El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha dicho hoy en el juicio contra los 19 acusados del intento de bloqueo al Parlament catalán en 2011 que algunos manifestantes tuvieron una actitud violenta, “que iba más allá de la protesta, y que golpearon el coche en el que trataba de llegar a la Cámara autonómica. La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel por delitos contra las instituciones del Estado y atentado contra la autoridad, mientras que la acusación popular, ejercida por el pseudosindicato Manos Limpias, solicita nueve años de prisión para cada uno de ellos
Artur Mas, que utilizado el privilegio de poder testificar por videoconferencia desde su despacho, ha relatado que algunos concentrados intentaron abrir la puerta del coche en el que viajaba y que tuvieron que girar hacia una comisaría cercana desde donde los servicios de seguridad habilitaron un helicóptero para trasladarle a él y otros diputados.
Mas ha defendido que el uso del helicóptero es “muy excepcional” máxime en momentos de austeridad, aunque ha reconocido haber recurrido a este aparato en alguna otra ocasión para poder llegar a tiempo a sus citas. “El presidente de la Generalitat tiene todo el derecho del mundo a utilizar el helicóptero si quiere, otra cosa es que no lo use”, ha añadido.
El presidente catalán, que no reclama ninguna indemnización por el acoso, ha explicado que aquel día se dirigía en su vehículo oficial hacia el Parlament cuando una gran cantidad de personas se acercó a la “cápsula presidencial”. Invitó a subir al automóvil a los diputados Antoni Fernández y al invidente Josep Maria Llop con su perro guía, que había sufrido “altercados” en momentos antes. En ese punto, ha recordado que un individuo, que no pudo identificar, intentó abrir las puertas del turismo aunque no lo consiguió gracias al cierre centralizado. Poco después, cambiaron de ruta y se refugiaron en una comisaría.
Los Mossos le sugirieron el helicóptero para garantizar una entrada de una forma rápida y segura y se subió en un primer vuelo junto a la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert. “Había una actitud de violencia más allá de la protesta, que se entendía muy bien. No solamente era una protesta sino un bloqueo de todos los diputados para acceder al Parlament”, ha indicado. “Estaba preocupado por la imagen de las instituciones catalanas, que estaban prácticamente imposibilitadas de ejercer sus funciones legislativas y de control de Gobierno”, ha señalado el 'president', para afirmar que ello “deterioraba mucho” la imagen de las instituciones y su “preocupación era dar un sentido de máxima normalidad” y que nadie resultara herido.
Artur Mas ha afirmado que el Departamento de Interior era el encargado de decidir el dispositivo policial bajo su “estricta responsabilidad” y que nunca había vivido “una operación de tal magnitud en la que todo el Parlament estaba imposibilitado de ejercer su normal trabajo”. Fue necesario cambiar el orden del día en la sesión en la que estaba previsto aprobar los presupuestos catalanes.
¿La Generalitat, una alta institución del Estado?
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha declarado impertinentes varias preguntas con tintes políticos efectuadas al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y ha evitado que responda si se considera afectado por un delito contra las altas instituciones del Estado español o si ve al Ejecutivo autonómico como un “alto organismo de la nación española”.
El abogado de la defensa, Gonzalo Boye, ha preguntado durante el juicio por el asedio al Parlament al líder catalán si reclama como afectado por un presunto delito contra las altas instituciones del Estado Español, una calificación que ha hecho posible que el caso se enjuicie en la Audiencia Nacional y no en Barcelona, contra el criterio de las defensas.
El presidente del tribunal ha intervenido para asegurar que la “única pregunta factible” sobre esta cuestión sería plantear al testigo si reclama algún tipo de indemnización. En las sesiones anteriores, otros diputados autonómicos también fueron cuestionados sobre la compensación económica, aunque no por la calificación jurídica.
Después de que Marlaska apuntase que la Generalitat ya ejerce la acusación y que Mas contestara que “por supuesto que no” pide ningún tipo de indemnización, el abogado de la defensa ha preguntado si la “Generalitat de Cataluña es un alto organismo de la nación, del Estado español”. “No le corresponde decirlo al presidente. No le compete”, ha puntualizado el juez.
La defensa ha mostrado su protesta por este hecho, así como por que tampoco se le permitiera preguntar a Mas si gastó 12,7 millones en el uso del helicóptero en el año 2011. El 'president' recurrió a este aparato para entrar al Parlament ante la “violencia” y la “coacción” que encontró cuando intentaba llegar a bordo de su vehículo oficial.
Los hechos que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración ante el Parlament, en Barcelona, provocó situaciones de tensión contra los parlamentarios, entre ellos Artur Mas, y bloqueó el acceso a la Cámara.
Artru Mas, que ha declarado en castellano para “facilitar la traducción” ante las dificultades del servicio producidas el día anterior, ha mostrado también su preocupación por la imagen que estos hechos pudieron dar de la “realidad catalana y de sus instituciones”.