El número 2 de Gürtel conocía tres meses antes “una operación de Rubalcaba contra el PP”
El número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, se ha desvinculado de la confesión que su exsocio y cabecilla de la trama, Francisco Correa, realizó ante el tribunal hace un par de semanas. Crespo ha negado los hechos relatados en el escrito de acusación de la fiscalía y ha rechazado también tener algo que ver con la “caja B” a la que supuestamente llegaban las comisiones ilegales que pagaban determinadas empresas a cambio de la adjudicación de obras.
Crespo ha negado conocer esa contabilidad paralela de la trama en dinero negro y ha asegurado que los pagos en efectivo que él mismo ha realizado procedían del dinero ingresado en los bancos. Preguntado por las cajas de seguridad que Correa tenía en distintas entidades, su mano derecha en la red de empresas admitió que estaba autorizado para acceder a ellas pero que nunca hizo uso de esos permisos. Y que en su propia caja de seguridad Crespo guardaba “una colección de relojes, documentos de correa y probablemente algo de dinero en efectivo”.
A lo largo de las más de tres horas de interrogatorio, el exsecretario de organización del PP gallego, a finales de los 90, ha ido negando los hechos y despejando las preguntas de la fiscal Anticorrupción. Crespo rechazó incluso que un pen drive con su nombre donde aparece parte de la contabilidad de la trama y que contiene una carpeta titulada “pufos Boadilla” tuviese algo que ver con él.
Con un tono pausado y repasando papel a papel los documentos que le exhibe la Fiscalía, Crespo sí admitió que la red recibió un chivatazo sobre la investigación en marcha. Ha asegurado que conoció la existencia de las pesquisas en noviembre de 2008, tres meses antes de que estallaran el escándalo con detenciones y registros. Se trataba, según ha detallado Crespo, de una investigación manejada por el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el juez Baltasar Garzón, el principal instructor de la causa, y unos “policías amigos”, con el objeto de perjudicar al Partido Popular.
Crespo ha explicado: “Había recibido rumores de que había una operación, voy a decirlo como lo tengo que decir… la información que yo tenía es que desde despacho del señor Rubalcaba, luego de Antonio Camacho (secretario de Estado con el primero y ministro después), con unos policías amigos, habían montado una operación contra el Partido Popular y que en ese asunto estaba involucrado el señor Correa por su relación con el yerno del señor Aznar”.
Durante la declaración de Correa se reprodujo en la sala una conversación telefónica en la que éste trasladaba a su interlocutor que Crespo no quería hablar nada por teléfono, que se limitaba a expresarse con monosílabos y que estaba “paranoico”. Pablo Crespo ha hecho mención esta mañana a esa conversación, como prueba de que él tenía conocimiento de que les estaban investigados. Por eso no quería hablar por teléfono, ha explicado.
A tenor de lo declarado por Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego, él no era el único que sabía de una investigación en marcha. El arquitecto financiero de la trama a partir de 2005, Ramón Blanco Balín, retiró su nombre de las sociedades creadas para hacer perder el rastro del dinero “un mes y ocho días” antes de las denciones y registros del 6 de febrero de 2009. “Podría especular... Yo creo que tenía algún conocimiento de la operación que se estaba montando entre el juez Garzón y otros personajes”, ha dicho Crespo.
Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, era amigo personal de José María Aznar y está imputado en la pieza de la Segunda Época del caso Gürtel. Según el sumario, Blanco Balín habría sustituido a Luis de Miguel, juzgado en esta pieza, en la tarea de poner en marcha la madeja societaria para ocultar el origen del dinero de la corrupción a través de paraísos fiscales.
La tesis de que el caso Gürtel es una maniobra de Rubalcaba y una “camarilla policial” para perjudicar al PP no es nuevo. En la oposición, distintos líderes de la formación trasladaron públicamente esa acusación.
Agente 81.067
De entre los policías, Crespo cargó más adelante contra el investigador principal, el agente 81.067. Ha asegurado que su primera declaración se produjo “en unas condiciones de amenaza y presión” por parte del mismo agente. “Blandía con mucha energía la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que decía que él también conocía”, ha relatado Crespo.
La fiscal Sabadell le ha preguntado entonces si en algún momento ha denunciado formalmente esta situación. Crespo ha redirigido la pregunta contra la fiscal al responder que la única denuncia que puso fue por las escuchas ilegales ordenadas por el juez Baltasar Garzón –por las que el juez fue condenado- y ha añadido que éstas se produjeron “con la aquiescencia de la Fiscalía donde usted trabaja”.
Sabadell ha insistido en preguntar por qué no le contó las supuestas amenazas del policía a Garzón o meses después al juez Antonio Pedreira. Crespo ha dicho que se trató de una “ratificación en cadena” y ha optado por insistir en que declaró tras tres días “en unos calabozos peores que una mazmorra de la Edad Media”, de la que no podía salir ni para hacer sus necesidades.
Después, ha seguido, pasó otro día en los calabozos de la Audiencia Nacional porque el juez no pudo tomarle declaración ese día, ni el fin de semana siguiente, “por razones personales de todos conocidas”. Se refería a la cacería en la que participó Garzón con mandos policiales del caso Gürtel y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien tuvo que dimitir por esa causa.
Crespo ha insistido en que la declaración ante Pedreira se produjo tras 70 días de escuchas ilegales de las conversaciones con su abogado, del que ambos desconocían que estuviera imputado, como así ocurría. El acusado ha insistido en que esas escuchas condicionaron el interrogatorio, como alegó su abogado, Miguel Durán, durante las cuestiones previas, con la intención de que fueran anuladas. El Tribunal desestimó tal pretensión.
