Unidas Podemos atribuye a su programa las trabas del PSOE a la coalición
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunirán esta misma semana para definir qué significa y cómo se concreta el “Gobierno de cooperación” que ambos pactaron explorar el pasado martes. Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos van a tomar las riendas de una negociación que, en principio, pilotarán personalmente. Las conversaciones no bajarán a un segundo nivel hasta que quede clara la estructura de ese Ejecutivo, si es que ambos llegan a un acuerdo que, hoy por hoy, no está ni mucho menos cerrado. Las próximas citas serán, en principio, discretas, sin comunicación a los medios.
Mientras que el principal escollo para el PSOE es la exigencia de Unidas Podemos de formar parte del Consejo de Ministros, en el grupo confederal temen más la negociación posterior, la programática. La coalición que encabeza Pablo Iglesias mantiene todavía intacto su planteamiento inicial: o Ejecutivo de coalición, se llame como se llame, o nada. En ese caso, Unidas Podemos no solo tendrá que asumir el programa de gobierno que pacten, sino cualquier decisión que adopte el Consejo de Ministros, que es por ley un órgano colegiado.
Pero el PSOE también deberá asumir medidas que, hasta ahora, ha rechazado implementar, como el control de los precios del alquiler, subir todavía más el salario mínimo o crear una empresa energética pública para intervenir en el precio de los suministros básicos.
“El problema no somos nosotros, es el programa”, apuntan desde la dirección de Unidas Podemos a eldiario.es. Las dudas de los socialistas, sostienen en el grupo confederal, no tienen que ver tanto con quién se sienta en el Gobierno, sino con el para qué. Y acerca de la capacidad que tendrán de sacar adelante según qué propuestas y enarbolar la proyección social de un hipotético Ejecutivo conjunto.
En todo caso, en Podemos la negociación será compleja y larga, según ha advertido el propio Iglesias en público, porque se trata de sondear un modelo de Gobierno inédito en España y en el que habrá que definir bien las competencias de cada uno. Precisamente porque, en caso de que el PSOE acepte finalmente compartir el Consejo de Ministros, habrá una pugna entre las dos alas de la coalición sobre qué medidas se ponen en marcha y cuáles no. Y por quién se apunta los tantos o protagoniza las sesiones parlamentarias.
Iglesias busca “garantías” y el PSOE ve ya los “mimbres”
En el PSOE han encontrado la fórmula del “Gobierno de cooperación” con la que celebraron que Iglesias dejara de hablar de Gobierno en coalición (aunque la posición de Unidas Podemos se ha mantenido). El secretario de Organización, José Luis Ábalos, abrió este miércoles la puerta a incorporaciones individuales de miembros de Podemos, aunque después matizó que la decisión corresponde al presidente y que, en todo caso, aún no ha tomado la definitiva. No obstante, el 'no' de Pablo Casado y de Albert Rivera obliga al PSOE a tener el apoyo de los 42 diputados del grupo confederal.
Los socialistas, sin embargo, son más optimistas que en Unidas Podemos respecto a alcanzar un acuerdo programático, un paso que quieren que sea previo a la decisión de Sánchez sobre los nombres que compondrán el gabinete.
Para el PSOE, el acuerdo presupuestario que firmaron en octubre de 2018 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el punto de partida para la negociación programática. Sea para un Gobierno conjunto o para un acuerdo de legislatura, el documento de 50 páginas le vale a los socialistas como guía de la negociación.
“En los últimos doce meses hemos demostrado que es posible el entendimiento entre la izquierda”, afirmó la portavoz socialista, Adriana Lastra, tras el encuentro de Sánchez e Iglesias. “Incluso llegamos a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado que no salió adelante con el voto de la derecha y el independentismo. Tenemos los mejores mimbres, que son la experiencia previa y las ideas, y la capacidad de entendimiento para seguir desarrollando una agenda progresista”, apostilló la número dos del PSOE.
