El Supremo decide con Marta Rovira dónde pone ahora el listón de la prisión preventiva por el 1-O
Desde que se inició la causa penal contra los líderes del procés, Marta Rovira ha experimentado un auge como posible candidata a la presidencia de la Generalitat en ausencia de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Pero esa posibilidad se ha ido desvaneciendo a la par que la investigación de la Guardia Civil le daba un papel más relevante en el diseño y ejecución de los planes para celebrar el referéndum y proclamar la independencia. Entre informes policiales y negociaciones partidistas, Rovira ha ido desapareciendo de las quinielas -y los titulares- en favor de otros nombres.
Otra de las mujeres presentes en esas quinielas durante los últimas semanas ha sido Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Ambas comparecerán este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que las ha citado como imputadas en la causa por rebelión que instruye. La Guardia Civil incluyó a ambas dentro del supuesto Comité Estratégico formado para controlar los pasos de un plan “para la creación de un estado soberano”.
Rovira, número dos de ERC en las últimas elecciones, comparece después de que la Guardia Civil haya reunido nuevos indicios contra ella en su último informe. Los agentes la sitúan en reuniones con Junqueras y Josep María Jové, su número dos, desde principios de 2015. Ya en julio de ese año, los agentes señalan que Rovira participa en una reunión en la que se concretan las cuatro etapas del proceso independentista: “preparar estado, reconocimiento internacional, estructuras de estado y medidas sectoriales”.
En el caso de que la Fiscalía o Vox soliciten medidas cautelares contra Rovira o Pascal tras sus declaraciones, el juez Llarena deberá adoptar una decisión al respecto. Los investigadores sitúan a Rovira en un triángulo de poder para la celebración del referéndum ilegal, pero para que el juez adopte cualquier medida -las más grave es la prisión- deben concurrir, además, al menos uno de los preceptos que contempla la ley: destrucción de pruebas, riesgo de fuga o posible reiteración delictiva. Esta última es la que mantiene en la cárcel al jefe Junqueras, Forn y los 'Jordis'.
Para valorar el riesgo de reiteración delictiva, Llarena puede preguntar a Rovira sobre sus planes políticos y los de su formación. Antes de que acabe la semana, habrán comparecido ante Llarena el expresident Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. También está citada el miércoles la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza y no ha aclarado si acudirá a declarar. Aunque ésta última tiene el referente de su compañera Mireia Boya, en libertad sin medidas cautelares tras declarar el miércoles, la decisión que adopte Llarena respecto a Rovira marcará el camino con Mas y otros presuntos miembros de la dirección del procés.
Jové rendía cuentas a Rovira
En el epicentro de la investigación se sitúa Josep María Jové. A él se le incautaron el documento Enfocats, que el juez considera la hoja de ruta del proceso soberanista, y una agenda manuscrita que, según Llarena, contiene anotaciones que confirman que confirman el carácter de guión de Enfocats a través de las reuniones y conversaciones que recoge.
Gracias a esa agenda, los agentes sitúan a Rovira en más reuniones “sobre la hoja de ruta”, las leyes de desconexión o el cargo a los presupuestos de la Generalitat. Según se acercaba el referéndum, el papel de Rovira fue ganando peso. Según el informe, las intervenciones telefónicas demuestran que Jové dio cuenta de su actividad y recibió instrucciones de la cúpula de ERC, especialmente, de Marta Rovira.
La Guardia Civil también relaciona a Rovira con las tareas para conseguir la colaboración de los alcaldes para el 1-O. Fue ella quien el 4 de septiembre convocó a Jové a una reunión para “tratar el tema de los alcaldes”. En otras llamadas, Jové hace referencias a que se está coordinando con Rovira y Junqueras. Esas intervenciones y las anotaciones de Jové llevan a la Guardia Civil a concluir que este “fue el cerebro de la logística del referéndum, pero recibiendo órdenes y despachando asuntos directamente con Marta Rovira y Oriol Junqueras”.
Se espera que la defensa de Rovira ante el juez se mueva en los mismos términos que la de Junqueras, con un alegato en favor de la no violencia, del carácter pacífico de las movilizaciones investigadas en la causa. Es previsible que, como hizo el líder de ERC, muestre su acatamiento al artículo 155 por el hecho de haber concurrido a las elecciones del 21D.
Tras Rovira será el turno de Pascal, que apenas aparece mencionada en un par de ocasiones en el último informe de la Guardia Civil sin mayor trascendencia. Sin embargo, el instituto armado ha incluido a la coordinadora general de PDeCAT entre los integrantes del Comité Estratégico que “diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron” los planes para la independencia.
Pascal habla de DUI sin consecuencias
Pascal ha dejado algunas trazas de cómo será su línea de defensa ante el Supremo. En una entrevista en La Vanguardia, apostó por “un Govern estable dentro de la legalidad” y aseguró que ella había apostado por la celebración de las elecciones en lugar de por la Declaración Unilateral de Independencia. Participó en su votación, aunque matiza sus efectos: “Fue una declaración de intenciones sobre cómo algunos creemos que tiene que ser el futuro político, pero quedó claro que al día siguiente no había un estado independiente. Fue un acto simbólico sin consecuencias juridicolegales”.
Todos fueron citados tras ese documento de la Guardia Civil entregado al juez Llarena. Antes que ellos se sentó frente al juez del Supremo Mireia Boya, diputada de la CUP, y la primera de los investigados en señalar que Declaración Unilateral de Independencia del pasado fue real porque “el mandato de sus bases” obligaba a que no fuese cosmética.
