Un nuevo informe de la Guardia Civil entregado al juez Pablo Llarena establece la posibilidad de que el grupo parlamentario Junts pel Sí “ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la representación del referéndum”. El instituto armado plantea esta hipótesis a partir del contrato de la cesión del espacio del Teatro Nacional de Catalunya (TNC) firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del grupo parlamentario, para un acto a favor del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio.
El gasto total fue de 17.690,20 euros abonados por el grupo parlamentario de Junts pel Sí. “Ese acto tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del SI en ese referéndum”, recoge el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es. El propio grupo parlamentario desveló la cifra de 17.690 euros el pasado mes de julio después de que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona requiriera al TNC el coste del alquiler de la sala del teatro.
El pago lo asumió JxSí y no el Govern para desvincular así al Ejecutivo catalán de cualquier gasto relacionado con el 1-O. Ya por el mes de julio el ministerio de Hacienda tenía un férreo control de las cuentas de la Generalitat, lo que no impidió, a criterio de los agentes, que el Govern pagara con fondos públicos el 1-O. Sin embargo, hasta este último informe los presuntos fondos malversados siempre habían salido de las arcas del Govern, no de los grupos parlamentarios.
Hasta ahora, la Guardia Civil no había incluido el alquiler de la sala grande del TNC a cargo de JxSí en los fondos presuntamente malversados para el 1-O en los informes entregados al Supremo. Sí lo había mencionado en un oficio dirigido, el pasado mes de julio, al juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum desde el mes de febrero y que ahora, al igual que el Supremo, indaga sobre la presunta malversación de dinero público el 1-O.
Los agentes, en este nuevo informe, añaden que el grupo parlamentario está obligado a “rendir cuentas anualmente, a la mesa parlamentaria, de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por el grupo parlamentario Junts Pel Sí y si se han empleado para cubrir los gastos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el Teatro Nacional de Catalunya”.
Asimismo, los investigadores comunican al juez que han abierto una nueva línea de investigación sobre la presunta malversación: indagan el posible pago con fondos públicos de unos informes realizados por Carles Viver Pi i Sunyer, expresidente del Consejo Nacional para la Transición, “y su entorno” relacionados con la preparación del referéndum. La Guardia Civil investiga además los 40.227,78 euros que se estima costó el “acondicionamiento” de una central de llamadas habilitada junto al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat para “gestionar y centralizar los datos del referéndum” y el material informático utilizado en el mismo.