El presidente del tribunal del 'caso Malaya', José Godino, ponente de la polémica sentencia hecha pública el pasado 4 de octubre, renunció voluntariamente a juzgar al exalcalde Jesús Gil, así como a Julián Muñoz, Pedro Román y otros exediles del partido GIL, antes del inicio de la vista oral por el llamado 'caso camisetas', en marzo de 2000. Se trataba del caso por la publicidad irregular de Marbella que lució el Atlético de Madrid en sus camisetas.
Tal y como reflejan las hemerotecas, el magistrado, ahora conocido por enjuiciar la mayor trama de corrupción municipal habida en España, consiguió en el año 2000 con su renuncia que las acusaciones no alegaran en su contra motivos de falta de imparcialidad. Godino formaba parte entonces de la cúpula de la llamada 'Semana Jurídica', que subvencionaba el equipo de gobierno del GIL. A estas jornadas asistían miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de corte conservador.
Godino evitó así que la acusación particular, que representaba el PSOE, liderado por Isabel García Marcos —ahora condenada en 'Malaya'— consumara la recusación contra él, tal y como había anunciado el abogado José Carlos Aguilera. A dicha acción pretendía sumarse la Fiscalía Anticorrupción, representada en aquella ocasión por el fiscal Carlos Castresana.
De aquel gobierno municipal 'gilista' de la legislatura 1991-1995 y del gobierno de la legislatura 1995-1999, que subvencionaron los eventos organizados por Godino, formaron parte como concejales Julián Muñoz y Pedro Román, además de Marisol Yagüe, excaldesa de Marbella también condenada ahora. Todos ellos se suman a los que ahora no ha renunciado a juzgar el presidente del tribunal de 'Malaya'.
A diferencia de lo que ocurrió en 2000, ninguna de las acusaciones personadas había anunciado recusación alguna contra dicho magistrado al inicio de la vista oral, en septiembre de 2010.
Desde 1997 dejó de haber presencia institucional de autoridades judiciales malagueñas en estos cursos. También dejaron de acudir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A pesar de ello, Godino continuó al frente de la comisión organizadora de dichas jornadas jurídicas, auspiciadas bajo el patrocinio municipal marbellí del partido GIL.
Agasajados con caviar iraní
Las jornadas que organizaba Godino en Marbella, como vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la 'Semana Jurídica', habían comenzado en 1988. Gil llegó a la Alcaldía en 1991 e impulsó con importantes partidas presupuestarias dicho evento, copado por la APM. Asistieron, entre otros, José Luis Manzanares, Margarita Mariscal de Gante y el entonces presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas. Este último agradeció por carta, dirigida a Jesús Gil y en nombre de su asociación, “la favorable acogida de la Corporación Municipal”.
Cabe destacar que en abril de 1992 el exalcalde marbellí subvencionó, con cerca de cinco millones de las antiguas pesetas, la estancia en la ciudad durante tres días de 60 magistrados. Entre ellos había presidentes de Salas de Gobierno de distintos tribunales de la geografía española.
Hubo diversas facturas derivadas de las comidas celebradas por los jueces que se convirtieron en escandalosas cuando vieron la luz en los medios de comunicación. Se trataba de estancias y cenas en lujosos hoteles. No faltaron el vodka ruso, las cigalas a la parrilla y el caviar iraní, entre otras exquisiteces.
Entre las frases más habituales que el entonces alcalde Jesús Gil dirigía a los magistrados en cada inauguración anual, destacaba una, recibida entre aplausos: “Soy alcalde gracias a vosotros”.
De hecho, el también expresidente del Atlético de Madrid llegó a lamentar públicamente –y por escrito, en algunos comunicados municipales– la inclusión del magistrado Fernando González Zubieta en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, cuando Godino renunció a formar parte de dicho tribunal en 2000.
Los mayores insultos y descalificaciones de Gil y Gil hacia el sustituto de Godino se produjeron cuando González Zubieta se convirtió en el ponente de la sentencia condenatoria, por cuatro delitos de prevaricación, en la publicidad del Atlético de Madrid. La pena de inhabilitación, por 28 años, ratificada por el Supremo en 2002, acarreó la salida obligada del presidente rojiblanco de la Alcaldía de Marbella.