El problema es que Unidas Podemos no se fía de Pedro Sánchez. Sus dirigentes han señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno socialista incumplió los acuerdos en varios puntos. Especialmente dolorosa fue la gestión que hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la tramitación del real decreto sobre el alquiler, que no incluyó la limitación de precios que sí había aceptado el presidente del Gobierno, según el grupo confederal.
“La política no se tiene que fundamentar en la confianza, sino en las garantías y en las correlaciones de fuerzas”, aseguraba Pablo Iglesias en una entrevista con eldiario.es el pasado mes de mayo. E insistía: “La política (...) depende de los programas y de las garantías para llevarlos a cabo”. Y esa garantía, para Iglesias, pasa por estar en el Consejo de Ministros, que es donde se deciden y aprueban las medidas que el Gobierno lleva a cabo.
Precariedad, SMI, factura de la luz, brecha salarial
Iglesias ha desgranado en público buena parte de sus pretensiones programáticas. Lo hizo de forma profusa en una conferencia ante los empresarios catalanes a finales del mes pasado. En la entrevista antes citada fue más concreto y centró sus pretensiones en tres elementos: trabajo, vivienda y suministros.
La reforma laboral, que fue uno de los principales caballos de batalla de la anterior legislatura, no será una línea roja para Unidas Podemos porque da por hecho que Sánchez ha renunciado a derogarla. “Con 3,7 millones de votos, no podemos imponer la reforma laboral que a nosotros nos gustaría”, ha reconocido Iglesias.
El presidente en funciones no ha descartado modificar los aspectos más discutidos de la reforma de Rajoy, pero ha subrayado su apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modifique de manera general la legislación laboral. Los sindicatos, por su parte, quieren que se desmonten ya esos aspectos más lesivos, como recuperar la ultraactividad y la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa.
En materia laboral, el secretario general de Podemos apuesta por subir el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. Iglesias logró que Sánchez aceptara en 2018 colocarlo en 900 euros al final de una intensa negociación cara a cara. Como entonces, en Unidas Podemos sostienen que apurar las conversaciones les permitirá ser más exigentes y arrancar más compromisos al líder socialista que si cerraran un acuerdo ahora.
El programa electoral del PSOE apuesta por que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio en España “a corto plazo”. Teniendo en cuenta que el último dato del salario medio es de 2.039 euros brutos al mes, la cifra por la que apuesta el PSOE es la misma, aunque no concreta en el tiempo. La subida a 900 euros fue uno de los escollos en la negociación de los Presupuestos para 2019 y fuentes socialistas reconocen que hay “distintas sensibilidades” en el seno del partido y del Gobierno al respecto.
Además del SMI, Iglesias plantea acabar con la temporalidad y con la brecha salarial que separa a hombres y mujeres, lo que pasa por aumentar los permisos de paternidad intransferibles para repartir las cargas familiares. El momento de la crianza es el que marca el despegue en los salarios de los hombres frente a los de las mujeres. El PSOE vio en el decreto aprobado en marzo un primer paso y aspira a aprobar en la próxima legislatura su ley de Igualdad Laboral completa y trabajar en una norma futura sobre usos del tiempo.
En Unidas Podemos, quieren recuperar la intervención del mercado del alquiler en aquellas zonas especialmente tensionadas. Una medida que ya estaba contemplada en el acuerdo programático, pero que Fomento no incluyó en ninguno de los reales decretos que llevó al Congreso.
Otra de las cuestiones estrella que Iglesias ha planteado tanto en campaña como después es la necesidad de utilizar el artículo 128 de la Constitución, para crear una empresa energética pública que garantice una factura de la luz más barata y que apueste por las energías renovables.
En el PSOE consideran que habrá “aproximación” en temas relacionados con la transición ecológica sin necesidad de que se cree una nueva empresa pública (cuentan con que Red Eléctrica pueda tener un papel relevante en la transición energética). Los socialistas son partidarios de promover el autoconsumo, una vez eliminado el impuesto al sol, como forma de romper el oligopolio energético.
