Policías nacionales presionan para que se exculpe a los tres agentes que mataron a tiros a un joven en Vallecas

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, ha convocado a los agentes del Cuerpo a que se manifiesten en contra de la decisión de un juez de Madrid de enviar al banquillo a tres policías por matar a tiros a un joven en el rellano de su casa de Vallecas. Los funcionarios policiales intentan presionar contra una posible condena manifestándose ante los juzgados de Plaza de Castilla este viernes, durante la vista previa a la formalización del tribunal del jurado, competente para juzgar delitos de homicidio. Nueve ciudadanos y un magistrado decidirán en los próximos meses si los tres agentes son culpables del delito que se les imputa.

Los policías nacionales han sido enviados a juicio después de una instrucción que se ha prolongado durante un año y que ha contado con informes del grupo de Homicidios y de la Brigada Científica de la propia Policía, los testimonios de los acusados y de varios testigos. 

Jupol, habitual promotor de manifestaciones de la derecha y la extrema derecha contra el Gobierno, ha convocado a todos los agentes del Cuerpo a protestar contra la decisión judicial. “Exigiremos el sobreseimiento del caso y la absolución [de los tres policías]”, dijo este jueves el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, en un acto con medios de comunicación. 

Para movilizar a los policías nacionales, Jupol ha difundido un fotomontaje en el que planta tres cruces ante los juzgados de Plaza de Castilla, una por cada uno de los agentes que se sentarán en el banquillo de los acusados. Kebyn Brayan Peralta Asencio tenía 20 años cuando el 26 de noviembre de 2021 fue alcanzado por seis de los al menos 18 disparos que realizaron tres agentes en el rellano de su casa del barrio de Palomeras, en Vallecas. 

La madre de Kebyn había avisado a la Policía porque el joven actuaba de forma violenta y había intentado agredir a su hermano. La mujer quería que los policías calmaran al chico o que lo sacaran de la casa. Según su testimonio, al poco de que tomaran el escudo protector y subieran a su domicilio, oyó disparos. Esther Asencio ya no volvió a ver a su hijo con vida. De origen dominicano y española de nacionalidad, Asencio ejerce la acusación particular. 

Los policías contaron al juez que abrieron el piso con las llaves que les había facilitado la madre y que el chico se abalanzó contra ellos intentando apuñalarles en repetidas ocasiones. Ellos se habrían defendido con el escudo hasta que el agente que lo portaba perdió el control de la protección. Uno de los policías aseguró que no tuvo más remedio que disparar para salvar su vida, lo que imitaron otros dos policías. 

6 impactos de 18 disparos

Un informe forense determinó que los seis disparos –de los al menos 18 efectuados– que alcanzaron al muchacho lo hicieron en el torso, donde debían apuntar los policías, pero también que fue la cantidad de impactos de bala que recibió la víctima lo que hizo imposible a los sanitarios salvarle la vida. Los médicos le encontraron esposado y boca abajo cuando llegaron a la novena planta del edificio. 

Según los policías, aun después de haber alcanzado en seis ocasiones a Kebyn, tuvieron que golpearle con las defensas para que soltara el cuchillo. El arma tenía 12 centímetros de largo y 2,3 de ancho, algo más grande que los cuchillos que se utilizan como cubierto para cortar carne. El cuchillo apareció sin mango y sin huellas. 

La defensa de los policías intentó argumentar que las sustancias estupefacientes que aparecieron en el cuerpo del chico explican una resistencia tan feroz (pesaba 70 kilos y medía 1,70). El juez aguardó a un nuevo informe al respecto para adoptar una decisión y, a la vista del mismo, decidió enviar al banquillo a los policías. 

El secretario general de Jupol ha afirmado que la imputación de los policías responde a haber utilizado “el único método que tienen para defenderse de una agresión”. Aludía a que los agentes no disponen de pistolas táser. De ello y de que el protocolo del uso de arma de fuego date de los años ochenta, Aarón Rivero responsabilizó a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior, a los que también acusó de no haber prestado ayuda psicológica a los agentes. “Es un suceso que te puede marcar de por vida”, dijo.

Una protesta “poco estética”

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial afirman que para considerar que se ha producido una interferencia en la acción de la justicia habrá que atender a la repercusión que tenga la protesta. En cualquier caso, recuerdan, un posible amparo tiene que ser solicitado por el juez en cuestión.

Consultada por elDiario.es, la Asociación Profesional de la Magistratura asegura que el único modo de protestar contra una resolución judicial son “los recursos” ante la instancia adecuada. Jueces y Juezas para la Democracia afirma que los policías “están en su derecho” de manifestarse. 

Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha declarado que “la confianza en la Justicia debe ser todavía mayor en el caso de los funcionarios públicos, especialmente quienes son agentes de la autoridad judicial”.

“El derecho de reunión y de manifestación es incuestionable, pero no parece lo más estético que sea justamente a la puerta de los juzgados donde se proceda a la manifestación puesto que cualquier funcionario público sabe que las decisiones que pueda tomar un juez son completamente independientes -porque es su obligación- del parecer de la opinión pública”, añade Fernández Vaquero.