Moncloa enfría el cambio de mayorías para renovar el Poder Judicial pese a la presión de Unidas Podemos

La nueva ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP, más allá de generar una crisis inédita en el tercer poder del Estado, deja a la justicia en una situación delicada y al Tribunal Supremo al borde del colapso. Con esos mimbres, Moncloa estudia las opciones que puedan aliviar la situación, aunque enfría el cambio de las mayorías necesarias para la elección del órgano de gobierno de los jueces como fórmula para salir del bloqueo, a pesar de la presión de Unidas Podemos. 

Pasada la resaca de la voladura por los aires de las conversaciones entre el Gobierno y el PP, pilotadas por Félix Bolaños y Esteban González Pons, las posiciones seguían siendo este miércoles las mismas que en la noche del jueves de la semana pasada, cuando Génova informó –también al Gobierno– de que suspendía las negociaciones. El PP exige que Pedro Sánchez renuncie a reformar el delito de sedición en el Código Penal, que es una propuesta que el Ejecutivo puso sobre la mesa hace años, mientras que el Gobierno exige a Alberto Núñez Feijóo que cumpla la Constitución permitiendo la renovación del órgano de gobierno de los jueces. 

Pero en el Gobierno son conscientes de la situación que atraviesa la justicia y por eso el propio Bolaños reconoció la semana pasada que están estudiando opciones para paliar los efectos del bloqueo. En Moncloa miden, no obstante, sus tiempos y no quieren adelantar ningún paso para mantener la tensión sobre Feijóo. Los socialistas están convencidos de que la ruptura del acuerdo deja al líder de la oposición en muy mal lugar y van a tratar de sacarle todo el partido posible. “No se puede normalizar esto y la ciudadanía tiene que saber que el PP está incumpliendo la Constitución”, argumentan en Moncloa. 

“No estamos ahora mismo en eso”

Mientras el ala socialista del Ejecutivo gestiona sus tempos, Unidas Podemos ha dejado clara cuál es su apuesta: retomar el cambio legislativo para sortear lo que en su día la coalición denominó la “minoría de bloqueo”, es decir, que las Cortes puedan nombrar al CGPJ con mayoría absoluta –y no con la mayoría reforzada de tres quintos que establece la ley y que hace obligatoria la connivencia del PP– siempre y cuando participe al menos la mitad de los grupos con representación. Esa era la propuesta que PSOE y Unidas Podemos hicieron hace dos años y que Sánchez retiró para dar una oportunidad a la negociación con Pablo Casado. 

No obstante, en Bruselas no gustó esa iniciativa, que supone modificar la ley orgánica que regula el Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en los 12 jueces que integrarían el CGPJ, ya que es la propia Constitución la que establece la mayoría cualificada para los ocho vocales restantes, que son juristas de reconocido prestigio. En buena medida el Gobierno dio en su momento marcha atrás también por los recelos que despertó en la UE, que lleva años planteando a España que cambie el sistema para que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, aunque ahora pone la urgencia en la necesidad de renovarlo dado que se acerca a los cuatro años de mandato caducado. 

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en una entrevista en TVE que solo “hay dos opciones”: “Una es permitir al PP que continúe con el bloqueo, que es un golpe a la democracia, y otra es cambiar las mayorías y arrebatar al PP su minoría de bloqueo”. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens, que reclamó al PSOE que deje de ser el “pagafantas” del PP. 

Primero, el Tribunal Constitucional

Sin embargo, en Moncloa dan una patada hacia adelante. “No estamos ahora mismo en eso”, aseguran fuentes gubernamentales. Pese a ello, el ministro de Presidencia aseguró ya el viernes que están estudiando opciones. “El Gobierno va a trabajar para recuperar el funcionamiento normal de las instituciones en nuestro país”, afirmó. 

Lo que priorizan en el Gobierno –también el socio minoritario– es que se renueve el Tribunal Constitucional para darle la vuelta a la actual mayoría conservadora. En Moncloa confían en que, una vez dinamitadas las opciones de renovar el Poder Judicial, el sector conservador que se declaró en rebeldía cumpla de una vez la ley aprobada en el Parlamento para permitir al órgano de gobierno de los jueces nombrar a los dos magistrados que le corresponden. “El CGPJ también está sometido a la ley y el CGPJ tiene que desbloquear la situación”, expresan en el Gobierno, que está a la espera de ese paso para designar a los dos jueces que le tocan. 

Este verano Sánchez aseguró que lo haría sin esperar al Poder Judicial, pese a las dudas jurídicas que había dado que la Constitución establece la actualización del tribunal de garantías por tercios (uno de ellos correspondiente al CGPJ y al Ejecutivo). Ahora Moncloa espera a que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha para desvelar la siguiente jugada.