Las decenas de miles de solicitantes de nacionalidad por residencia que se registran cada año en España tienen que pasar desde 2015 un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) para acreditar su “grado de integración en la sociedad española”. En 2018 superaron esta prueba el 89,82% de quienes se presentaron, según los datos que aporta a eldiario.es el Instituto Cervantes, centro responsable de su realización. Optaron 71.355 personas, de las cuales 64.097 consiguieron aprobarla, con fecha de 14 de diciembre.
Por el camino a obtener la nacionalidad se pueden dejar al menos 300 euros, una cifra que lo hace inaccesible para personas en situación más vulnerable: 102 de la tasa por el trámite de la nacionalidad, 85 por la inscripción en el CCSE y en torno a 120 euros por la prueba de español (DELE), en caso de que procedan de un país que no es de habla hispana.
“Para quienes no tengan como lengua materna el español y tengan que hacer los dos exámenes, la suma es muy alta. Entre unas cosas y otras, con los documentos que tienes que presentar, a lo mejor te puedes poner en 400-500 euros”, asegura Dánae García, abogada de SOS Racismo, que añade a la suma el “coste emocional”: “Hay un desgaste mental, de esperar a que se resuelva todo el trámite. Hay casos sangrantes de gente que lleva esperando tres, cuatro e incluso cinco años una resolución de su procedimiento de nacionalidad”.
En algunos casos, a este dinero se le añadiría el de las academias para prepararlo −rondan los 100 euros−, aunque el Instituto Cervantes ofrece un manual gratuito con las posibles preguntas y sus respuestas. Desde una de estas academias, Madrid Plus, explican que estos cursos están dirigidos a las personas que tienen dificultades en los aspectos referidos a la legislación y la Constitución. “Las preguntas están ahí y son para todo el mundo. Nosotros orientamos y resolvemos dudas a personas que, por sus conocimientos previos, están menos al tanto. Las cuestiones culturales de actualidad las tienen más claras, pero en los conocimientos constitucionales falla más gente”, afirman. La mayoría de los que acuden a academias reciben clases particulares.
“El examen es difícil si no dominas el idioma”
Ibrahim, un joven de 21 años procedente de Bali, lleva seis viviendo en España. Tres de ellos los ha pasado en un centro de menores. En marzo se presentó al CCSE, después de superar el examen de lengua: “Lo hice por mi cuenta con ayuda de algunas amigas que lo habían pasado, haciendo fotocopias de su libro. Es difícil si no dominas el idioma. Para mí no fue tan complicado, pero dependerá de la persona”. En su caso particular considera “absurdo” que tenga que pasar por este examen tras entrar en España como un menor extranjero no acompañado y vivir desde los 15 hasta los 18 en un centro de menores: “Las cosas son así y no puedo cambiarlas, pero desde luego me parece mal”.
La experiencia de Gianina, procedente de Perú, es diferente. Considera que el examen es “útil” para aquellas personas que tienen pocos conocimientos del país en el que viven: “Para vivir en un país y que te den la nacionalidad me parece que tienes que tener algo de conocimientos básicos para poder desenvolverte con las personas que te rodean”. Ella se presentó hace tres meses solo al CCSE: “Para mí es fácil porque soy de una cultura parecida. La forma de Gobierno es distinta, pero todo lo demás es básico”.
“Estudié mucho y por eso me resultó fácil”, coincide Idania, cubana casada con un compatriota con la ciudadanía española por la Ley de Memoria Histórica. Está a la espera de la resolución de su petición de nacionalidad desde abril y, según relata, se preparó a través de una aplicación en el móvil con las posibles preguntas. Comprende que se incluyan cuestiones sobre la legislación, aunque, matiza, en el examen hay “preguntas que no tienen nada que ver con la nacionalidad”, como muchas de las referentes a personajes de la cultura española.
