El Congreso se enfrenta a un auge de los 'lobbies' sin haberlos regulado
Los lobbies han empezado a tomar posiciones ante el escenario político que pueden dejar las elecciones del 20D. Con un Congreso sin mayorías absolutas, estas organizaciones prevén que su trabajo va a ser más necesario que en los últimos cuatro años. Antes solo podían influir en la legislación a través del Ejecutivo, pero ahora se abren nuevas vías para defender sus intereses.
Esta es una de las conclusiones de la consultora de asuntos públicos Mas Consulting. En un informe titulado El futuro del lobby en España afirma que su papel se “reforzará” tras las elecciones. Sin mayorías absolutas, “tanto el Congreso como el Senado volverán a ganar protagonismo. (...) El foco de las acciones de lobbying pasará a estar en buena medida en ambas cámaras”.
Daniel Ureña, socio-director general de esta consultora, asegura que hace meses que empezaron a recomendar a sus clientes que iniciasen los contactos con los nuevos partidos políticos –Ciudadanos y Podemos– “para presentar a sus organizaciones o compañías”. Algunas empresas ya han pedido a esta consultora que contacte con estas formaciones emergentes, que tendrán un peso importante en el nuevo Congreso.
Además, Ureña señala que han venido detectando “un mayor interés de las empresas” en contar con expertos que les ayuden a comprender el escenario electoral que salga del 20D, así como “el entramado legislativo para poder hacer llegar sus mensajes” a quienes toman las decisiones.
Sin acuerdo entre los partidos
Las Cortes van a enfrentarse a este nuevo escenario sin una regulación específica sobre los lobbies. Se ha debatido sobre ello en numerosas ocasiones en el Congreso, pero los grupos nunca han sido capaces de llegar a un acuerdo. Algunos partidos hicieron sus propuestas durante los últimos cuatro años y otros han incluido en sus programas medidas en este sentido.
El PP aún no ha hecho público su programa, pero durante la pasada legislatura dejó ver algunas líneas de su posición sobre los lobbies. En 2014 intentó que el Congreso crease un registro público de estas organizaciones que recogiese a “los representantes de grupos de interés que mantengan encuentros con diputados y personal adscrito a su labor parlamentaria”.
No recibió el apoyo de lo oposición en la ponencia para reformar el reglamento del Congreso por la dudas sobre qué se considera un lobby. Según el resto de partidos, el PP no aclaraba qué asociaciones formarían parte de ese registro, ni si incluiría a ONG y colectivos sociales. PSOE e IU acusaron a los populares de tener poco interés en sacar adelante la regulación.
Los socialistas hacen referencia a los lobbies en su programa, pero no incluyen una definición de estos grupos. Abogan por crear un registro y por obligar a los diputados a publicar sus reuniones, así como del contenido de las pretensiones de los grupos de presión. El PSOE también quiere aprobar un código ético y que la Oficina de Conflictos e Intereses pueda sancionar los incumplimientos de ese código.
Izquierda Unida, por su parte, presentó durante la pasada legislatura una Proposición No de Ley para regular los grupos de presión. Reclamaban al Gobierno una ley que crease un registro obligatorio de lobbies en el que tuviesen que declarar los intereses que representan, y la publicidad de las actas de sus reuniones con los diputados. No llegó a debatirse en el Pleno.
Tanto Ciudadanos como Podemos han mostrado su disposición a regular estas figuras. Los primeros incluyeron el control de la actividad de estos grupos en su acuerdo de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid. Aunque aún no se ha desarrollado, incluiría un registro de lobbies, pero no va más allá. En sus propuestas programáticas para las generales no hay ninguna referencia a este asunto.
En el caso de Podemos, su programa sí incluye una referencia concreta en el apartado de Democracia, transparencia y lucha contra la corrupción, en el que también se habla de las puertas giratorias. Además de abogar por un registro público, este partido quiere que los lobbies informen si emplean a antiguos miembros del Gobierno y quiénes son sus clientes.
Desde MAS Consulting se muestran partidarios de la regulación. Daniel Ureña señala que, como proponen todos los partidos, lo primero debe ser crear un registro público. “Una vez conseguido eso, será el momento de ver si son necesarias nuevas medidas”, afirma.
