Pujalte se contrató a sí mismo en su consultora para cobrar comisiones de hasta el 85% por los clientes que lograba

El exdiputado Vicente Martínez Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI, se contrató a sí mismo en su mercantil para facturar a su favor, y no al de la sociedad, los contratos que conseguía y que la Fiscalía de Valladolid considera fruto de “trabajos simulados”. Tanto Martínez Pujalte como la que era su socia hasta 2011, la entonces senadora Ana Torme, percibían un sueldo fijo de Sirga. Sin embargo, el contrato de 15.000 euros que Martínez Pujalte cerró con la constructora Corporación Llorente (supuesta beneficiada en la conocida como trama eólica) antes de constituir la sociedad mercantil, los cobró íntegramente él.

Fue esa la razón por la que en una Junta de Accionistas de noviembre de 2008 de Sirga se acordó que Martínez Pujalte prestase además, “servicios profesionales por cuenta propia” y que las cantidades serían variables en función de la complejidad del trabajo y lo que pagase cada cliente, si bien no podría cobrar más del 85% de cada factura. Este es uno de los motivos que esgrime Ana Torme, también investigada en este caso, para justificar que desconocía los manejos de quien fue su “socio y amigo”.

Torme desgrana su paso por la consultora Sirga en un escrito que presentó en junio de 2015 a la Fiscalía de Valladolid, y en el que denuncia que fue engañada por Martínez Pujalte, Javier Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero. En él dudaba de la veracidad de las facturas que estos habían emitido. A lo largo de 14 páginas explica que tuvo una relación de amistad con Martínez Pujalte y que aceptó montar una sociedad con él que desde luego no estaba pensada para ser una consultora.

Una firma para gestionar derechos de autor de músicos

Según explica Torme en el escrito en el que se presenta como “denunciante/perjudicada”, la idea con la que nace Sirga era “la representación y gestión de los derechos de autor de un grupo de músicos amigos suyos” a los que llegó a conocer. Pero además, Martínez Pujalte le propuso incluir la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento fiscal y planificación estratégica. Mientras él asumió el papel de presidente, Torme fue la secretaria responsable de “tareas burocráticas y de gestión”.

Tanto es así, que “el trabajo de captación de clientes fue asumido íntegramente por Vicente [Martínez Pujalte]”. “Mi capacidad en ese ámbito era muy limitada, si no nula”, se exculpa la exsenadora.

Torme se desentiende de los trabajos iniciales, el primero para la Confederación de Empresarios de Badajoz, porque asegura que no se reunió con nadie ni conoció a sus representantes. El siguiente fue el que hizo que la trama apareciera en los medios de comunicación: la asesoría a la constructora de Valladolid Corporación Llorente (Grupo Collosa), que aparece en la trama eólica por haber obtenido licencias para parques y que también contrató años antes los servicios de Estudios Labor, de Federico Trillo, otro de los cargos populares investigados. “Martínez Pujalte me comunicó en noviembre de 2008 que un nuevo consejero delegado le había fichado como asesor y que facturaría con la sociedad mercantil los servicios de consultoría y asesoramiento que iba a realizar personal y exclusivamente él y a cobrar para sí mismo”.

Torme sostiene en la denuncia que conocía la empresa porque ella es de Valladolid, pero que no tuvo nunca relación de ningún tipo con ella ni con sus responsables. “Desde luego [Martínez Pujalte] no me dijo que ese trabajo lo desempeñaba anteriormente otro ex diputado del PP, Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa [tras salir a la luz el escándalo de la trama eólica] y ha reconocido él mismo públicamente”, relata.

Pero además, según la exsocia de Martínez Pujalte, nunca supo que el contrato había empezado antes de constituirse la sociedad. Mientras su socio seguía haciendo trabajos por su cuenta ella continuaba “con el proyecto de la música”. Pero Torme sí que participó en uno de los pocos encargos que vieron la luz y sin facturas dudosas, un libro de la editorial Aranzadi, Pasado, presente y futuro de las Cajas de Ahorro, en el que elaboraron capítulos el ministro de Economía, Luis de Guindos, el exministro de Administraciones Públicas y portavoz económico del PSOE Jordi Sevilla o el propio Martínez Pujalte, entre otros.

