El ombudsman salvadoreño pide una investigación concluyente por el asesinato de Romero

El procurador de Derechos Humanos en funciones de El Salvador, Ricardo Gómez, pidió hoy al fiscal general, Douglas Meléndez, realizar una investigación “concluyente” del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien será canonizado este domingo 14 de octubre.

En un pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que fue leído en una marcha en la capital, Gómez llamó al fiscal general a que “desarrolle una investigación seria, eficaz, oportuna y concluyente sobre la ejecución extralegal de monseñor Romero”.

El defensor de derechos humanos señaló que “tanto la legislación procesal penal de 1974, como la vigente, le otorgan amplias facultades de investigación”.

Gómez también pidió al juez instructor de la causa, Rigoberto Chicas, que “cumpla con su obligación de proteger los derechos de las víctimas” y que “se abstenga de obstaculizar y coartar” las indagaciones sobre el avance del proceso hechas por la PDDH.

El procurador señaló en el escrito que el 23 de abril y 4 de octubre del año en curso representantes de la PDDH llegaron a la sede del Juzgado Cuarto de Instrucción, que dirige Chicas, para revisar el expediente del caso, pero que el juez no permitió la verificación.

“Tal actuación judicial no debe tomarse a la ligera, ya que obstaculiza el mandato constitucional conferido al defensor del pueblo”, subrayó.

Cientos de activistas y de víctimas de las violaciones a derechos humanos perpetradas durante la guerra civil (1980-1992) marcharon este miércoles por las principales calles de San Salvador para exigir que se acelere el proceso por el magnicidio de Romero.

Tras el final de la marcha, representantes de diversas organizaciones sociales presentaron al juez Chicas un escrito en el que pidieron que resuelva una serie de peticiones.

Wilfredo Medrado, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, que es parte querellante en el caso, señaló que entre las peticiones que el juez Chicas debe resolver se encuentra la de solicitar una difusión roja a la Interpol contra el capitán Álvaro Saravia.

En mayo de 2017, Chicas anuló el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra Saravia, el único procesado por el magnicidio y con paradero desconocido.

También han propuesto al juez, quien “ha manifestado que dará su resolución después de la canonización” de Romero este domingo, una “reconstrucción de los hechos con nuevas investigaciones y nuevos testigos”.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña, al difunto mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, Roberto D'Aubuisson.