Desde SOS Racismo lamentan que se pida “un plus” a los inmigrantes con preguntas sobre legislación “que la mayor parte de los españoles que hayan nacido aquí no saben”. “Es como si fuera un mecanismo de control de sesgo racista para decir que además de cumplir todos los requisitos tienes que tener un plus. Para ser un buen ciudadano tienes que saber más de lo que saben el 99% de los españoles”, dice Dánae García.
Las preguntas: de las funciones del Senado al Nobel
El CCSE consiste en 25 preguntas de respuesta cerrada, una parte de verdadero/falso y otra en la que se debe escoger entre tres opciones. Aunque han adquirido más notoriedad las referidas a la cultura española, el 60% del examen lo ocupan cuestiones referentes al Gobierno y la legislación. Las que versan sobre aspectos de la cultura, historia y de la “vida cotidiana” española son el 40% restante. Deben acertarse 15 de las 25 para superarlo.
Entre las preguntas de conocimientos sobre las instituciones y la legislación están, por ejemplo, cuál es la forma política del Estado, cuáles son las funciones del Senado, dónde está la sede oficial del rey, los colores de la bandera de Cantabria o cuál es el órgano supremo consultivo de España. Este apartado es el más amplio y ocupa 10 de las 25 cuestiones.
En los conocimientos sobre los deberes y derechos de la nacionalidad española −tres preguntas de 25−, los solicitantes deben responder a si es verdadero o falso que la mayoría de edad son los 16 años o que la declaración de la renta debe hacerse anualmente. También tienen que demostrar que saben cómo es la organización territorial de España (dos cuestiones): “¿De qué comunidad forman parte Alicante, Castellón y Valencia?” o “¿Cuál es el río más largo de Galicia?” son dos ejemplos.
El cuarto apartado se refiere a las “tradiciones, aspectos culturales y hechos históricos relevantes”, con tres interrogantes. Aquí están encuadradas cuestiones como quiénes son los personajes principales del Quijote, cuál es la profesión de Penélope Cruz o a qué se dedica Paco de Lucía. También en qué año terminó la Guerra Civil española o quién recibió el Nobel de Literatura en 1956.
La prueba del Instituto Cervantes finaliza con siete preguntas sobre la “vida cotidiana” y los trámites administrativos en España: por ejemplo, quién gestiona la expedición de DNI, a qué edad es obligatorio tenerlo, dónde se realiza la tramitación del libro de familia y a partir de cuántos hijos se puede considerar una familia numerosa.
La mayoría de las peticiones son por residencia
La prueba, que sustituyó hace tres años a las entrevistas con un juez del registro civil para demostrar la “integración”, forma parte del proceso para obtener la nacionalidad por la vía de la residencia. La ley exige una permanencia en España de diez años de forma legal y continuada, con excepciones en el caso de las personas refugiadas (cinco años), los nacionales de países iberoamericanos o de origen sefardí (dos años) o quienes hayan nacido en territorio español o hayan estado bajo la tutela o acogimiento de una entidad pública durante dos años.
El Instituto Nacional de Estadística hizo públicos a principios de diciembre los datos de peticiones de nacionalidad en 2017. En total, 66.498 personas extranjeras residentes en España pidieron nacionalizarse -un 56% menos con respecto a las cifras de 2016-, en su mayoría por la vía de la residencia: 41.180 del total. Solo se recogen las cifras de peticiones, mientras las organizaciones lamentan el colapso y la tardanza en que lleguen las resoluciones finales: “Estamos hablando de años, no de meses. Hay un montón de expedientes bloqueados porque evidentemente hay muchas solicitudes, pero por eso también el Ministerio tendría que hacer algo”, incide Dánae García.
El 38% del total (25.200) han solicitado nacionalizarse por “opción”, una modalidad que incluye, entre otros casos, a las personas con padres o madres nacidos en España, adoptados por españoles cuando eran mayores de edad. El país de origen más frecuente fue Marruecos, del que procedían 17.082 personas (25,7%). A continuación están tres países de habla hispana: Ecuador con 7.301 (11%), Bolivia con 6.124 (9,2%) y Colombia con 5.647 (8,5%).