El Partido Popular tenía claro en 2022 lo que ocurriría si se subía el salario mínimo. “El Gobierno sólo conseguirá destruir tejido productivo, ralentizar la creación de empleo y disminuir la prosperidad”, decía el argumentario interno repartido entre sus dirigentes para que lo utilizaran en sus declaraciones públicas. La consecuencia de la última subida estaba cantada. Menos contrataciones, más despidos: “Muchas empresas se lo pagarán a menos trabajadores porque contratarán a menos personas o, incluso, tendrán que despedir a otros”.
El PP no ha acertado mucho en sus pronósticos económicos de la última década, pero en empleo se puede decir que ha estado tan lejos de los hechos que parece que esté hablando de otro país.
En enero de 2024, a pesar de que esos augurios no se habían cumplido, el PP insistió en la misma idea. Ante la nueva subida del SMI, insistió en los efectos funestos que tendría para el empleo. “Responde a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización, sobre todo en las pequeñas empresas”, opinó Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.
Seis meses después, los datos de la EPA no sólo no detectan esa 'desestabilización', sino lo contrario. El segundo trimestre del año ofrece varios datos indudablemente positivos. Una población activa de 21.684.700 personas, 434.000 más que en el primer trimestre. El desempleo baja al 11,2%, el dato más bajo desde 2008. Diez comunidades cuentan con un porcentaje inferior al 10%.
El ministro de Economía grabó un vídeo el viernes para difundirlo en redes sociales: “El empleo sigue siendo el principal motor de la economía española. Hay más gente trabajando que nunca”. Será mejor que Carlos Cuerpo lo haya disfrutado, porque tendrá pocas oportunidades para comentar las cifras en el Parlamento.
El PP se abstiene de hacerle preguntas en las sesiones de control, como también intenta evitar el trago en esta legislatura con la vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. En relación a la política económica, las únicas cuestiones se dirigen a María Jesús Montero y suelen versar sobre impuestos y financiación autonómica.
Yolanda Díaz presumió el viernes de los efectos de la reforma laboral: “Hemos reducido en casi tres millones los contratos temporales. Aquello que era una maldición, la temporalidad en España, gracias a la reforma laboral, hoy nos permite decir que somos europeos. La tasa de temporalidad es del 12,9%”. Nunca antes en España había habido tantos trabajadores con un contrato indefinido.
Para saber en qué medida esto beneficia al Gobierno, basta un dato indirecto. En la mañana del viernes, el PP no hizo ningún comentario a cuenta de la EPA en su cuenta de Twitter. Juan Bravo le dedicó un tuit para insistir en los “fijos discontinuos récord”, un asunto en el que su partido casi ha dejado de insistir. Ya ni se atreve a hablar de “maquillaje de las cifras del paro”, porque sus presidentes autonómicos celebran alborozados esas mismas cifras de creación de empleo en sus regiones que, según la lógica del PP, también deberían estar maquilladas.
La realidad es que el incremento de fijos discontinuos ni de lejos explica el aumento de los contratos indefinidos. Como tampoco, la creación de puestos de trabajo se debe únicamente al empleo público.
Por tanto, ignorar la noticia se convierte en la solución por defecto en la derecha, antes que continuar elucubrando sobre la verdad que supuestamente el Gobierno estaría ocultando. Y en los medios de comunicación, la solución es similar. Por la mañana, la noticia no estaba muy arriba en la home de ABC y sí por debajo del problema que causa “el coipú, la 'rata-nutria' que amenaza los ríos españoles”. A primera hora de la tarde, ya había caído más abajo hasta llegar al listado de otras noticias en la página web.
Al PP y los economistas 'paleoliberales', de lo que les gusta hablar es de que España vive un “infierno fiscal” acosada por constantes aumentos de impuestos. Hace pocos meses, la OCDE negó esa premisa y estableció que la carga fiscal sobre los salarios, con la suma del IRPF y las cotizaciones sociales, fue de media del 40,2%, muy por debajo de Alemania, Francia o Italia.
Todo ello no impide que Alberto Núñez Feijóo viva en su burbuja. Nunca un líder del PP ha hablado tan poco de economía como en su caso. Es difícil evitar hacerlo en las campañas electorales. El hombre que en el verano de 2022 anunció que íbamos a “una profundísima crisis económica” tuvo que reducir al mínimo sus intervenciones sobre el tema en la campaña de las generales un año más tarde.
