Combatir la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población, la violencia y la migración serán los principales retos de Alejando Giammattei, quien este domingo fue elegido como nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2020-2024.
En Guatemala, considerado como uno de los diez países más desiguales del mundo, la pobreza afecta al 59,3 por ciento de su población y es, entre otras causas, consecuencia de que miles de habitantes, especialmente de pueblos indígenas, migren hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
El país centroamericano, en donde el salario mínimo es de 2.992.37 quetzales mensuales (388,6 dólares) y el costo de la canasta básica alimentaria supera los 3.597quetzales (467,1 dólares), tiene a casi la mitad de sus niños menores de cinco años (49,8 por ciento) con desnutrición crónica, la tasa más alta de América Latina.
De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el uno por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suman el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad especialmente a los indígenas.
Diversos estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseveran que los países más desiguales tienden a mostrar un peor desempeño económico y a tener mayores problemas para reducir la pobreza por la falta de capacidad de consumo y de oportunidades de empleo e inversión.
Y en este contesto, los pueblos indígenas denuncian que continúan siendo marginados del desarrollo y actualmente se enfrentan a la explotación de los recursos naturales en su territorio.
El combate de la violencia es otro de los desafíos del nuevo presidente, que el 14 de enero próximo sustituirá en el poder a Jimmy Morales, cuyo Gobierno se propuso como una de sus prioridades reducir la criminalidad en el país.
Su administración, según reconocen algunos organismos de derechos humanos como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ha reducido los homicidios, pero Guatemala sigue siendo considerado como uno de los países más violentos e integra, junto a El Salvador y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las áreas más pobres y violentas del mundo.
De los 4.778 asesinatos con los que cerró el país en 2015, según las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en 2018 se registraron 3.885 asesinatos, es decir, 893 menos en los últimos tres años, que representan un 18,6 por ciento.
Pese al descenso de la criminalidad, son miles los guatemaltecos que cada año buscan alcanzar el denominado “sueño americano” ante la falta de oportunidades en su país, pero también por el territorio han pasado varias caravanas de migrantes provenientes desde El Salvador y Honduras, que huyen de la miseria y la violencia.
Las pandillas, más conocidas como “maras”, prácticamente tienen de rodillas a los guatemaltecos por las constantes extorsiones que afectan, sobre todo, al transporte de pasajeros y a los comerciantes, flagelo que contribuye con la migración irregular.
El reto del nuevo jefe de Estado será no solo mejorar las condiciones de seguridad y generar empleo para contener la migración, sino también decidir si continúa o da marcha atrás al acuerdo de tercer país seguro que firmó Guatemala con Estados Unidos, su principal socio económico.
Las remesas que cada año envían los guatemaltecos radicados en el país del norte representan un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y este año las previsiones de las autoridades de la Junta Monetaria (JM) es que se llegue a los 10.100 millones de dólares.
Estos retos fueron confirmados por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, quien explicó a EFE que el desafío más importante del próximo Gobierno será “abordar de fondo el problema tan lacerante de la desnutrición”, de la lucha anticorrupción, la asignatura pendiente de Morales.
Rodas lamentó que lejos de avanzar “retrocedimos” con el Gobierno actual debido a la próxima salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y enfatizó que la atención a la infancia será vital para asegurar el futuro del país y avanzó que Giammattei pone en cuestión el papel porque “lo deja abierto al control del mercado”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, detalló a Efe que el próximo Gobierno debe “concentrarse mucho en la generación de empleo como una fuente para contrarrestar la violencia en el país”, además de “generar condiciones para descentralizar las actividades económicas y la inversión en infraestructura”.
En cuanto al plan de Gobierno de Giammattei sostuvo que lo importante es saber “cómo lo hará, con qué equipo y con qué financiación”, y sugirió que hay oportunidades de invertir en temas de alianzas públicas y privadas y atención a la desnutrición crónica.
Además, pidió que los próximos años sean de “desconfrontación” para “seguir trabajando por el futuro del país viendo para adelante”, dejando atrás la polarización que se agudizó “hace unos cinco años”, pues es tiempo de que temas como la lucha anticorrupción “sigan siendo apoyados, pero con propuestas y no solo con protestas”.
Entres las principales propuestas del plan de Trabajo de Giammattei, que ha reconocido que Guatemala no tiene la capacidad para ser un “tercer país seguro”, figuran ampliar las zonas francas y económicas industriales, los parques tecnológicos, las alianzas público-privadas, aumentar las concesiones y la inversión en obras del Estado.
También impulsar iniciativas de ley que estimulen las inversiones y les den mayor seguridad jurídica, la búsqueda de nuevos mercados y acuerdos comerciales para potenciar las exportaciones, así como aumentar el empleo en Guatemala donde el 80 por ciento de la actividad económica se concentra en la informalidad.