Portavoz de la asociación Francisco de Vitoria: La amnistía tiene difícil encaje en la Constitución

Madrid, 10 sep (EFE).- El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha destacado que una ley de amnistía del procés “es una medida que tiene difícil encaje en la Constitución” y que “preocupa” en la carrera judicial.

En una entrevista con EFE, el portavoz nacional de la asociación deja claro que una ley de amnistía es una cuestión política que tendrán que manejar las Cortes, pero llegado el caso ya avisa de que su asociación estará vigilante en que se cumpla la Constitución.

De esta forma serán “exigentes” para que “todos los procedimientos que se tengan que adoptar en relación con esta cuestión se hagan siempre dentro del marco constitucional”.

Con todo, advierte: “Como jueces que somos, a priori, es una medida que tiene difícil encaje en la Constitución” y vaticina que previsiblemente está ley acabará en el tribunal de garantías.

La ley de amnistía que exige el expresidente catalán Carles Puigdemont para que Junts apoye la investidura del próximo presidente del Gobierno no gusta a la judicatura, mucho menos en el Tribunal Supremo que ha diseñado toda la arquitectura jurídica contra el procés, avalada posteriormente por el Constitucional.

Fernández Vaquero entiende que la amnistía capitaliza el debate político a partir de unos resultados electorales que, por otra parte, complican aun más el desbloqueo del Poder Judicial, si bien “lo que dificulta más es la necedad de nuestros representantes -opina-”.

EL JUEGO “PERVERSO” DEL PSOE Y DEL PP CON LA JUSTICIA

“Somos pesimistas porque no vemos que esta actuación se vaya a producir ni de manera inmediata ni consensuada”, explica el portavoz, para quien “el problema es que ese diálogo básico entre partidos no existe, se ha roto” y así “es imposible” resolver la crisis.

Culpa directamente a los políticos hasta el punto de manifestar: “Nuestros representantes nos han llevado a una situación en la que la mitad del país quiere excluir a la otra mitad”.

Desde su asociación trazan un futuro panorama sombrío, tanto como “el tránsito por el desierto” que han supuesto estos últimos cinco años con un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado, 83 vacantes de magistrados sin cubrir, el Supremo al borde del colapso y una bicefalia con dos presidentes -CGPJ y Supremo- “haciendo algo que no les corresponde”.

“Estamos en una fase de práctico hundimiento del sistema” que “requiere un actuación inmediata, sensata y consensuada por los principales partidos”, quienes “han interpretado que el CGPJ es un órgano que tiene que reflejar las mayorías y minorías parlamentarias cuando esto es contrario a la Constitución”, pero “ellos están en un juego perverso” y solo “les interesa el corto plazo”.

EL FALLO DEL TC SOBRE EL CGPJ NO TENDRÁ CONSENCUENCIAS

Por eso, tampoco cree que el fallo del TC sobre la reforma que prohibió al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones, que fuentes jurídicas consultadas por EFE apuntan a que será avalada por el tribunal, ayude a despejar la cuestión, porque “si esta reforma no doblegó la resistencia del PP y si no la ha doblegado en tres años no lo hará ahora por mucho que diga que sí el TC”.

Al respecto, tilda de “perverso” que el PSOE haya tratado de “forzar así al PP creando un problema a la Justicia” y que “el PP se oponga con mil excusas diferentes por intereses propios”.

“Estamos en una situación de hundimiento moral de tal calibre que es casi imposible que con estos mimbres podemos construir nada mínimamente sólido”, explica el portavoz de la asociación, que es partidaria de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo antes de renovar, que “no es la que dice la UE”, desde donde se apuesta por lo contrario.

A la espera de que se despeje el escenario político, recuerda que este mes el TC tiene previsto resolver el recurso de seis magistrados de la AJFV tras el fallo de Estrasburgo sobre el bloqueo del CGPJ que reprochó al TC que vulnerase sus derechos, por lo que confía que los magistrados “tomen una decisión que se acomode al TEDH”.

Rafael Martínez