Aun así, no puede evitar lanzar anuncios de vez en cuando cuyas fuentes se encuentran sólo en su cabeza. En mayo dijo en Barcelona que España está en “una aplastante mediocridad económica”. “Nos estamos empobreciendo”, afirmó en una reciente entrevista con un 'youtuber' de derechas.
La realidad económica empuja a algunos a pensar que el Gobierno debería rentabilizarla mejor con independencia de lo que haga la oposición. ¿Quién dice que no lo ha hecho? Otra forma de verlo es pensar que es muy probable que los partidos de izquierda habrían perdido las elecciones de 2023 si no hubiera sido por la mejora de la economía. Además, esas cuestiones no son las únicas que condicionan el voto ni en España ni en casi ningún sitio.
Con los datos macroeconómicos en la mano, es indudable que la economía de EEUU está en mejores condiciones ahora que en 2020 y que sus datos de empleo son muy buenos. Eso no impidió que la opinión de los estadounidenses sobre la gestión de Joe Biden fuera muy negativa.
Tanto en Europa como en EEUU, la inflación ha servido para minar la credibilidad de los gobiernos, otra realidad que no debería sorprender a nadie. Los ciudadanos siempre creen que los políticos deberían hacer algo al respecto, es decir, medidas que funcionen.
Por encima de todo, la economía –y tampoco el aumento del PIB– no funciona de igual forma para todos los ciudadanos. Si el 65,4% de los encuestados decía en julio que su situación económica personal era buena o muy buena, según el CIS, otro 22,8% afirmaba que era mala o muy mala. Algunos pueden sobrellevar el aumento de los precios reordenando sus gastos. Otros han tenido que elegir: comida o calefacción.
No es sólo macroeconomía. El FMI informó en junio de que la subida del salario mínimo ha sacado de la pobreza a cerca de un millón de trabajadores en España en los últimos años. Esa es una medida que tiene una incidencia real en la vida de la gente.
El Gobierno cuenta con otras asignaturas pendientes y algunas podrán incidir en su reputación con tanta fuerza como el PIB. Cuatro años después de su aprobación, el Ingreso Mínimo Vital sólo llega al 12% de las personas en riesgo de pobreza y a la mitad de los casos más graves, los hogares que están en pobreza extrema. España continúa siendo un país que no dedica recursos públicos suficientes a luchar contra la pobreza –ningún Gobierno lo ha hecho– y no consigue que las ayudas existentes lleguen a todas las personas que las necesitan.
¿Cuántas de esas personas votan con frecuencia? Desgraciadamente, no muchas. Quienes sí lo hacen son los residentes en las ciudades con ingresos que les hubieran permitido comprar o alquilar una vivienda años atrás y que ahora han sido expulsados del mercado. Por las declaraciones de la ministra de Vivienda, no se deduce que el Gobierno esté por tomar medidas estructurales valientes, por no hablar de sus símiles embarazosos. Ya se han hecho demasiadas promesas y la gente espera que llegue el día en que alguna se cumpla.
Otros partidos de izquierda en Europa saben que hay que incidir en todos los frentes. Los laboristas británicos anunciaron en campaña la construcción de un millón y medio de viviendas en cinco años. El Nuevo Frente Popular francés prometió construir un millón. Las cifras indican la gravedad de la situación en varios países de Europa, aquellos que hace tiempo dejaron que fuera el mercado el que se ocupara del problema.
¿Por qué tal falta de iniciativas que en general se han limitado a apostar por incentivos fiscales para los dueños de pisos? La encuesta del CIS conocida este viernes tiene una respuesta. Un 76,1% de los españoles vive en una casa de su propiedad (el 48,1% ya la tiene pagada y el 28,3% aún está abonando la hipoteca). El 15,2% vive de alquiler.
En un país de propietarios, parece que sus intereses son los que tienen prioridad. El Gobierno debería empezar a pensar que necesita ofrecer resultados a la altura de lo que es un derecho constitucional. Carlos Cuerpo ha dicho que ante ese problema “no hay una bala de plata”. Cierto, hay que disparar más de una vez y es preferible no hacerlo en el pie.