El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene hasta el próximo lunes por la mañana para decidir si las declaraciones de los ocho exconsellers y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han constituido “una fórmula retórica” para intentar salir de la cárcel o, por el contrario, se ha producido en ellas un sincero acatamiento del “marco constitucional” por parte de los investigados.
Para la Fiscalía no hay dudas: los pronunciamientos escuchados en el Tribunal Supremo este viernes no garantizan que los diez imputados vayan a actuar en el futuro dentro de los límites que marca la Constitución. En un comunicado, la Fiscalía ha señalado que el acatamiento del 155 por parte de los exconsellers “no ha implicado el reconocimiento de ningún cambio”.
Asimismo, la Fiscalía se ha referido al “plan preconcebido” de huida del expresident Puigdemont y los cuatro exconsellers “prófugos” que permanecen en Bélgica como uno de los riesgos de sustracción de la Justicia de los exconsellers que han declarado ante el Supremo, junto a los 30 años de cárcel a los que se enfrentan, como máximo, si son condenados por rebelión.
El ministerio público también ha considerado que persiste el riesgo de destrucción de pruebas por “el incidente” del pasado 26 de octubre, un día antes de la DUI, cuando la Policía Nacional impidió a los Mossos quemar documentación en una incineradora.
“En las expresiones referidas a la Constitución como amplia y flexible no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente”, ha abundado la Fiscalía. Por eso ha solicitado que todos permanezcan en prisión mientras siga existiendo ese riesgo de reiteración delictiva.
Fuentes jurídicas al tanto del contenido de las declaraciones introducen importantes diferencias entre unas declaraciones y otras. En el caso del exconseller de Interior Joaquim Forn y del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, la renuncia a salirse de las lindes de la Norma Fundamental en el futuro ha sido claro.
Forn, según las mismas fuentes, se explayó en sus explicaciones. Sánchez, por su parte, utilizó la expresión “marco constitucional” para trasladar al juez Llarena el ámbito en el que se iba a mover su actividad política ahora y después del 21 de diciembre. Sánchez es el número dos de Junts per Catalunya, la lista de Carles Puigdemont en las próximas elecciones autonómicas.
También se han extendido en su relato Meritxell Borràs y Dolors Bassa, las únicas que han contestado a la acusación popular que ejerce el partido ultra Vox. Frente a los gestos de negación de la abogada de Bassa, ha intervenido el propio juez Llarena, quien ha expresado que la exconsellera tiene una trayectoria política acreditada como para decidir si respondía o no.
Borràs ha explicado que quiere volver a su profesión de farmacéutica, al tiempo que hacía autocrítica por los hechos investigados. En este sentido, y según Europa Press, la exconsellera ha admitido que se ha tenido cierta “manga ancha” en ciertos debates relacionados con el proceso de desconexión.
En una situación distinta se encuentran el exconseller de Economia, Oriol Junqueras, y el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, que se negaron a contestar a las preguntas de la Fiscalía y, por tanto, evitaron las explicaciones que podrían haber salido de ese interrogatorio, que el ministerio público orientaba a conocer con el mayor detalle su posición para el futuro.
“Diálogo, negociación y vías pacíficas”
Fuentes de las defensas han explicado que los exconsellers han acatado de viva voz la aplicación del 155 y han aducido que aceptan el marco constitucional al ser candidatos a las elecciones del 21D en las listas de JxCat y ERC presentadas ante la Junta Electoral Central.
Los dirigentes catalanes han intentado convencer a Llarena de que renuncian a la vía unilateral comprometiéndose a canalizar su actuación política a través del diálogo, la negociación y “de manera pacífica” si son elegidos el 21D, según estas fuentes, en línea con el contenido de los escritos que presentaron para declarar ante el Supremo.
Asimismo, las defensas han destacado que el juez Pablo Llarena se ha mostrado amable y ha limitado las declaraciones al intento de los exconsellers para negar los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas por los que la magistrada Carmen Lamela les mandó a la cárcel.
En este sentido, el magistrado ha impedido explicarse sobre las acusaciones de fondo por rebelión, sedición y malversación a la exconsellera Borràs, que ha acudido al Supremo caminando con muletas porque en la cárcel ha sufrido un esguince en el pie. Llarena también ha cortado al exconseller Rull tras una larga aseveración del extitular de Territorio en la que ha argumentado que ley de transparencia catalana impide la destrucción de pruebas.