El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que obliga a todas las instituciones y entidades que manejen fondos públicos a rendir cuentas y prevé sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información.
Según ha asegurado el consejero de la Presidencia Manuel Jiménez Barrios, con ella se ha aprobado “la ley más importante de toda la legislatura, con la que Andalucía se equipara a las democracias más avanzadas”, una norma que ha definido como “robusta” y “muy necesaria” que da cumplimiento a uno de los “principales compromisos” del acuerdo de Gobierno con IU, ha recordado.