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El juez rechaza que la ONG afín al PP sea ahora acusación contra Rodrigo de Santos en el caso de las violaciones a presos

El exteniente de alcalde de Palma de Mallorca y acusado, Javier de Rodrigo Santos

Pedro Águeda

El expolítico Rodrigo de Santos (fue teniente de alcalde de Palma con el PP) va camino de sentarse en el banquillo de los acusados por violar presuntamente en siete ocasiones a un preso y abusar de otro que pasaban los permisos en la ONG donde trabajaba el que fuera gran promesa del PP balear. La Fundación Horizontes Abiertos, con un patronato vinculado al Partido Popular, ha visto denegada por el juez su solicitud de ser acusación contra De Santos, presentada dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se ha desentendido de los jóvenes presuntas víctimas del depredador sexual.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha rechazado la personación como acusación particular de la ONG, fundada por el ya fallecido padre Garralda, y le ha otorgado la condición de responsable civil, de tal forma que si De Santos es condenado y se declara insolvente, deberá ser la fundación quien indemnice a las víctimas del expolítico del PP. Las víctimas denunciaron en un escrito que la ONG solo pretende lavar su imagen.

La primera víctima, un joven de 30 años en el momento de los hechos, denunció a Rodrigo de Santos en octubre de 2017. Dos meses después, el expolítico fue detenido y puesto a disposición judicial. El pasado mes de mayo, el juez procesó a Rodrigo de Santos por siete violaciones a un preso y dos agresiones sexuales a un segundo. El único vínculo que ha tenido la ONG con la causa desde entonces es que, tal y como desveló eldiario.es, Horizontes Abiertos compartió abogada con el presunto agresor sexual durante al menos un año a partir de que arrancar el caso.

Las dos víctimas de Rodrigo de Santos no han recibido asistencia de ningún tipo de la ONG desde que denunciaron. A ambos jóvenes el Juzgado les asignó abogados de oficio que, o se desentendieron de la causa o, como en el caso de la víctima de los delitos más graves, tuvieron una actitud de desprecio que acabó con una queja del chico ante el Colegio de Abogados.

Rodrigo de Santos llegó a la Fundación Horizontes Abiertos-Padre Garralda después de salir de la cárcel. Había sido condenado por abusar de un menor, amigo de sus hijos, y por gastar 50.000 euros de la tarjeta bancaria que poseía como concejal de Urbanismo de Palma en cocaína y prostitución masculina. Al salir de prisión, la ONG lo acogió como voluntario y acabó dándole un puesto de responsabilidad. De ese cargo se habría servido De Santos para coaccionar a sus víctimas, a las que obligaba a mantener encuentros sexuales bajo la amenaza de informar en contra de sus permisos y que tuvieran que volver a la cárcel, señala el juez en sus autos.

El magistrado Escalonilla asegura ahora que no se puede entender como “perjuicio” las consecuencias de imagen para la ONG que tienen los hechos investigados, como tampoco se puede considerar que las agresiones sexuales cometidas por Rodrigo de Santos contra los presos deban considerarse como sufridas como “propias” por la organización, en la medida en que tenía “el deber específico de protegerles”. Es más, razona el juez, el hecho de que uno de sus trabajadores infringiera ese principio hace a la fundación Horizontes Abiertos ostentar la condición de responsable civil subsidiario. Ambas decisiones pueden ser recurridas ante la Audiencia Provincial.

Una diputada del PP en la Asamblea de Madrid

El ascenso de Rodrigo de Santos hasta el puesto del que se valió, según el juez, para cometer presuntamente las violaciones tuvo lugar bajo la presidencia de María Dolores Navarro Ruiz, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella y recién elegida diputada de la Asamblea de Madrid.

En ese Patronato también había dos exconsejeros de Esperanza Aguirre que aún siguen. Se trata de Regina Plañiol y Luis Perales. El exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, se marchó por la gestión interna del caso de De Santos, pero ha vuelto de vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP.

Unos meses después de su llegada a Horizontes Abiertos como voluntario fue contratado para una sustitución, concretamente el 25 de marzo de 2015. Su ascenso a director del proyecto Javier, el que gestionaba las casas para presos, tuvo lugar en abril de 2017. En ese momento, la política del PP María Dolores Navarro llevaba ya de presidenta de la Fundación un año y medio. Navarro, una histórica del PP madrileño, tuvo que dimitir de la presidencia de la ONG por la polémica interna a raíz de la detención de De Santos.

Rodrigo de Santos solo fue apartado de su puesto al frente de las casas para presos después de que funcionarios de Instituciones Penitenciarias presionaran a Horizontes Abiertos. Navarro accedió a la destitución de De Santos de la dirección del Proyecto Javier el 1 de noviembre de 2017, doce días después de que su principal víctima acudiera a comisaría y una segunda lo hiciera una semana después.

La ONG alojó a la segunda víctima de Rodrigo de Santos, la que presuntamente sufrió dos agresiones sexuales, en la misma residencia a la que había desterrado al exconcejal de Palma después de que los dos jóvenes lo denunciaran ante la Policía. En esa casa de Villanueva de la Cañada (Madrid) tuvieron que convivir denunciante y denunciado varios días. La segunda víctima acabó allí después de que otro recluso asistido por la ONG le apuñalara en una de sus residencias días después de denunciar a De Santos.

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