La judicialización de la vida política que rige en España desde antes incluso del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017 ha llegado al súmmum y la gobernabilidad del país pende ahora de un escrito de la Abogacía del Estado sobre la posición que debe adoptar el Tribunal Supremo tras la sentencia europea que reconoce la inmunidad y la condición de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras.
De los razonamientos jurídicos de ese cuerpo de letrados que defiende los intereses de la Administración en todo tipo de pleitos cuelga el acuerdo que PSOE y Esquerra acarician desde hace una semana y al que el fallo del Tribunal de Luxemburgo añadió una nueva pantalla. Las posiciones ya estaban muy cerca el pasado miércoles, tal y como adelantó eldiario.es, y las dos partes han seguido negociando de manera discreta durante los últimos días. Hubo rifirrafes, sí, como cuando el ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que sus interlocutores habían abandonado la unilateralidad, pero el diálogo continuó. Esquerra no ha hecho causa siquiera con la posición de la Fiscalía del Supremo, que tardó menos de tres horas en reaccionar el pasado jueves a la sentencia europea y lo hizo para señalar que la sentencia que reconoce la condición de eurodiputado y la inmunidad a Junqueras no cambia nada ahora que ya está condenado.
Los republicanos pidieron ese mismo día un pronunciamiento de la Abogacía del Estado, una institución que, a diferencia de la Fiscalía, depende jerárquicamente del Gobierno y que tiene el camino allanado para registrar un escrito favorable a los intereses de Junqueras: ya se había mostrado en junio a favor de que el líder de Esquerra adquiriese la condición de eurodiputado.
Desde el minuto siguiente a la publicación del fallo en Luxemburgo, ERC dijo que las conversaciones quedaban en suspenso, a la espera de que fijase su postura el Gobierno. Y la forma que tiene de hacerlo es mediante una exposición razonada de la Abogacía del Estado al Supremo.
La presión de las derechas política y mediática sobre la institución se ha recrudecido en las últimas horas aunque tampoco es nueva. Cuando formuló la acusación en el juicio del procés y calificó los hechos como sedición, portavoces de Ciudadanos, Partido Popular y Vox acusaron a la institución de ponerse de rodillas “ante los golpistas”. La sentencia del Supremo dio la razón a los postulados de la Abogacía del Estado frente a la Fiscalía, que mantuvo la acusación por rebelión que jaleaba la prensa conservadora, pese a las dudas generales sobre la consistencia de invocar un alzamiento violento.
Vox, que ejerció de acusación en el juicio del procés y se quedó solo pidiendo más de 1.000 años de penas de cárcel para los líderes independentistas, se apresuró a difundir este lunes una nota de prensa con el resumen de lo que va a pedir al Supremo. Básicamente, reclamar la inhabilitación de Junqueras porque no existe ninguna causa que lo impida.
Ciudadanos no está en el juicio pero ha hecho de él el centro de su discurso durante el último año y su diputado y figura en alza, Edmundo Bal, que salió de la Abogacía del Estado acusando al Gobierno de Sánchez de cambiarle el escrito de acusación y también el relato de hechos del procés, compareció también ante los medios este lunes para pedir al Ejecutivo que “saque las garras” de la institución en la que ejercía hasta hace poco y que debe seguir siempre las instrucciones que le dé el gobierno.
Tampoco eso es novedoso: tras abandonar su puesto de jefe de la sección de Penal de la Abogacía para incorporarse al núcleo de confianza de Rivera, Bal se ha dedicado a denunciar un supuesto “golpe de Estado en Cataluña” y a mantener la tesis de la rebelión. Hasta que el Supremo dio la razón a su sustituta, Rosa María Seoane, a la que Bal presenta como correa de transmisión de los intereses más espúreos de Sánchez.
Junto a Ciudadanos, también el PP inauguró la semana con una iniciativa parlamentaria para exigir la comparecencia de Sánchez ante su “grave silencio” tras las “presiones” de ERC a la Abogacía del Estado. El criterio también es conocido: las derechas pueden basar toda su estrategia en exigir al Supremo una condena por rebelión a los líderes del procés o que se pronuncie ahora contra la inmunidad de Junqueras, pero cualquier otra posición es una intromisión intolerable en la Justicia. El número dos de Pablo Casado también salió a anunciar “una ofensiva política y jurídica” para denunciar “la utilización partidista de la Abogacía del Estado”.
En las sedes de PSOE y ERC, entretanto, la fecha de este lunes siguió marcada en rojo durante toda la jornada. El congreso de los republicanos había salido más que razonablemente el sábado -con un apoyo del 93% a las tesis políticas de su dirección- y desde luego no había supuesto nuevas trabas a una negociación que derive en la abstención de los 13 diputados y facilite el primer gobierno de coalición de la democracia.
Antes de su celebración, socialistas y republicanos habían intercambiado propuestas, pactado una mesa de diálogo al margen de la comisión bilateral, y negociado un acuerdo de investidura que incluya el aval a los primeros presupuestos de la era Sánchez con mayoría parlamentaria. Pero falta el gesto definitivo. Lo dijo la portavoz de ERC a media mañana en su comparecencia habitual de los lunes: “Faltan unos flecos”.
Vilalta evitó hablar del calendario en un país que acumula un lustro de inestabilidad política y ahora se resigna a vivir una sesión de investidura la víspera de Reyes. “No es una cuestión de fechas, de qué día va bien, es una cuestión de tener un buen acuerdo, que querrá decir que se ha activado la vía política y se ha desactivado la vía de la judicialización”, dijo la portavoz de ERC.
Para añadir algo de emoción, la Mesa del Congreso con la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, fijó este lunes el último fin de semana del año como período hábil y lograr así que los diputados estén prevenidos sobre una hipotética investidura que se debatiría el viernes, se votaría el sábado en primera vuelta y programaría una segunda votación para el lunes 30.
Los plazos irían muy justos porque aún en el supuesto caso de que el pacto se cierre, ERC debe aprobar una resolución en el Consell Nacional antes de votar en el Congreso de los Diputados. Los republicanos han demostrado menos prisa que el PSOE en este procedimiento y a estas alturas los dirigentes consultados apuntan a que España puede tener presidente el 5 de enero, con el país entero en las cabalgatas.
La prensa más conservadora entretiene la espera con el diccionario habitual de las grandes ocasiones y alerta sobre el grave peligro que vive España y habla de traición y felonía en unos editoriales que ya apenas inmutan en el Palacio de La Moncloa. Y lo previsible es que los decibelios irán a más cuando la Abogacía del Estado haga llegar sus alegaciones al Supremo. Un trámite inminente, según las fuentes consultadas.