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Unidas Podemos atribuye a su programa las trabas del PSOE a la coalición
La pugna entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por cómo articular el entendimiento que debe garantizar el apoyo de Unidas Podemos a un Gobierno del PSOE sigue muy activa. El secretario general de Podemos intenta responder con un ejercicio de acumulación de fuerzas a los ultimátum lanzados por el líder socialista para que el grupo confederal renuncie a su presencia en el Consejo de Ministros.
La negociación se mantiene enconada y, mientras el líder socialista sigue sin desvelar cuándo intentará su investidura y reclama a PP y Ciudadanos que no la boicotee, Iglesias trata de recabar apoyos en la sociedad civil que respalden sus propuestas programáticas e, incluso, su idea de un Gobierno de coalición.
Sánchez e Iglesias han mantenido ya tres reuniones desde el 28 de abril. La última conocida, discreta y celebrada el lunes de esta semana, acabó peor que las anteriores, que habían sido públicas. Ambos dirigentes entraron en materia y constataron sus, por ahora, diferencias insalvables.
Los secretarios generales de PSOE y Podemos volverán a reunirse, también en secreto. Los líderes no soltarán las riendas de las negociaciones mientras no quede claro que habrá acuerdo. O desacuerdo. El riesgo de ruptura es real, pero también la voluntad de llegar a algún tipo de pacto en qué es eso que el Ejecutivo ha querido llamar “Gobierno de cooperación”.
Los socialistas lo tienen claro y asientan la definición en tres patas: “Una hoja de ruta de avances sociales” –un programa–; “cooperación parlamentaria, siendo Unidas Podemos socio preferente del Gobierno”; y la “cooperación institucional” con reparto de cargos. Eso sí, por debajo del Consejo de Ministros, al menos de momento.
El acuerdo sería así similar al que el PSOE ha firmado en el pasado con otros grupos parlamentarios a cambio de sus apoyos en la investidura. Pero en Unidas Podemos tienen claro que la oferta es, cuando menos, insuficiente. Ni el PSOE de 2019 tiene una mayoría como la de Zapatero de 2004 o 2008, ni el grupo confederal es comparable en votos y diputados a la IU de entonces o de los años 90, cuando consiguió sus mejores resultados históricos.
En Unidas Podemos siguen defendiendo un reparto proporcional del Consejo de Ministros. Y mientras el PSOE se decide, avanzan en la construcción de un programa que acordar. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ya señaló esta misma semana que la negociación es “un pack” que incluye tanto “los equipos” -es decir, los ministerios-, como definir las política que llevaría a cabo ese, de momento, hipotético Ejecutivo.
Apoyo de sindicatos, jueces y ecologistas
La intención de Unidas Podemos es recoger las propuestas de la sociedad civil organizada y recabar así su apoyo a un papel fundamental del grupo confederal en la legislatura que ahora comienza.
Iglesias se ha reunido este viernes con las cinco principales asociaciones ecologistas con presencia en España: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Junto al líder de Unidas Podemos han acudido a la cita la portavoz adjunta, Ione Belarra, Juantxo López de Uralde (Equo) y Eva García (IU).
Tras la reunión, Uralde reclamó a Sánchez la creación de una vicepresidencia de Sostenibilidad. Quien fuera presidente de Greenpeace en España, recordaba que “ya existe en el Gobierno valenciano”. “La crisis ecológica es de tal trascendencia que afecta a muchos departamentos, por lo que es necesaria e imprescindible una vicepresidencia de Sostenibilidad”, zanjaba.
El secretario general de Podemos, acompañado de Alberto Garzón, Noelia Vera, Rafa Mayoral y Yolanda Díaz, también se verá con los principales sindicatos del país este mismo lunes 24 por la tarde en el Congreso de los Diputados y a la cita acudirán los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Iglesias ya se reunió con ellos hace dos años, después de que los sindicatos de clase presentaran una iniciativa legislativa para establecer una renta mínima. El final de la pasada legislatura cercenó su tramitación parlamentaria, que deberá retomarse este año.
CCOO y UGT reclaman al PSOE que cumpla sus reiteradas promesas de derogar las reformas laborales, o al menos los aspectos mas lesivos de la que aprobó el PP en 2012 con su mayoría absoluta. Las reivindicaciones sindicales pasan, básicamente, por recuperar la capacidad de negociación colectiva ante el desplome de las condiciones laborales de los trabajadores. Es la forma, creen, de revertir la precarización de la economía y la caída de los salarios.
En una entrevista con eldiario.es, Sordo defiende que “un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no es peligroso”, sino “perfectamente viable” y pide “no demonizar” una “hipotética coalición”. El líder de CCOO cree que “el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de los últimos nueve meses ya no sirve” sino que “hace falta algo mucho más consolidado”. Y zanja: “No se puede ni plantear en serio la repetición de elecciones, tendrían unos efectos en el voto de izquierdas devastadores”.
El Gobierno en funciones, sin embargo, ya ha rechazado la posibilidad de derogar la reforma laboral. Pedro Sánchez ha señalado que su planteamiento pasa por un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos lo aceptan, pero siempre que se deroguen ya los aspectos más lesivos de las reformas laborales primero. Es una condición previa y un compromiso que, creen, el PSOE no ha cumplido.
En Podemos defienden esta posición, aunque Pablo Iglesias ha reconocido en público que la correlación de fuerzas no es suficiente para imponer la contrarreforma laboral que les gustaría.
Quien sí se ha pronunciado con bastante claridad ha sido la organización Jueces para la Democracia. En un comunicado, la organización progresista pedía que se forme “un gobierno que sume las fuerzas progresistas” que representan a la “mayoría social” que votó el 28A. Y zanjaba: “Un gobierno fuerte, de amplio respaldo parlamentario, de conformación plural, que haga posible el cambio de política que ha sido apoyada por la mayoría de la ciudadanía”.
El PCE pide implicar a sindicatos en la negociación
El papel de los sindicatos y distintas organizaciones sociales está todavía en el aire, más allá de las aportaciones programáticas que puedan plantear.
Pero el último Comité Central del PCE apuntó a implicarlos de forma activa en la negociación de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y en su posterior cumplimiento. El secretario general comunista, Enrique Santiago, fue el número tres en la lista de Madrid a las elecciones generales y forma parte de la dirección del grupo confederal.
En su último informe, del pasado 1 de junio, el máximo órgano del partido entre congresos señaló el riesgo de que “la opción rupturista sea derrotada durante este nuevo ciclo político por la opción restauradora o reformista”. Y apuntaba que su “tarea es garantizar al menos que no se produzca un cierre en clave autoritaria o en clave reformista”.
Para contrarrestar una correlación de fuerzas negativa para el espacio aglutinado alrededor de Podemos (123 diputados frente a 42), el PCE propone “la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados, integrada al menos por miembros de IU/PCE, que evaluara periódicamente el grado de cumplimiento de los acuerdos y su desarrollo”, decida o no la coalición liderada por Alberto Garzón formar parte del Gobierno o no.
En dicha comisión, prosigue el informe, “deberían participar las organizaciones sociales y sindicales” con el objetivo de vincularlas “al proceso de gobierno o apoyo parlamentario al gobierno”. “Nos convertiríamos en sus interlocutores sociales, apoyaríamos solidariamente la ejecución ministerial pero reservando nuestra total autonomía”.