El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta que la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, a la que están recurriendo las comunidades autónomas que quieren mantener restricciones a la vida social tras decaer el estado de alarma, no ampara los toques de queda que están proponiendo algunas autonomías para contener los contagios.
No obstante, Campo ha asegurado que está “esperando” a que se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo tras la aprobación del nuevo recurso de casación con el que el Gobierno pretende “uniformar doctrina” ante las “posturas divergentes” de los tribunales autonómicos sobre si las leyes ordinarias amparan medidas de aplicación general e indiscriminada a la ciudadanía como cierres perimetrales o toques de queda. Canarias ya ha anunciado que recurrirá al Alto Tribunal tras el veto al toque de queda en las islas, una medida aprobada por los jueces en Baleares y la Comunitat Valenciana.
En este sentido, el titular de Justicia ha afirmado que el “cauce” para impedir a los ciudadanos salir de casa en determinadas franjas horarias —lo que supone el toque de queda— es el estado de alarma, si bien ha reiterado en varias ocasiones que ese instrumento ya no es necesario a nivel estatal porque la situación epidemiológica ha mejorado aunque sí está a disposición de las comunidades autónomas, a las que ha animado a solicitarlo si lo consideran oportuno. “Si entienden que el toque de queda es la solución, que lo pidan al Gobierno”, ha reiterado.
Además, el ministro ha matizado el contenido de la tribuna que ha publicado este lunes en El País, en la que abría la posibilidad de “realizar cambios legales adicionales” para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si “se desprende la necesidad” de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país. “El Gobierno no está preparando ninguna norma. El ordenamiento jurídico es amplio y completo para abordar esta situación”, ha afirmado Campo, que ha recordado la existencia de un “arsenal normativo” que permite tomar la decisión que cada comunidad considere pertinente para afrontar la expansión del virus. Así, ha explicado que no tiene “ningún problema” en “revisar todo”, esgrimiendo que todo es susceptible de mejora, si bien ha recalcado que “ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo y, por tanto, el Gobierno no se plantea un cambio normativo”.
Cambios de criterio
Las declaraciones que este lunes ha formulado Campo sobre el toque de queda chocan con lo que venía defendiendo el Gobierno en los últimos días, cuyo argumento general ha sido que la legislación ordinaria bastaba para imponer restricciones. “Los gobiernos autonómicos, con la legislación sanitaria de nuestro país en la mano, comunicando a la autoridad pertinente y pidiéndole permiso para determinadas situaciones, lo pueden hacer”, respondió la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en elDiario.es a la pregunta de si el toque de queda es posible sin estado de alarma.
Días antes, sin embargo, la vicepresidenta había admitido que la limitación de la movilidad, es decir, que los ciudadanos se queden en su casa aunque sea en horarios determinados sólo se podía llevar a cabo con esa medida excepcional. También el presidente, Pedro Sánchez, afirmó antes de que concluyera el estado de alarma que con su finalización decaerían algunas de las restricciones que afectan a los derechos fundamentales. “Lo que es evidente es que cuando estamos hablando de la restricción de los derechos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, el toque de queda, es evidente que se tiene que hacer bajo el amparo, a juicio del Gobierno, del estado de alarma”, dijo en una rueda de prensa en Andorra el pasado 21 de abril.
La semana pasada el Gobierno decidió impulsar un decreto ley que modificara la legislación para que las comunidades autónomas puedan recurrir al Tribunal Supremo en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben sus limitaciones. La idea es crear jurisprudencia al respecto. Sin embargo, en el Ejecutivo —así como en los gobiernos autonómicos— hay dudas de que el Alto Tribunal vaya a pronunciarse de manera favorable a los toques de queda.
Este mismo lunes, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha instado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a pedir el toque de queda. Preguntada por si se refería a que la comunidad solicite la declaración del estado de alarma en la región, se ha limitado a decir que ella defiende que se solicite el toque de queda tras un fin de semana en el que las calles se han llenado de botellones nocturnos.