Los dos contratos de mayor importe firmados por el Ayuntamiento de Madrid para adquirir material sanitario en el momento más letal de la pandemia fueron cerrados con la participación de “un familiar” del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La Fiscalía Anticorrupción asegura en su querella que Luis Medina Abascal se sirvió de su fama y de “su amistad” con este pariente del alcalde para “contactar” con el Ayuntamiento de Madrid en un momento en que todas las administraciones buscaban desesperadamente material sanitario con el que proteger a su personal. El fiscal, sin embargo, descarta indicios de delito en la conducta de cualquier miembro de la administración local o del familiar del alcalde, identificado por fuentes municipales fuera del escrito de Anticorrupción como Carlos Martínez-Almeida, abogado, primo hermano del regidor y acompañante de este en vacaciones y jornadas de ocio.
La querella va dirigida exclusivamente contra el citado Luis Ramón Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, y contra otro supuesto empresario, Alberto Javier Luceño Cerón, amigo del primero en aquel momento. Ambos están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según el relato que hace Anticorrupción, los dos empresarios inflaron presuntamente el precio de mascarillas, guantes y test de anticuerpos en hasta un 426%, de acuerdo con una empresa de Malasia, con el objeto de repartirse seis millones de euros en comisiones, según adelantó hace una semana elDiario.es. Para ello falsificaron contratos y se apresuraron después a gastar en artículos de lujo el dinero con el fin de distraer su origen fraudulento.
Antes de eso, no hubo delito, según la Fiscalía, que apenas se detiene en cómo llegaron los dos presuntos estafadores hasta la alto cargo del Ayuntamiento que seleccionaba a los proveedores y adjudicaba millones de euros a través de la empresa pública funeraria, único ente del Consistorio con capacidad para adelantar dinero y poder agilizar los pagos en una situación tan dramática. “La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, dice el relato del fiscal, que a continuación opta por el pronombre reflexivo para añadir: “Inmediatamente se le facilitó el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal”.
Sea quien sea la persona que se esconde tras ese “se le facilitó”, si es el primo de Martínez-Almeida o alguien del Ayuntamiento, su participación no reviste indicios de delito para Anticorrupción, que tampoco menciona en su escrito cualquier eventual participación del alcalde en las comisiones que se investigan.
Cuando los titulares sobre la denuncia de Anticorrupción y la mediación de su familiar empezaron a copar titulares, Martínez-Almeida ofreció su propia versión de los hechos: “El familiar mío no conocía a Luis Medina, le contacta una conocida común porque Luis Medina tenía interés en contactar con el Ayuntamiento”. El relato del regidor choca con el de la Fiscalía Anticorrupción, que en el escrito que ha enviado a los juzgados afirma que el familiar de Almeida y el querellado Luis Medina tenían una relación de “amistad”.
En cualquier caso, el contenido de la querella sirvió a Martínez-Almeida para anunciar que el Ayuntamiento se va a personar como perjudicado si un juez admite la denuncia a trámite. Fuentes fiscales confirmaron a elDiario.es que Anticorrupción propondrá al juez que ofrezca tal personación al Consistorio como “víctima” de una estafa y que así tenga opción de recuperar los millones de dinero público que se llevaron los dos querellados.
El hecho de que el primo del alcalde mediara para que los presuntos estafadores llegaran hasta el contacto adecuado en el Ayuntamiento supone “un hecho gravísimo” por el que Más Madrid pidió la dimisión de Martínez-Almeida, según expresó su portavoz en el Consistorio, Rita Maestre. El PSOE, por su parte, exigió al nuevo presidente del PP, Alberto Núñéz-Feijóo, que “depure responsabilidades políticas”, requirió Mar Espinar, la portavoz de los socialistas en Madrid. Los ‘carmenistas’ de Recupera Madrid propusieron que todos los grupos apoyen una moción de censura de forma inmediata y que Begoña Villacís, de Ciudadanos, encabece un “gobierno de transición” hasta las próximas elecciones. La líder de Ciudadanos evitó cualquier aparición pública durante la tarde del miércoles.
Según Martínez-Almeida, alguien del Ayuntamiento de Madrid que tampoco especifica se limitó a proporcionarle a Luis Medina la dirección de correo electrónico que estaba a disposición de todo aquel que ofrecía material sanitario al Consistorio aquellos días de cientos de muertes diarias en toda España. Tampoco esto coincide con el escrito de Anticorrupción y con lo que la coordinadora general de Presupuestos declaró en noviembre ante el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol. Esta aseguró que no recordaba quién le había puesto en contacto con Medina pero que habló con él en tres o cuatro ocasiones por teléfono, antes de continuar ya las gestiones con el otro presunto estafador, Alberto Luceño. Según fuentes conocedoras de esa declaración, el fiscal Luis Rodríguez Sol trasladó a la testigo, ya en noviembre de 2020, recién iniciadas las diligencias de investigación que no apreciaba indicios de delito por parte del Ayuntamiento de Madrid o sus representantes.
De acuerdo con la versión del alcalde, ni su fama, ni la amistad con su primo supusieron un privilegio para Luis Medina a la hora de contactar telefónicamente con la persona que desempeñaba la gestión más delicada en aquellos dramáticos momentos, en contra de lo que recoge la querella de Anticorrupción. El alcalde, en una intervención ante varios medios, admitió que también él había hablado una vez con Luis Medina por teléfono para agradecerle la donación de 183.000 mascarillas al Consistorio, un dato desconocido hasta este momento y que el alcalde decidió desvelar en la breve comparecencia de este miércoles. También reconoció Almeida que contactó con otros donantes para transmitirle su agradecimiento a través de correos electrónicos.
Ninguno de estos extremos había sido hecho público por el alcalde durante los 16 meses transcurridos desde el inicio de las diligencias de investigación de Anticorrupción, ni en su comparecencia ante los medios en Sevilla el pasado viernes, horas después de que elDiario.es desvelara la existencia de las pesquisas. En aquel momento se limitó a situar al Ayuntamiento como perjudicado, a señalar que una persona del Consistorio había declarado como testigo y a confirmar los principales extremos de la exclusiva de este medio.
Este miércoles el alcalde aseguró incluso que los distintos grupos parlamentarios conocían, a través de su presencia en el Consejo de Administración de la Funeraria, que había una investigación de Anticorrupción desde que declaró en noviembre de 2020 la alto cargo del Ayuntamiento. Los grupos, sin embargo, niegan tajantemente que conocieran una investigación que descubrieron cuando elDiario.es publicó el pasado viernes su existencia y revelase los detalles de la misma. El Ayuntamiento también se escuda en que los contratos fueron validados por los partidos políticos y su representación en el consejo de administración de la Funeraria municipal, si bien estos matizan que las exigencias del momento redujeron aquella fiscalización a una suerte de visado automático.
Anticorrupción insiste en su querella en el papel de víctima del Consistorio madrileño. “Los precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora”, recoge la querella de Luis Rodríguez Sol.
Seis millones de euros de dinero público salidos de las partidas destinadas a hacer frente a la emergencia sirvieron a estos empresarios para comprar más de una docena de coches de superlujo –entre ellos, dos Aston Martin, un Lamborghini y un Porsche–, un yate de 13 metros de eslora, una vivienda en el municipio más rico de España y relojes de la marca Rolex. Esas compras son las que Anticorrupción denuncia como un mecanismo para blanquear el botín salido de los presupuestos para material sanitario.