El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este miércoles que los parlamentos autonómicos pierdan la capacidad de proponer magistrados para los tribunales superiores de Justicia (TSJ). El órgano de gobierno de los jueces, que mantiene su composición de 2013 cuando el PP tenía mayoría absoluta y lleva más de un año en funciones, ha aprobado por 13 votos a 8 su dictamen sobre el anteproyecto de proposición de ley impulsado por la Comunidad de Madrid.
La iniciativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso propone reformar un determinado aspecto de la ley del Poder Judicial, que prevé desde 1985 que una de cada tres plazas de las salas de lo Civil y Penal de los TSJ se cubran con juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma en cuestión propuestos por la mayoría de la asamblea legislativa. No obstante, siguen siendo los vocales del CGPJ -designados por las Cortes Generales- los que eligen entre la terna propuesta por los parlamentos basándose en criterios de “mérito y capacidad”.
El informe, del que ha sido ponente el vocal Juan Martínez Moya, destaca que la propuesta de la Comunidad de Madrid es una “opción” dentro del margen que concede la Constitución a este asunto y subraya que la participación de las asambleas autonómicas en la designación de estos magistrados es “limitada y no condiciona ni limita la decisión final”. Recuerda que el CGPJ, como ha hecho en varias ocasiones, puede pedir una nueva terna a las asambleas autonómicas por no reunir ninguno de los candidatos el mérito y capacidad suficientes.
Los vocales que han discrepado con el aval que el CGPJ ha dado a esta iniciativa son Vicente Guilarte, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez, Victoria Cinto y Enrique Lucas, que ha anunciado que presentará un voto particular. Parte de los vocales discrepantes consideran que la iniciativa del Gobierno de Díaz Ayuso tiene un “marcado tinte ideológico”, no se ajusta a una necesidad específica y “compromete” la participación de las autonomías en el Poder Judicial, según las fuentes jurídicas consultadas.
El Gobierno de Madrid presentó su anteproyecto –que tras su tramitación en la asamblea regional debe pasar por el Congreso de los Diputados– el pasado octubre con el objetivo de incrementar la “despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia”. Su propuesta es que el tercio de las plazas de las salas de lo Civil y Penal de los TSJ para las que ahora propone candidatos las asambleas autonómicas sean elegidas por “concurso” por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma y, las restantes, por el CGPJ.
Las salas de los Civil y Penal de los TSJ son las encargadas de investigar y juzgar a los miembros del Gobierno autonómico y también a los parlamentarios. El PP y Ciudadanos ya intentaron sin éxito incluir el cambio que propone el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.