido que se hiciese lo posible para dificultar su identificación.
La testigo no ha llegado a entrar en la sala de declaraciones y ha permanecido en una estancia anexa acompañada de agentes de policía. El juez Llarena se ha solidarizado con la situación de la secretaria judicial y ha aceptado que la declaración se produjese en esas condiciones, según informan fuentes jurídicas.
Además, Llarena ha justificado su decisión en que él sufre una situación parecida de acoso. Ha recordado que no puede ir tranquilo por la calle, que camina acompañado de varios escoltas y que se ha publicado la dirección de su domicilio. “Me miran siete veces en cada esquina”, ha añadido.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió hace unas semanas al Ministerio del Interior medidas para proteger a Llarena y a su familia, después de conocer que la casa que tiene en Girona había aparecido con pintadas que lo acusan de “fascista”.
Las defensas han protestado contra la decisión del fiscal y en concreto que haya insinuado que le iban a hacer fotos. Así, han renunciado a que la declaración se produjese en esos términos. “Nos hemos puesto de acuerdo en que las condiciones no eran acordes con la legislación y con el respeto a loa derechos fundamentales de nuestros clientes”, ha explicado a la salida el letrado Andreu Van den Eynde.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han protestado porque la defensa que había propuesto a la testigo ahora renunciase a la declaración. Vox, que ejerce la acusación popular, ha pedido al magistrado que imponga una multa a la defensa por “fraude procesal”.
La secretaria judicial ya explicó ante el Juzgado Número 13 de Barcelona lo que ocurrió durante aquella jornada. Aseguró en un escrito que “jamás” había sentido “mayor vergüenza y humillación” que ese día, cuando tuvo que “escapar cual delincuente” trepando por la azotea, ante su “absoluto abandono”.
“Pongo de manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control (...) Esta letrada jamás ha sentido mayor vergüenza y humillación al verse obligada a escapar cual delincuente, escondiéndose de la vista de unos alterados, cuando únicamente había cumplido con mi deber y representado el poder judicial como así se había encargado”, afirmó.