Moncloa y la Generalitat congelan entre reproches mutuos la cita de Sánchez y Aragonès por el espionaje de Pegasus

Han pasado doce días desde que Pedro Sánchez y Pere Aragonès coincidieron en Barcelona en pleno escándalo por el espionaje con Pegasus y se conminaron a mantener un encuentro para resolver la mayor crisis que el Gobierno ha tenido con sus aliados, pero aún no hay fecha para esa cita ni se vislumbra. Tras días echando balones fuera y asegurando que la dilación se debía a la dificultad para encajar las agendas, Moncloa y la Generalitat han pasado a señalarse mutuamente.

El primero en lanzar el mensaje fue el presidente durante la sesión de control en el Congreso. “El Gobierno está dispuesto a reunirse con el president o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana”, expresó en respuesta a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que le había preguntado cómo pretende recomponer la mayoría de la investidura quebrada por el espionaje y en riesgo de romperse lo que queda de legislatura, o al menos de darle a la coalición muchos quebraderos de cabeza. 

En Moncloa alejan la posibilidad de que el encuentro sea esta semana y lo fían, por ahora, para largo. “No tenemos fecha”, reconocen fuentes gubernamentales, que aseguran tener “absoluta disponibilidad” por su parte mientras trasladan la responsabilidad al partido de Aragonès. “ERC está más pendiente de lo que ocurre en Catalunya y con Junts”, señala una ministra, que apunta a sondeos en los que el PSC sigue fuerte. “Manejan sus tiempos”, arguye la socialista, que sostiene que “el diálogo en Catalunya es imprescindible”. 

El Govern no quiere “palmaditas en la espalda”

En el Govern admiten que han dado pocas facilidades para que la reunión con Sánchez se produzca y lo justifican porque, a su modo de ver, desde la Moncloa buscaban un encuentro “sin contenido” y para “dar unas palmaditas en la espalda”. Desde la Presidencia de la Generalitat mantienen las mismas exigencias desde la primera semana en que salió a la luz el informe de Citizen Lab que apuntaba a la infección con Pegasus de unas 65 personas vinculadas al soberanismo catalán y vasco, que pasan, entre otras cosas, por esclarecer lo sucedido con una comisión de investigación.

“Ahora mismo no es un problema del contenido, sino una expresión del malestar”, explican desde el Gobierno, que considera que ha hecho algunos gestos, como la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, o la activación de una investigación a través del Defensor del Pueblo, que ha acabado avalando la actuación del CNI al concluir que se hizo conforme a la ley. El PSOE ha dejado la puerta abierta a la comisión de investigación sobre las cloacas que han impulsado, entre otros grupos, ERC. Tendrá que pronunciarse el martes, que es cuando se vota su admisión en la Junta de Portavoces.

Pero en la Generalitat lo ven insuficiente ya que reclaman una depuración de responsabilidades que no consideran que se haya cumplido con la destitución de Paz Esteban. Según recuerdan, la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo enmarcó en un relevo natural en los servicios secretos, por lo que no lo computan como asunción de culpas. Más allá de la interpretación sobre la entrega de la cabeza de la directora del CNI a sus socios, Sánchez trató de reconducir esa situación al achacar el cambio al “fallo de seguridad en las comunicaciones del Gobierno”. 

Pero en el equipo de Aragonès no solo consideran que está por concretar la asunción de responsabilidades, sino que sostienen que el Consejo de Ministros debe responder algo sobre la solicitud formal enviada por el Govern para la desclasificación de papeles sobre el espionaje. Por ahora hay una negativa de Moncloa a hacerlo de oficio y se remiten a la solicitud judicial para llevar a cabo ese ejercicio de transparencia que permitiría conocer a la opinión públicas las razones aducidas para vigilar el teléfono, entre otros, de Aragonès cuando era vicepresidente de Quim Torra. La Generalitat quiere también garantías de que ni sigue habiendo escuchas ni podrían volver a ocurrir.

“Sánchez siempre es muy lento, pero ahora él debería tener más interés que nosotros”, resumía esta semana una fuente del Palau de la Generalitat las razones por las que ellos habían dejado de insistir en la necesidad de hacer una reunión. Sea real o farol, en el Govern hace semanas que emiten señales para dar a entender que ellos ya han asumido que la legislatura puede acabar, lo que incluiría truncar la mesa de diálogo por la que han apostado.

Este miércoles, no obstante, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián realizó una defensa cerrada de la mesa de diálogo durante una conferencia en Madrid. “Siempre defenderé la palabra, el diálogo y la mesa de diálogo y de negociación aunque nos espíen”, aseguró, en el Club Siglo XXI de Madrid. Rufián también señaló que un posible “fracaso” de esa mesa de diálogo “no será un fracaso del independentismo o de ERC”. Será, en su opinión, “un fracaso de la izquierda española”. En ese punto, lanzó una advertencia: “La historia nos dice que cada vez que fracasa la izquierda sube el independentismo”. “ERC no habla ni negocia con el PSOE porque seamos lo mismo. Habla y negocia con el PSOE porque somos diametralmente diferentes, porque somos distintos y porque es nuestro trabajo hacerlo”, añadió Rufián.

Moncloa asume el “malestar” de ERC, pero confía en recomponer

Sánchez no se plantea en ningún caso el escenario de un final adelantado de la legislatura y sostiene que el mandato culminará en diciembre de 2023. Lo que sí notan en el Gobierno es el cambio de actitud de ERC, por mucho que se mantenga la interlocución. “El malestar es evidente”, señala un miembro del Gobierno que ve cierta relajación en el tono de los republicanos, pero no en la tensión parlamentaria. El PSOE ha asumido que algunas leyes clave, como la derogación de la ley mordaza, la ley de vivienda o la ley de memoria democrática no saldrán aprobadas del Congreso, en el mejor de los casos, antes del verano. 

La advertencia llegó este mismo miércoles en la tensa Comisión de Igualdad en la que se votó el dictamen de la ley del “solo sí es sí” por parte de la diputada de ERC Pilar Vallugera: “No somos socios de Gobierno, les apoyamos en la investidura”. “No pienso admitir que nadie en los 20 minutos que queda de comisión me presione para que haga un voto de abstención porque si no el PP se va a cargar la ley, porque ya lo sabían. No se dan cuenta nunca de que no tienen mayoría absoluta”, avisó a los socialistas. 

En Moncloa confían en reconducir la situación con ERC, cuyos 13 votos no son imprescindibles, como se ha demostrado, porque las votaciones pueden salir adelante con aritméticas variadas, pero sí importantes para la coalición. “Las formaciones de izquierdas son prioritarias para el Gobierno”, expresó recientemente el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. En el Ejecutivo creen que la recomposición de las relaciones es cuestión de tiempo y, más allá de votaciones puntuales, esperan que sea posible de cara al momento clave: los Presupuestos Generales del Estado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezará a preparar en semanas. “Esperamos que para entonces se haya resuelto”, señalan desde su departamento.