Mientras Torme coordinaba el libro, su “compañero de escaño, amigo y socio”, siguió captando clientes. La exsenadora que es licenciada en Geografía e Historia “difícilmente podría participar”. Para algunos trabajos, Martínez Pujalte subcontrató a Miguel Marín Cozar (director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004), y siguió asesorando a Corporación Llorente.

A la constructora se sumaron Marcenado Economistas (uno de los dos socios era Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001) y Mind Selection. En 2001 se amplió esa labor profesional “realizada personalmente por él”, y es cuando aparecen Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna, y Karistia, la de Gustavo de Arístegui.

En su relato de los hechos, Ana Torme da a conocer sus retribuciones, la mitad o la tercera parte de las que cobraba Martínez Pujalte, que era “quien realmente captaba los clientes, hacía los trabajos, y llevaba el peso de la empresa”, por ello facturaba como profesional a Sirga.  Es decir, que se contrataba a sí mismo, además de percibir el sueldo como director de la firma.

En 2011, Torme abandonó el proyecto y no volvió a saber nada de la mercantil hasta que saltó el escándalo de la trama eólica y los pagos de una de las constructoras beneficiadas a Sirga. Tras dar explicaciones a la prensa y a compañeros de partido, acabó por pedirle a su exsocio que aclarase que no había participado en la asesoría al Grupo Collosa.

“Sin embargo esto no se produjo. Mi exsocio seguía dando a entender que era la empresa y no él la que obtenía a los clientes y hacía los trabajos, no sólo no aclarando estos hechos, sino alimentando la posible interpretación de que yo había participado tanto en los encargos de Corporación Llorente como de los beneficios”, apunta a la Fiscalía.

Conocidos y cargos del PP entre los clientes

Tome recurrió entonces a un abogado y a Internet, donde descubrió que algunos clientes de Sirga “eran miembros del Partido Popular” a los que ella conocía “desde hacía años”, como es el caso de Gustavo de Arístegui y Gómez de la Serna. “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, asegura.

Pero además, subraya que “lo verdaderamente trascendente” es que “disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada” tres personas de su partido (el PP), y dos “muy próximas” a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apunta directamente a los dos ya mencionados (De Aristegui y Gómez de la Serna) y al exdiputado Alejandro Ballestero. Torme sostiene también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas “se convierte en algo con apariencia irregular”.

Además apunta otros datos interesantes, como el hecho de que muchas de las mercantiles que trabajaron con Sirga se constituyeron en las mismas fechas, que “no pocos de los administradores” a los que pagaba Sirga o de los que recibía pagos “tienen a sus administradores, consejeros o familiares vinculados a los mismos en otras mercantiles, sometidos a escándalos de corrupción referidos a políticos del Partido Popular”.

Cita a Mind Selection, cuyo administrador es el exdiputado Alejandro Ballestero pero que anteriormente gestionó Ana María Córdoba,“ también del PP e imputada en el caso Poniente (El Ejido). Sobre Marcenado Economistas, Torme recuerda que el administrador es Juan Antonio Mora, ”que también lo es de  Ecogesma SL y consejero de Paeco Gestión“ y que aparece en el caso Unión (Operación Jamble). ”La primera vinculada a la destrucción de documentos Gürtel y la segunda a una trama de adjudicaciones irregulares por ayuntamientos“. También cita a la empresa Transport Systems SA, cuyo administrador, José Gonzalo Gil de Acosta aparece en el caso Unión.

Torme presentó el escrito a Fiscalía “ante la certeza de que había sido engañada” y después de que Vicente Martínez Pujalte, lejos de exonerarla “presumiese de un ánimo espurio en sus intenciones” cada vez que compareció ante la prensa. “No soy quien para juzgar ni para acusar. Solamente debo relatar los hechos y otros deben decidir sobre ellos”, dice Torme, quien además asume “el dolor de señalar” a quienes han sido cercanos a ella y hasta “el mal trago” de someterse al escrutinio de terceras personas e incluso de la opinión pública“.

A pesar de sus argumentos y del extenso escrito, nueve meses después, Ana Torme está imputada. Igual que la mayoría de los que hicieron negocios con Sirga.