El PP prometió acabar con la doctrina Botín antes de que imputasen a la infanta en el caso Nóos
El Gobierno del PP prometió en 2013 que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal iba a acabar con la doctrina Botín dando más poder a las acusaciones populares. Sin embargo, cuando dos años después se presentó la reforma en el Congreso, y tras el avance de los casos Bárcenas y Nóos, el texto no hizo mención alguna a la anulación de la doctrina.
Fue el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien durante una comparecencia en el Congreso en mayo de 2013 detalló algunos de los puntos que recogería la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque no era el motivo de la comparecencia, el ministro quiso adelantar “algunas de las novedades”.
El primer punto que mencionó Gallardón era que se ampliaban las facultades del acusador popular, es decir, que se acababa con la doctrina Botín, que mencionó expresamente durante su exposición.
“Hasta ahora, es la conocida doctrina Botín o Atutxa, si la acusación particular y el ministerio fiscal pedían el sobreseimiento, el juez lo acordaba necesariamente. Ahora se reconoce a la acción popular la legitimidad para instar y obtener ante el juez de garantías, sin ningún otro apoyo, la apertura del juicio oral”, dijo el ministro.
Entre esas palabras y la presentación de la reforma, donde no se incluye la promesa del ministro, pasaron dos años. Durante esos dos años, Gallardón abandonó su puesto por las discrepancias sobre la ley del Aborto, y continuó en los juzgados la instrucción de los casos Bárcenas y Nóos.
En el caso Bárcenas, y poco después de la comparecencia del ministro, el juez encargado del caso, Pablo Ruz, excluyó de la acusación al PP y apuntó a que el partido podría ser considerado responsable civil subsidiario.
Ese extremo se confimaría meses después. Para intentar eludir la acusación, el PP echó mano en 2015 de la doctrina con la que había prometido acabar.
En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, aseguraba que las acusaciones populares del caso no estaban legitimadas para reclamar la responsabilidad civil del PP por un caso de delito fiscal. Al igual que ocurre con la infanta Cristina, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no veían delito.
Durante el tiempo que transcurrió entre la promesa del ministro y su incumplimiento también avanzó la instrucción del caso Nóos hasta llegar a la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal. De hecho, solo unos días después de la comparecencia de Gallardón, el juez Castro comenzó a investigar a la hermana del rey.
Desde un primer momento se habló de la posibilidad de que los abogados de la mujer de Iñaki Urdangarin intentasen que no se sentase en el banquillo de los acusado en base a la doctrina Botín.
El lunes, en el primer día del juicio del caso Nóos, la doctrina Botín ha sido motivo de debate entre acusaciones y defensas. Los abogados de la infanta, como se preveía, han pedido que su defendida no sea acusada, y lo han argumentado aludiendo a la doctrina con la que el PP prometió acabar.
El PP rechazó recuperar su promesa
El PP pudo recuperar su antigua promesa de acabar con la doctrina Botín durante el trámite de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el Congreso, pero no lo hizo.
UPyD presentó una enmienda al texto que daba más poder a las acusaciones populares, lo mismo que había anunciado Gallardón, para que ningún imputado pudiese librarse de la apertura de juicio oral echando mano de la doctrina Botín.
Así lo han recordado el lunes en las redes sociales la entonces portavoz parlamentaria de la formación, Rosa Díez, y el cabeza de lista del partido en las pasadas elecciones generales, Andrés Herzog.
Los populares votaron en contra de esa enmienda. Tampoco recibió el apoyo del PSOE, que optó por la abstención al igual que el resto de grupos a excepción de UPyD.
Los socialistas no apoyaron la enmienda, a pesar de que habían reprochado al PP que se acogiese a la mencionada doctrina en el caso Bárcenas.
