Un comisario de Policía destinado en la cúpula del Cuerpo, al que el ministro del Interior defiende por sus “relevantes servicios” contra el crimen organizado y el terrorismo, ha sido reconocido por una mujer, “sin ningún género de dudas”, como el individuo que se le abalanzó en plena calle el 10 de abril de 2014 y apuñaló en el costado. Durante la agresión, siempre según la versión de la doctora y de su hijo de 10 años en sede judicial, el hombre afirmó: “López Madrid quiere que cierres la boca”.
El pasado martes, 19 de mayo, la doctora Elisa Pinto señaló la fotografía del comisario José Villarejo Pérez entre la decena de fotos de hombres de la misma edad y similar aspecto que le mostraron en la comisaría de Chamartín. Lo hizo en dos ocasiones, al término de una declaración denunciando el presunto acoso sexual a la que se ve sometida desde septiembre de 2013 por el consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, quién por este asunto está imputado y sobre el que pesa una orden de alejamiento.
En primer lugar, los policías mostraron a la doctora un folio con una decena de fotos de tamaño de carnet. Ella, según fuentes del caso, señaló de inmediato una de ellas. Dijo que era el hombre que la había apuñalado, pero que la foto no era reciente sino de hace 15 ó 20 años. A continuación, los agentes le presentaron otro folio, con otra decena de fotos de hombres más mayores, también parecidos entre ellos. De nuevo, sin dudar, Elisa Pinto señaló una de ellas. Las dos fotos marcadas corresponden al comisario José Manuel Villarejo Pérez, siendo la segunda instantánea tomada en fechas más recientes, según las mismas fuentes.
El acta del reconocimiento fotográfico -firmada por ella, su abogado y el instructor policial- recoge la expresión “sin ningún género de dudas” para referise a las dos identificaciones realizadas por la víctimas. Este acta y la denuncia se encuentran ya en poder de la titular del Juzgado número 26 de Madrid. Es allí donde está abierta una causa contra la doctora. Pinto está imputada por amenazas tras la denuncia que presentó López Madrid contra ella el 17 de marzo de 2014, en reacción a otra anterior por acoso que la doctora había interpuesto contra el yerno de Juan Miguel Villar Mir y que se instruye en el Juzgado 39. En esa denuncia se narran infinidad de llamadas y mensajes amenazantes a la doctora, que atendía en su consulta a López Hierro y al resto de su familia, desde distintos números.
La víctima había remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que denuncia las trabas y el nulo interés de la Policía por investigar su caso, a pesar de las 13 ocasiones en las que había visitado la comisaría de Chamartín para denunciar el citado apuñalamiento, otro que sufrió en el brazo por un individuo distinto y las amenazas y vigilancias a las que se han sometido a sus hijos, unos niños de corta edad. El secretario de Estado, Francisco Martínez, en lugar de ordenar una investigación interna, se limitó a dar traslado de las quejas al juzgado.
En ese escrito, la doctora también mostraba su extrañeza de que López Madrid hubiera acudido al Grupo V de Homicidios de Madrid para denunciar un supuesto delito de amenazas telefónicas que ella le habría proferido. Intrigada por estas dos cuestiones, la jueza pidió una explicación a Homicidios y a la Comisaría de Chamartín. Fue por ese motivo que al frente del caso se puso el comisario de Chamartín en persona, Jaime Barrado.
A los pocos días de hacerse cargo de la investigación, que no había avanzado un milímetro hasta entonces, Barrado fue relevado y enviado a la comisaría de Carabanchel, un distrito con un alto índice de delincuencia. Dentro de la Policía, la comisaría de Carabanchel es un castigo en toda regla. A Barrado, según fuentes policiales, se le dijo que iba a esa comisaría del sur de Madrid por sus capacidades, para que mejorara los resultados del centro policial.
Distintas mandos policiales consultados por eldiario.es muestran su convencimiento de que ha sido destituido por atreverse a investigar al comisario Villarejo. El relevo se produjo después de que el comisario, que se hizo cargo como instructor de las diligencias, ofreciera a la doctora ampliar su testimonio con los citados reconocimientos fotográficos.
La doctora ha asegurado a la Policía que el hombre que la apuñaló es el mismo que acudió a su consulta el 10 de diciembre de 2013, en compañía de López Madrid y que éste identificó como su abogado. Según el testimonio de la doctora, esa fue la primera vez que ella, sin saber aún quién era, veía al comisario Villarejo. Durante la instrucción, la defensa de López Madrid aseguró que se trataba del letrado Rafael Redondo, motivo por el que en una rueda de reconocimiento anterior a la del día 19, Elisa Pinto no pudo identificarlo.
