Cuando los contagios de COVID volvieron a repuntar en Madrid a finales del verano, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, señaló el “modo de vida que tiene nuestra inmigración” como posible causa. Entonces no se sospechaba que iba a haber un adelanto electoral, pero incluso si fuese ahora, la frase le pasaría poca factura en las urnas: el millón de extranjeros empadronados en Madrid (el 15% de los residentes) no votan en las elecciones autonómicas. Con una excepción: sí pueden participar los nacionalizados, españoles a todos los efectos, en teoría.
“A nivel jurídico eres igual, pero a nivel social, aunque caminas por la calle con tu DNI, por tu fenotipo te siguen considerando un emigrante”, señala Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui, defensora de los derechos del colectivo. Ecuatoriano con más de dos décadas en España y naturalizado, su asociación “y otras 15” se están organizando para impulsar el voto de en estos comicios. “Sigue siendo minoritario, pero en la medida en que lo hagamos, los partidos nos van a tomar en cuenta. A mí me encanta cuando salen los mayores a votar. Y ellos, en ocasiones, determinan gobiernos”, compara.
Desde la convocatoria de elecciones, la cuestión migratoria ha salido a la palestra por la inclusión de Serigne Mbayé, de origen senegalés, en los puestos de salida de Podemos, y el posterior exabrupto de Vox en las redes sociales amenazando con expulsarlo del país. Ayuso criticó, a su vez, que sea portavoz del sindicato de manteros. La extrema derecha mediática ha montado una campaña contra él, encabezada por Federico Jiménez Losantos. Cuando Mbayé mandó a su emisora, EsRadio, una carta acogiéndose a su derecho de manifestación el locutor le respondió con otra larga ristra de insultos.
“Llamamos a no utilizar la migración como una bandera a ultrajar y a no exacerbar un voto racista y xenófobo para sacar algunos votos. No le hace bien ni a España ni a la comunidad de Madrid, solo deja ver la baja calidad política de estos partidos”, dice Paspuel sobre Vox, mientras llama al PP a “reflexionar” y a “establecer un cordón sanitario [con la extrema derecha], como lo hace Alemania”.
Y eso antes de que Vox sacase su famoso cartel xenófobo contra los menores inmigrantes no acompañados en la estación de Metro y que la Fiscalía investiga por un presunto delito de odio.
El voto migrante no es uniforme, en opinión de Aziz Allaouzi, responsable en Madrid de la fundación Ibn Battuta, enfocada en la integración de los marroquíes, otro colectivo con un número importante de nacionalizados. “Conozco a gente que vota al PP, al PSOE y a Podemos”, cuenta. Recuerda, también, el caso de unos padres de Torrejón de Ardoz que optaron por Vox por su defensa de la familia tradicional, influenciados por la propaganda que circula por grupos de en WhatsApp. En todo caso, los españoles de origen marroquí no son un bloque, opina. “El concepto de ciudadanía marroquí está en construcción. Marruecos está formado por diferentes grupos y no hay una interacción sólida entre nosotros mismos, entre la gente del norte y del sur. A nivel político necesitamos mucho trabajo. Y eso se ejerce con la democracia”, reflexiona.
“Los extremos no hacen bien a nadie. Nosotros tuvimos una dictadura de izquierdas y vosotros, una de derechas, pero ninguno de los dos países se benefició, lo pasaron muy mal. Yo a Vox lo veo en el extremo”, entiende Ica Tomi, presidenta de la Asociación Hispano-Rumana Salva, que desearía que España dejase de exigir la renuncia a la nacionalidad de origen en los trámites de naturalización (solo permite conservarla cuando existe convenio de doble nacionalidad, caso de los países latinoamericanos). “Llevamos años y años pidiéndolo”. A Tomi tampoco le consta una tendencia política predominante entre quienes sí acceden al pasaporte español.
Un subconjunto de nuevos españoles que parece optar decididamente por la derecha es el de los venezolanos con posibles, con los que trata a menudo Alexandre Rangel, director del grupo SiEspaña, que se dedica a gestionar permisos de residencia y nacionalidades a través del trámite de la residencia no lucrativa (que implica demostrar ahorros para mantenerse, pagar un seguro privado y no trabajar) o a quienes dediquen un mínimo de 500.000 euros a inversiones en el país. “Están muy en contra de todo lo que tenga que ver, o a sus oídos le parezca que tenga que ver, con comunismo o socialismo. El voto de estas personas, independientemente de su estatus social, va a ir sin duda para Ayuso”, prevé Rangel, por cuyo despacho pasan unas 20 familias a la semana, la mayoría venezolanas, mexicanas o colombianas.
Vladimir Paspuel juzga vital que la participación aumente, se vote a quien se vote. “Tenemos que motivarnos”, insiste. Algunos gestos le parecen esperanzadores, como ver a la gente publicar en sus redes sociales sus fotos el día de las elecciones. “Poco a poco vamos teniendo conciencia de pertenencia”, apunta, aunque insiste en que la integración tiene que ser bidireccional y deja en el aire una reflexión: “Yo lucho y trabajo por esta sociedad y remo en la dirección de sacar adelante esta autonomía y mi país. Pero y tú, ¿cuánto me consideras de tu familia?”.
Ecuatorianos y colombianos, a la cabeza en nacionalizaciones
El número de españoles de origen extranjero es una cifra de determinar en España, un país que ha sido hasta relativamente poco homogéneo en términos demográficos y en el que en los censos no hay los enrevesados formularios con casillas para marcar etnia ni procedencia, objeto de debate federal en lugares históricamente más diversos, como EE UU. Una cifra de referencia aproximada para Madrid es la de concesiones de nacionalidad por residencia. Entre el año 2000 y 2019 fueron 412.893, según el Informe de Población Extranjera Empadronada de la Comunidad de Madrid de 2020, del que habría que descontar a menores de edad y fallecidos, entre otros ajustes. Más hacia atrás, las cifras se van reduciendo. En 1995 solo se habían nacionalizado de este modo en todo el estado 6.756 personas.
Por nacionalidad de origen, los ecuatorianos son claramente mayoritarios, con 104.595 residentes con DNI en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2019, según datos de la Dirección de los Registros y del Notariado, seguidos de colombianos (54.308), peruanos (48.393) y marroquíes (34.314). Los venezolanos siguen siendo relativamente pocos (9.792), pero es probable que la cifra aumente pronto, si los residentes legales lo solicitan al cumplir los dos años que se exigen a los latinoamericanos. En 2015, eran menos de 14.000; en enero de 2020, más de 60.000.
Destaca por abajo el caso de los rumanos, solo 2.692 nacionalizados desde 2000 pese a que son, con diferencia, los más numerosos en Madrid entre los extranjeros (187.000, el 18,2 por ciento). Influye que sea necesario renunciar a la nacionalidad de origen, la regla general en España cuando no hay un acuerdo en sentido contrario.
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