En el Ministerio de Igualdad no contemplan que la Moncloa ordene reformar la conocida como ley del “solo sí es sí”, un texto que consideran histórico por el avance en derechos feministas e impecable desde el punto de vista técnico. Desde que saliera a la luz el goteo de casos en los que los jueces están accediendo a rebajar las penas de condenados por abusos o agresiones sexuales en base al nuevo código penal, el núcleo duro del partido ha salido en tromba a defender tanto a la ley como a su ministra de Igualdad, un departamento que supone a día de hoy el gran bastión de poder en manos de Podemos.
Desde la secretaria general, Ione Belarra, hasta el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, pasando por otros dirigentes como Lilith Verstrynge o Rafa Mayoral y por altos cargos del Ministerio como Victoria Rosell, Ángela Rodríguez o Isa Serra, han defendido en mitad del aluvión de críticas que la ley está bien hecha y que, de haber un problema, es de interpretación de unos jueces a los que califican de forma genérica como “machistas”.
En la defensa de la ley tanto desde Podemos como desde Igualdad se argumenta, por un lado, que se trata de un texto que pasó por los ojos no solo del equipo de Irene Montero sino del Ministerio de Justicia en particular y del Gobierno en su conjunto, además de la totalidad de grupos parlamentarios, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. Pero también se arremete duramente contra los jueces con acusaciones incluso de estar saltándose la ley. “Lo que está pasando aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí”, abrió fuego la propia Irene Montero el miércoles por la mañana.
Esa senda de choque frontal con la carrera judicial fue seguida también por la secretaria de estado, Ángela Rodríguez. “¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. Dice Naciones Unidas que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense”, pidió Rodríguez durante una comparecencia en el Congreso. También en ese sentido se expresó el secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática, Rafa Mayoral, que acusó a los jueces de intentar derribar a la ministra de Igualdad: “El CGPJ incumple la ley al no renovar el TC. Las asociaciones judiciales de quienes bloquean no exigen el cumplimiento de la ley a sus asociados, pero piden la cabeza de la ministra de Igualdad. El Partido Judicial opera contra la soberanía popular”, publicó en tuiter. Una línea seguida también por dirigentes como Ione Belarra, Isa Serra, Pablo Echenique o por el ex líder Pablo Iglesias.
Sin embargo, y a pesar de que la postura dentro de Podemos es monolítica públicamente (no así en Unidas Podemos, donde los comunes, Izquierda Unida o Yolanda Díaz se han desmarcado de las críticas a la carrera judicial), también hay voces discrepantes en el seno del Consejo de Coordinación que en privado opinan que ha faltado prudencia. Esas voces que no comparten la gestión comunicativa de esta crisis sí respaldan el fondo y la forma de la ley, aunque creen que la acusación de que todos los jueces son machistas ha sido un error.
Desde otros espacios de izquierdas también se han pronunciado respecto a la aplicación de la ley. La líder de Más Madrid, Mónica García, expresó que, a su juicio, el Gobierno central debería “rectificar” y “cambiar” una ley con la que “se abre una puerta que no se quería abrir”. “Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la ley; igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir”, declaró. Unos cambios que también solicitó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en sus redes sociales: “Entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados yo tengo meridianamente claro con quién voy. Dicho esto, a enmendar lo que se haya que enmendar para que no vuelva a pasar”, publicó.
“Nadie dijo nada”
Desde Igualdad insisten en que ningún ministerio ni ninguna institución “dijo nada” respecto a la revisión a la baja de las penas mínimas. Fuentes del departamento de Irene Montero explican que, de hecho, “en la reforma del código penal teníamos una opinión diferente al ministerio de Justicia y se acabó imponiendo el criterio de ellos”. Recuerdan esas mismas fuentes que la propuesta del equipo de Irene Montero contemplaba también una rebaja de las penas máximas, pero que el equipo del entonces ministro Juan Carlos Campo fue insistente en atender la petición del Consejo General del Poder Judicial. Algo que Igualdad aceptó. “Y de las mínimas o de la disposición transitoria nadie dijo nada porque no hacía falta, como prueba lo que está pasando en la Audiencia de La Rioja”, insisten desde el ministerio.
Este mismo jueves y tras las duras acusaciones hacia los jueces, la ministra Irene Montero coincidió en el Senado con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el Congreso del Observatorio contra la Violencia de Género. En su discurso, Montero evitó en esta ocasión la referencia al machismo de los jueces, aunque sí resaltó las “feroces resistencias” al “imparable cambio” en la lucha por los derechos de las mujeres, así como en la necesidad de formación de los trabajadores de la Justicia, en referencia a las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Desde su equipo ponen en valor la línea marcada por el presidente del Gobierno de esperar a que se “unifique doctrina” y subrayan la trascendencia de lo que señalen en ese sentido tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía.
Precisamente este jueves, la propia Fiscalía puso en marcha la monitorización de la cascada de rebajas de condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En un escrito, la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica solicitó información a fiscales de todo el país sobre estos procedimientos. La Fiscalía se dispone ahora a analizar el impacto de la ley y los procedimientos de revisión puestos en marcha y arranca “un seguimiento de las resoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas”, informa Alberto Pozas.