Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León se reúnen para decidir cierres perimetrales que afectan a 11 millones de personas

La decisión de cerrar las fronteras de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha se hará pública en una rueda de prensa a tres este miércoles por la tarde. Los presidentes de los gobiernos autonómicos se han emplazado a una reunión en Ávila que comenzará a las 18 horas con el único punto en el orden del día de dar a conocer si confinan perimetralmente los territorios de cara al puente de Todos los Santos del próximo fin de semana (y también al de La Almudena –ya solo de Madrid–) que puede suponer una alta movilidad entre territorios como ocurrió en años anteriores. Isabel Díaz Ayuso (PP), Emiliano García-Page (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) decidirán conjuntamente qué hacer ahora que el Gobierno central ha dejado en manos de las comunidades los posibles cierres tras aprobar el estado de alarma.

La medida afecta a 11 millones de personas. En Madrid –donde reside el grueso de la población con 6,6 millones de habitantes– Díaz Ayuso abogaba este martes por tomar la decisión con “mesura y criterio” y tras debatirlo con sus homólogos de las dos Castillas. Desde el entorno de la presidenta reconocen que Ayuso no es partidaria del confinamiento perimetral de la autonomía. La dirigente del PP basó su enfrentamiento contra el Gobierno de Pedro Sánchez precisamente en rechazar los cierres impuestos desde el Ministerio de Sanidad, primero con la orden aprobada en el Consejo Interterritorial que luego tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, después, con el estado de alarma impuesto por Sánchez.

En el discurso de la dirigente del PP de este martes volvía a ponerse como prioridad la economía y el “daño” que una medida así haría en comercios y hostelería. “Estamos hablando de decisiones que causan daño en la economía. No olvidemos que es el sector público el que arremete contra el sector privado y el que le dice a una tienda, a un comerciante, a un autonómico cómo tiene que ir, si abrir, si cerrar”, defendía la presidenta madrileña.

Conscientes de estos titubeos y resistencias a la hora de tomar medidas más drásticas, desde Ciudadanos, el otro socio de coalición, ejercían presión sobre la presidenta con el anuncio del vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, de llevar el cierre perimetral al Consejo de Gobierno. “El debate hay que tenerlo dentro del Ejecutivo, no fuera”, lamentaba Ayuso visiblemente molesta por las palabras de su número dos con quien cada vez está más distanciada.

La presidenta madrileña, al igual que hiciera su consejero de Justicia, Enrique López –una figura cada vez con más poder en el Gobierno regional y en el PP– también aludía a los datos de contagios en la región para defender que la situación “ha mejorado” y no es la misma que hace un par de semanas. Ayuso defendió además que el cierre es “todavía más doloroso” si se tiene en cuenta que en el puente de Todos los Santos “muchos ciudadanos quisieran acercarle unas flores a un cementerio a un familiar, que incluso han podido perder este año”.

Sea cual sea la decisión de la presidenta, 600.000 madrileños ya están confinados en Madrid y no podrán viajar durante el puente ni salir de un pequeño perímetro para ir a los cementerios de los que habla Ayuso. El Gobierno regional volvió a imponer restricciones a la movilidad en 32 zonas básicas de salud y los ciudadanos que viven en ellas no pueden entrar ni salir de su área sanitaria sin justificación.

Una decisión “coordinada”

Desde Castilla La Mancha –dos millones de habitantes–, el Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page anunció a última hora del martes que planteará el cierre de la región los próximos 14 días en la reunión a tres de este miércoles. El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, manifestaba su preocupación por la interacción especial que hay con la Comunidad de Madrid, “máxime cuando en las próximas semanas tiene dos puentes festivos y pueden provocar una movilidad especial desde allí a otros territorios”, dijo.

El número dos del Gobierno castellano-manchego añadía que si Madrid y Castilla y León no se suman a su propuesta, ellos tomarán “una decisión pensando en los intereses de Castilla-La Mancha”, si bien esperan que sea “conjunta de las tres comunidades autónomas”, toda vez que las dos Castillas “rodean a la Comunidad de Madrid”. “Esa decisión tiene que estar coordinada”, insistía.

La Junta de Castilla y León –en la región residen 2,4 millones de personas– también se emplazaba a tomar la decisión tras la reunión a tres, aunque según ha podido saber elDiario.es, los expertos del Gobierno castellanoleonés consideran que el cierre perimetral no es la solución. Defienden que no ha funcionado en ciudades como León o Burgos, con una tendencia creciente en positivos, o en municipios como Pedrajas de San Esteban (Valladolid). El motivo, esgrimen, es que el confinamiento perimetral tiene muchas excepciones, algunas de ellas difícilmente comprobables, como es el cuidado de enfermos o personas mayores, para la que sí se permiten los desplazamientos.

Fuentes del Gobierno aseguran que sobre la mesa están como alternativa al cierre medidas más restrictivas. Entre ellas, el cierre de establecimientos hosteleros, similares a los de La Rioja, que clausura estos establecimientos en Logroño y Arnedo, o una limitación horaria muy por debajo de la que establece el toque de queda.

Comunidades como Asturias o Euskadi han apostado ya por el cierre perimetral de sus territorios con el objetivo de frenar la llegada de personas de otras autonomías de cara al puente. La Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con una alta movilidad entre ellas y una incidencia del virus preocupante, lo harán este miércoles. El debate entre las tres no parece que vaya a ser sencillo.