Bajo la consigna de que la mejor defensa es un ataque, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sacado la artillería pesada para proteger, a capa y espada, la legitimidad de la amnistía fiscal promovida desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ministro de Hacienda ha reiterado en varias ocasiones durante el turno de réplica y contrarréplica que Luis Bárcenas no figura entre las personas que se han acogido a la regularización de capitales ocultos. Sin embargo, Montoro también ha reconocido que en este momento no es posible saber si es propietario de una de las 618 empresas que se han acogido a la amnistía si hubiera utilizado un testaferro.
Los propietarios reales de los bienes o capitales que se han acogido a la amnistía tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 para desvelar su identidad y beneficiarse así de la regularización. Así lo recoge la normativa del programa de regularización promovida desde Hacienda, que da de plazo todo este ejercicio para que coincida la persona real y la titular de los bienes que son amnistiados. Por lo tanto, Bárcenas no tendría que desvelar si es propietario de estas empresas tapadera hasta fin de año.
En caso de que Bárcenas hubiera utilizado un testaferro, fue su propio abogado el que aseguró que había utilizado una sociedad interpuesta para acogerse el programa, estaría por ver que fuera a mostrarse como propietario real a final de año y no optara por seguir beneficiándose de forma indirecta de las ventajas de haber acudido a este programa, con otra tercera sociedad o una tercera persona allegada figurando como propietaria “real”.
Con todo, Montoro ha entrado a la Comisión ofreciendo un nuevo dato, a modo de cortina de humo, al anunciar que los capitales aflorados en el proceso se elevan a 40.000 millones de euros. En su opinión, esto es una buena noticia ya que se enmarca dentro de la lucha del Gobierno por acabar con la economía sumergida. A partir de ahora, estos capitales generarán bases imponibles por las que tributarán por sus rendimientos, según el ministro.
La oposición ha utilizado este nuevo dato como arma arrojadiza contra el responsable del fisco. El propio Montoro había adelantado en noviembre que la amnistía fiscal había dado como frutos unos ingresos de 1.200 millones de euros. Teniendo en cuenta que la tasa que se le impuso a estos capitales ocultos era del 10%, la cifra se acercaría a los 12.000 millones de euros de base imponible.
Lo cierto es que la posibilidad de acogerse a la amnistía con rentas ya prescritas ha dado como resultado esta abultada cifra de capitales amnistiados. La obligación de pagar solo por los rendimientos generados en los cuatro últimos años ha permitido que alrededor de 28.000 millones de euros retornen a España sin penalización fiscal. Eso sí, a partir de ahora sí tendrán que tributar a Hacienda por los ingresos que generen sus rendimientos en el IRPF de sus propietarios.
Montoro, a buen seguro, pretendía desviar la atención, y ha continuado así en el resto de su intervención con duras críticas a la oposición socialista. En primer lugar, ha atacado la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Felipe González en 1991, ya que no exigía conocer la titularidad del propietario de los capitales repatriados. Para el político jienense, esta es la principal diferencia con el actual proceso, que sí ha pedido la personalidad, física o jurídica, de los propietarios de los capitales que han retornado a España.
Sin embargo, los inspectores de Hacienda han denunciado estos días que no se les deja hacer comprobaciones a las declaraciones acogidas a este proceso de regularización. Además, han advertido de que no se están haciendo las comprobaciones pertinentes para conocer el origen de los fondos.
Según la ley, estas comprobaciones solo se harán en el caso de que sirvan como vínculo a otras investigaciones en curso. Además, el problema precisamente del caso objeto de la comparencencia, la posibilidad de que Luis Bárcenas se haya acogido a la amnistía, es imposible de saber ya que lo habría hecho por una sociedad interpuesta.
La oposición sí quería sacar a colación el escándalo del PP relacionado con Bárcenas. El diputado socialista Pedro Saura le ha preguntado directamente a Montoro si había aceptado algún sobre como retribución o si había aceptado dinero negro. El ministro de Hacienda ha reaccionado enfurecido y ha respondido que su declaración consta en la web del Congreso. Y no se ha quedado ahí. Ha insinuado que a otros diputados les faltaban elementos en estas declaraciones de bienes e ingresos, lo que, viniendo de un ministro de Hacienda, es toda una amenaza.
Montoro ha ido aumentando su agresividad, hasta calificar de “ruines” e “impertinentes” las acusaciones que le ha hecho Saura.
Montoro se ha aferrado a que el acogimiento en el proceso de regularización no exime a su propietario del delito cometido en la obtención de estos fondos. También ha recordado que si el propietario, ya sea una persona física o empresa, está sometido a un proceso administrativo o judicial previo, la regularización no tendrá efecto. “La declaración tributaria extraordinaria no borra ni limpia delitos”, ha insistido Montoro. “Les voy a dar el titular, la regularización no encubre el delito”, ha sintetizado entre las risas de los diputados del PP.
El ministro ha lamentado que se le esté “trasladando a la sociedad lo que no es verdad, que es donde debe estar el límite de la política”. Ha lamentado con fiereza que se critiquen a las instituciones desde la oposición, en especial a la Agencia Tributaria.