La portada de mañana
Acceder
16 grandes ciudades no están en el sistema VioGén
El Gobierno estudia excluir a los ultraderechistas de la acusación popular
OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

Pablo González: un año en prisión acusado de espiar para Rusia sin que se conozcan las pruebas contra él

Alberto Pozas

24 de noviembre de 2022 22:39 h

0

Este noviembre el periodista español Pablo González Yagüe (Moscú, 1982) ha cumplido nueve meses entre rejas en una cárcel polaca, y los jueces de ese país han decidido prorrogar su encarcelamiento tres más. Acusado de espiar para Rusia aprovechando su condición de periodista y su libertad de movimientos para transitar zonas en conflicto bélico, este nieto de uno de los 'niños de la guerra' que ha cubierto distintos conflictos para medios de comunicación denuncia que, por ahora, las pruebas que supuestamente existen contra él para demostrar ese espionaje no se han hecho públicas mientras él sigue en prisión provisional.

Este jueves el tribunal regional de PrzemyÅ›l ha decidido prorrogar este encarcelamiento, por lo pronto, durante tres meses más. Como mínimo, por tanto, hasta que el periodista cumpla un año entre rejas si no hay una nueva decisión que revoque su situación de prisión provisional. Los argumentos del tribunal, por el momento, no son públicos.

La misma respuesta que el periodista español, que entre otros medios ha trabajado para La Sexta, Gara o Público, ha recibido de los jueces de Polonia desde su entrada en la cárcel en febrero de 2022 otras dos veces más. Desde el primer comunicado emitido por la agencia polaca de seguridad ABW, la acusación siempre ha sido la misma aunque hasta la fecha no han trascendido las pruebas que, según los investigadores, había entonces contra él. Tampoco en qué ha consistido la investigación que le ha mantenido entre rejas mientras el caso se prepara –o no– para ir a juicio.

Pablo González Yagüe nació en Moscú, nieto de uno de los 'niños de la guerra' que huyeron de la contienda civil y de la dictadura franquista para instalarse en Rusia. Cuando nació, su nombre era Pavel Rubtsov, aunque su madre se lo cambió al actual cuando se trasladaron al País Vasco tras divorciarse del padre. Varias informaciones emitidas por medios polacos posteriormente a su detención apuntaban a la existencia de dos identidades distintas, que su defensa justifica con este cambio de nombre cuando todavía era un niño.

No hay mucha más información sobre en qué consisten exactamente esas acusaciones de espionaje. Ni en qué conflictos habría espiado para Rusia ni qué información, supuestamente, habría pasado a Moscú escondido tras su carnet de periodista y en detrimento de qué Estado. Esta semana González ha recibido por primera vez una visita de su familia, dos horas tras las cuales, en un comunicado, sus allegados explicaron que el periodista “se encuentra física y anímicamente bien” y que “se ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al día de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en España como en Rusia”.

Después de esta visita en la cárcel al periodista, tanto su familia como uno de sus abogados, Gonzalo Boye, se reunieron con el cónsul de España en Varsovia. Desde su encarcelamiento en febrero de este año, desde el ejecutivo central español se ha incidido en el auxilio consular prestado y en el respeto a su presunción de inocencia. “El Gobierno de España lógicamente lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por lo tanto, a la Justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la Justicia española y la de cualquier país de la UE”, dijo Pedro Sánchez el pasado mes de julio. En su momento, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en sede parlamentaria que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había hecho una “visita” al periodista sin dar más detalles.

Pablo González cubre desde hace años información en distintas zonas de conflicto. “Siempre me he interesado por el mundo de la Europa oriental, central, los Balcanes y el Cáucaso”, decía sobre sí mismo en una entrevista en 2015. Y su arresto a finales de febrero no había sido su primer encuentro con las autoridades de países extranjeros: 20 días antes de su última detención también fue arrestado en Kiev cuando se dirigía al este del país a cubrir el incipiente conflicto armado bajo acusaciones de “prorruso”, según informaron varios medios de comunicación.

De su última detención solo se conoce la calificación genérica de un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del código penal de ese país: de uno a 10 años de cárcel para quien “esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia”. Tal y como explicó elDiario.es en este reportaje, para cuando fue arrestado la ultraderecha polaca ya había dedicado varias publicaciones en Twitter a su actividad, acusándole, por ejemplo, de promover la inmigración ilegal por haber cubierto una manifestación pro migrantes en Varsovia en noviembre de 2021.

Periodistas y juristas piden su libertad

En estos nueve meses, diversas personalidades del mundo de la judicatura y del periodismo se han agrupado para mostrar su apoyo y exigir la liberación del periodista español. El pasado mes de octubre decenas de personas firmaron varias cartas en este sentido remitidas, entre otros, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al ministro de Justicia de Polonia y a la directora de la oficina del Parlamento Europeo en España.

Unas cartas en las que periodistas y juristas acusaban a Polonia de estar “vulnerando flagrantemente el derecho internacional y el derecho comunitario de la Unión Europea” al prolongar la encarcelación de González, y en las que también pedían una “aclaración pública” a Albares sobre este asunto. “El Gobierno español y la Unión Europea no pueden seguir permitiendo que un ciudadano español, europeo, siga detenido en estas condiciones y que un país miembro de la UE viole de esta manera tan contumaz sus derechos fundamentales”, zanjaba la misiva. En la plataforma Change.org, la petición para que sea liberado acumula más de 42.000 firmas.