Los trámites habituales implican que la titular del Juzgado 19 requiera ahora a la doctora Pinto para que ratifique su identificación indubitada en sede judicial. A partir de ahí, la jueza deberá decidir si la identificación del comisario y su coherencia con el relato representan indicios suficientes para imputar al comisario Villarejo. Esto será posible porque, como publicó El Mundo, la jueza ha abierto una pieza separada y secreta en la que investiga al mando policial, ya que la causa principal que instruye esa jueza va contra la doctora y no contra el policía o López Madrid.
La doctora fue apuñalada en el costado al detener su vehículo en la calle Triana de Madrid, con su hijo dentro, y bajarse a abrir el maletero. En la otra ocasión, un hombre más joven golpeó con una moto su coche, se introdujo en el asiento de detrás y la apuñaló en el brazo. “Estás indefensa”, declaró la doctora que le dijo el autor de esa primera agresión, antes de huir.
El propio López Madrid, según fuentes jurídicas, reconoció ante la otra jueza, la titular del Juzgado 39, que contactó con el comisario para que le asesorara en el conflicto que, según él, mantenía con la doctora. La doctora ha declarado que el propio López Madrid le trasladó que había contratado al policía Villarejo, especialista en callar “a las chulas” como ella.
Las citadas fuentes del caso aseguran que el hijo de 10 años de la doctora, quien presenció el apuñalamiento y fue amenazado, ofrece una descripción del hombre que se acercó a él a la salida del colegio muy parecida a la de la doctora. “Dile a tu madre que también estamos pendientes de vosotros”, le dijo ese hombre al niño el 21 de diciembre de 2013, según la declaración que consta en el sumario. En ocasiones posteriores, el mismo hombre aparecía a la salida del centro escolar y saludaba con la mano desde dentro de un coche al menor. El menor se encuentra en tratamiento psiquiátrico.
Fernández Díaz arropa al comisario
El comisario Villarejo ha aparecido citado en distintas informaciones periodísticas en los últimos tiempos. Primero fue como uno de los dos policías que se entrevistaron con el presidente Ignacio González una semana después de que el PP ganara las elecciones generales. Según un informe escrito después por Villarejo y un pequeño extracto de la conversación filtrado a dos medios, González habría pedido a los policías tapar el asunto del origen de su ático de lujo. El político asegura que que ambos comisarios acudieron a chantajearle.
Solo cuando El País publicó que el comisario amasa un patrimonio millonario, inédito en su escalafón policial, Jorge Fernández Díaz se vio obligado a anunciar una investigación interna por la grabación y por la fortuna del policía. Las dos fueron encargadas a un subordinado de Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Y las dos acabaron igual, con la conclusión del subordinado de Villarejo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, de que no existía irregularidad alguna por parte del comisario. El policía defiende que amasó su fortuna en los diez años que estuvo fuera de la Policía, entre 1983 y 1993, y que su entramado empresarial ha servido para dar cobertura a relevantes servicios al Estado.
Antes incluso de esas conclusiones, el ministro sorprendió con unas declaraciones en las que decía que era “de justicia” destacar los “relevantes servicios” prestados por Villarejo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Nada dijo Fernández Díaz de invetigaciones contra la corrupción. A pesar de ello, el ministro había condecorado un año antes a Villarejo por su implicación en las maniobras policiales que provocaron portadas sobre presuntas prácticas de corrupción de políticos catalanes, coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista. Se trataba, en muchos casos, de informes apócrifos o de “inteligencia” que no estaban incorporados a causa judicial alguna.
El respaldo del comisario por parte de la cúpula de Interior se volvió a evidenciar cuando, a cuenta del caso del Pequeño Nicolás y otras investigaciones, Villarejo se enfrentó al jefe de Asuntos Internos de la Policía, antes también implicado en la estrategia policial en Cataluña. El comisario Marcelino Martín Blas-Aranda ya no dirige Asuntos Internos y ha sido destinado a un puesto sin competencias. Una suerte parecida a la que ha corrido el comisario Barrado cuando se ha atrevido a investigar de una vez el caso de la doctora Pinto y Villarejo ha resultado identificado por la víctima.
La semana pasada trascendió que el comisario había denunciado a agentes del CNI, fiscales Anticorrupción, periodistas y otros policías por supuestamente formar una “organización criminal” que intentaba desprestigiarle. El Juzgado número 16 de Madrid archivó de plano la querella. Pocos días después, elconfidencial.com publicó que el comisario Villarejo está siendo investigado por un delito de revelación de secretos, en relación con el chivatazo que recibió un ciudadano indio, presunto cabecilla de una organización criminal.
La última vez que la cúpula de Interior defendió públicamente al comisario fue el pasado miércoles 27, en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, se limitó a reiterar, a instancias del PSOE, el resultado de las investigaciones internas realizadas por el subordinado de Villarejo y a recordar que el destino que ocupa el policía en la Dirección Adjunta Operativa fue decidida por el anterior gobierno socialista. Habían pasado ocho días desde que la doctora Elisa Pinto identificó “sin ningún género de dudas” al comisario Villarejo como el comisario que la apuñaló en el costado.