La negociación de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ encara su recta final en el Congreso. Los socialistas buscan apoyos parlamentarios para sacar adelante en la votación este jueves su texto, con el que pretenden evitar, a futuro, los “efectos indeseados” de esta norma tras la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales desde su entrada en vigor.
Por el momento, los socialistas han dado su visto bueno a varias “enmiendas técnicas” planteadas por el PP, mientras advierten de que no aceptarán ningún cambio “sustancial” sobre su propuesta de contrarreforma. Todo apunta, por tanto, a que el PSOE sacará adelante su iniciativa con el apoyo de la derecha, después de que el debate siga enrocado con Unidas Podemos en la fórmula utilizada para subir las penas en los supuestos con violencia.
Las conversaciones seguirán a lo largo de esta tarde, aunque la sesión de la ponencia donde se han discutido las enmiendas de los grupos anticipa un escenario en el que los socios de la coalición votarán divididos la reforma de una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad. El texto que irá este martes en la Comisión de Justicia ha contado con el voto a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y PNV y con la oposición de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y la extrema derecha de Vox. La votación en el pleno está prevista para el jueves.
La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, confirmó este lunes que su grupo ha aceptado incluir en su texto una serie de enmiendas de los conservadores, aunque trató de remarcar que se limitan a corregir “errores” de la actual regulación de los delitos sexuales. Fuentes del PP también confirman los “contactos” con el PSOE y el acuerdo sobre “enmiendas correctoras”.
Los socialistas han aceptado dos enmiendas y han transaccionado en otras dos. La primera de las que han aceptado propone corregir el artículo que destipificó por error la distribución o difusión a través de internet o del teléfono de contenidos destinados a promover a la comisión de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años. La segunda prevé enmendar también la despenalización de la responsabilidad de la persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante.
Por otro lado, PSOE y PP han acordado retocar un párrafo del artículo 178, en el que se define el consentimiento y se recoge el tipo básico de agresión. El acuerdo es eliminar la frase “a los efectos del apartado anterior” del artículo 178.2, que es el que especifica que “en todo caso” se consideran agresión “los actos de contenido sexual” que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad o se ejecuten sobre personas privadas de sentido.
El objetivo, dicen fuentes socialistas, es evitar que pueda asociarse el precepto citado con la pena del artículo 178.1 (el tipo básico de agresión sexual, penado con uno a cuatro años de cárcel). Se trata, según estas fuentes, de una modificación “puramente semántica y aclaratoria” y que “en ningún caso subvierte la definición del consentimiento”. Ante los periodistas, Fernández ha insistido en que “la definición [del consentimiento] no se toca ni en una coma” y que ese cambio “hace referencia a la eliminación de un conector”. Ambos partidos también han acordado sustituir la palabra “circunstancias” por “modalidades” en el artículo 181, centrado en los actos de carácter sexual con menores de 16 años. Se trata, según el PSOE, de otra mejora técnica habitual en el “trabajo parlamentario”.
El PP, por su parte, trata marcar perfil propio en la negociación y dar relevancia a los aspectos acordados, que allanan su voto a favor de la propuesta socialista. “Modificar simplemente una palabra, una coma o un párrafo ya supone que tenga consecuencias en la propia comprensión del texto”, afirmó la diputada Marta González, quien reiteró que “hablar exclusivamente de tecnicismos no es muy correcto” porque “aún siendo tecnicismos, tienen significado y gran importancia”.
En este momento, todo apunta a que la reforma que saldrá finalmente adelante es la de los socialistas. Su iniciativa mantiene la unificación de los delitos de abuso y agresión, pero introduce de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. Lo hace introduciendo figuras agravadas en todos los tipos delictivos cuando el consentimiento se obtiene utilizando esos elementos.
Unidas Podemos presentó una propuesta alternativa en la que defienden que la violencia sea considerada una circunstancia agravante más (como la actuación en grupo o el parentesco), pues sus dirigentes creen que situar esos elementos en el núcleo del delito supone de nuevo centrar la discusión en la existencia de consentimiento. Pero su propuesta también ha suscitado las críticas del socio mayoritario porque conlleva mayores incrementos de pena que pueden provocar, a su juicio, condenas desproporcionadas.