El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prohibido las manifestaciones que Vox había convocado en coche para el próximo sábado 23 de mayo en las cuatro capitales catalanas por constituir “un riesgo cierto de contagio” de la Covid-19 entre los participantes que luego éstos trasladarían a familiares, amigos y personas con las que trabajan, “contribuyendo con ello a incrementar la crisis sanitaria”.
“La celebración de la manifestación conllevaría una salida masiva de ciudadanos a lugares de tránsito público antes o después de subir a bordo de los vehículos, al margen del posible contacto con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tendrían que controlarla y de otras personas presentes en unas calles céntricas, un sábado y en horas de máxima afluencia”, dicen las citadas resoluciones, a las que ha tenido acceso eldiario.es.
En el caso de Barcelona, Interior se refiere a que el horario de la manifestación comunicado por Vox, entre las 11:00 y l5:00, coincide con el periodo en el que está autorizado el ejercicio físico en la vía pública. Vox, que decía en su comunicación que tenía previsto sacar a la calle “unos 200 vehículos”, ya ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las prohibiciones. Para Interior, el convocante “no ofrece específicas garantías de seguridad sanitarias, limitándose a afirmar que al realizarse la manifestación en vehículos cerrados y motos y bicicletas que guardarán la debida distancia, no habrá riesgo de contagio”.
Las resoluciones del ministro, firmadas el pasado viernes, incluyen las valoraciones de las policías locales de las cuatro ciudades. Las de Girona y Tarragona advierten de que el itinerario comunicado coincide con calles cerradas al tráfico rodado en la actual situación; la de Lleida dice que no hay problema con el recorrido, si bien no se pronuncia sobre los riesgos para la salud; y la Guardia Urbana de Barcelona desaconseja abiertamente la celebración de la protesta.
“En las circunstancias actuales, es un hecho notorio que es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse entre sus círculos de amistad, profesionales y familiares, incrementando de esta manera la crisis sanitaria por más que se adopten medidas de seguridad”, asegura el Intendent major de la División de Coordinación de la Guardia Urbana de Barcelona.
Grande-Marlaska afirma que el derecho de reunión y manifestación no ha quedado suspendido por el estado de alarma sino que el Real Decreto únicamente “se ha limitado a establecer determinadas restricciones que afectan principalmente a la libre circulación (artículo 19 de la Constitución) por estrictas razones de salud pública, sin perjuicio de que tales restricciones deban ser valoradas por la autoridad gubernativa (autonómica)”. De este modo, el ministro del Interior insiste en su posición ante una manifestación del 1 de mayo en Barcelona, que también prohibió reprochando a la Generalitat que no hubiera ejercido sus competencias.
Los escritos del ministro del Interior, de más de 20 páginas, recuperan el auto del Tribunal Constitucional del pasado 30 de abril por el se inadmitió el recurso de amparo de la Central Unitaria de Taballadores/as contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia Gallego. En este auto, el Constitucional concluye que la limitación del derecho de reunión y manifestación tiene una finalidad que cuenta con cobertura constitucional en los artículos de garantía de la integridad física y protección de la salud.
Choque con la Generalitat
En las cuatro resoluciones, Grande-Marlaska acusa de “inacción” a la Generalitat por haberse escudado en el Real Decreto del Estado de Alarma y no pronunciarse sobre la convocatoria del partido de extrema derecha, una decisión del Govern que ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un auto recurrido por la Administración central a través de la Abogacía del Estado. El Gobierno central alega que el estado de alarma no ha retirado a la Generalitat sus competencias para pronunciarse sobre los derechos de reunión o manifestación al tener transferidas las competencias en materia de seguridad ciudadana.
La decisión de la Generalitat y la resolución del Tribunal Superior de Catalunya han obligado a pronunciarse al ministro del Interior cuando en otras comunidades autónomas serán las delegaciones del Gobierno las que decidan sobre las convocatorias de Vox. El pasado sábado se conoció que la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha prohibido igualmente las manifestaciones de Vox en esa comunidad autónoma. Otras, como Madrid, decidirán a lo largo de esta semana.