La ley de vivienda, uno de los principales focos de tensión entre PSOE y Unidas Podemos, está sin resolver cuando la negociación de los presupuestos entra en su recta final. La limitación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas es uno de los “escollos” que admiten las dos facciones de la coalición que están impidiendo cerrar un acuerdo global. No obstante, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz dan por hecho que habrá un entendimiento que según el presidente permitirá que las cuentas públicas de 2022 estén aprobadas “en tiempo y forma”, es decir, para que entren en vigor el 1 de enero. No obstante, en Moncloa abren ya la puerta a que la aprobación en Consejo de Ministros se retrase más allá del 5 de octubre, que es la primera fecha que manejaban, tras haber sido inviable darles luz verde este martes.
“Es evidente que no hemos llegado a un acuerdo”, ha admitido en la rueda de prensa la vicepresidenta segunda. “Los acuerdos se negocian a fuego lento”, ha advertido Díaz. La principal cuestión en la que ambas partes reconocen el desacuerdo es la regulación de los alquileres, un asunto que para Unidas Podemos tendría que ser “el corazón” de la futura ley de vivienda que impulse el Ejecutivo de coalición. “No vamos a cerrar un acuerdo de presupuestos sin que los acuerdos del año pasado estén cumplidos”, apuntan fuentes de Unidas Podemos en relación al pacto cerrado el año pasado sobre este mismo asunto.
La parte socialista del Gobierno ha intentado desvincular las materias que no son meramente presupuestarias de la negociación, pero el socio minoritario incluye la limitación de los precios del alquiler como una línea roja después de que la ley de vivienda lleve más de un año de retraso respecto al calendario inicialmente establecido.
A pesar de no haber llegado a un pacto sobre los límites del alquiler, desde la formación de Ione Belarra reconocen que en el resto de asuntos la ley de vivienda “está muy avanzada” y que tienen “todo cerrado” menos ese asunto clave. Unidas Podemos entiende, según establece el acuerdo programático sellado por Sánchez y Pablo Iglesias, que se debe establecer un “techo” máximo. Los socialistas hacen una lectura diferente: entienden que medidas como ampliar el parque de viviendas, establecer bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen los precios o congelar los contratos en las zonas tensionadas ya establece ese “límite” del que habla el pacto. Además, desde la parte socialista del gabinete sostienen que ya se han movido con respecto a sus posiciones iniciales (al aceptar, por ejemplo, la congelación de los contratos) mientras que el socio minoritario, según las fuentes consultadas, se ha quedado en su posición inicial.
Pero en la negociación de las cuentas hay otros dos asuntos trascendentales para Unidas Podemos: un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% y un paquete de apoyo a familias.
En los últimos días, Unidas Podemos ha presionado dentro del Gobierno para aprobar un impuesto para las rentas altas. “No puede ser que la administración Biden nos pase por la izquierda. Hay grandes consensos, como el del G20, que apuesta por este impuesto mínimo para grandes empresas”, repiten en entrevistas y actos públicos distintos responsables de la coalición.
Ante la insistencia de la formación liderada por sus socios, desde el PSOE se han producido avances. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, del ala más conservadora dentro del Partido Socialista, se posicionaba este domingo a favor de este asunto en una entrevista en El País. “Sí [sería razonable]. Es un tema que estamos defendiendo a nivel internacional y que no supone un cambio significativo de nuestro sistema fiscal”, aseveraba Calviño en el citado medio. Hasta entonces Calviño había defendido que ese tipo mínimo se tendría que establecer a nivel global –la OCDE ya lo ha recomendado– y que la gran reforma fiscal tendrá que esperar a 2022, cuando estará listo el informe encargado a los expertos. Fuentes del ala socialista del Gobierno sí que reconocen que algunos “ajustes” se pueden adelantar. “Vamos por el buen camino. Estamos por la armonización fiscal”, resumen en Moncloa.
Más allá de estos posicionamientos públicos, fuentes de Unidas Podemos aseguran que los interlocutores socialistas están siendo mucho más tibios en las reuniones que mantienen: “En la mesa de negociación dicen que no”.
Ante la falta de acuerdo en estos asuntos y con el calendario corriendo en contra, desde Unidas Podemos perciben las negociaciones con “preocupación”. “La sensación es que el PSOE se ha acomodado”, insisten desde la formación de Belarra, que también plantean que los negociadores del PSOE buscan “elevar todo” para que sean Sánchez y Díaz los que “cierren” los acuerdos. Era una dinámica habitual entre el presidente e Iglesias, aunque en la última etapa dejó de ser así.
La tercera pata que preocupa a la formación de Belarra es un paquete de apoyo a las familias, y entre las medidas que defienden, apuestan por una “prestación por crianza” universal de 1.200 euros al año –100 euros al mes– para todas las familias que tengan niños menores de tres años. Con el impulso de estos temas, Unidas Podemos busca poner el foco en asuntos que fueron opacados por la pandemia y preocupan “a la gente progresista”.
La parte socialista del Gobierno evita dar detalles sobre lo que se ha ido cerrando ya de la negociación presupuestaria y sobre lo que contempla aceptar ante la presión de su socio minoritario, que suele publicitar las discrepancias como método de presión; pero insiste en que el proyecto está avanzado. “Habrá acuerdos dentro de poco”, sentenció este lunes la número dos del PSOE, Adriana Lastra, en una rueda de prensa en la que dio a entender que está al tanto de la letra pequeña.