El PP cambia el discurso de la libertad y las cañas, pide más restricciones y dice que si Sánchez no actúa causará 20.000 muertes

Apenas ha transcurrido una semana desde que Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones madrileñas. La candidata del PP para presidir la Comunidad de Madrid logró más que duplicar el número de escaños logrados en 2019 –pasó de 30 a 65, a cuatro de la mayoría absoluta– con un discurso basado en “la libertad” de hacer lo que a uno le dé “la gana”, en un contexto de hastío ciudadano por las restricciones forzadas por la pandemia. Ocho días después de los comicios, sin embargo, su partido ha dado un giro radical a sus mensajes.

Ahora, en lugar de reivindicar la “libertad” de “tomarse una cerveza” o “la libertad de salir de trabajar y poder ir a tomarse algo”, como insistió una y otra vez Ayuso en campaña, el PP plantea “limitar derechos fundamentales” ante las imágenes de cientos de ciudadanos que, repitiendo la consigna de la “libertad” de la presidenta madrileña –y, en algunos casos, reivindicándola directamente, mencionando su nombre–, se han aglomerado en las calles para beber sin respetar las medidas sanitarias después de que el domingo concluyera el estado de alarma y, por tanto, finalizaran también los toques de queda.

El mismo Pablo Casado que se opuso a esa excepcionalidad constitucional de la alarma, que vaticinó que votaría 'no' en el caso de que el Gobierno planteara ampliarla y que, además, apoyó a pies juntillas las proclamas de Ayuso sobre la libertad, reclama ahora al Ejecutivo que actúe para limitarla aplicando su cacareado “plan B jurídico”, tumbado en el Congreso en noviembre ya que solo lo apoyó el PP. La propuesta, que consiste en la modificación de un artículo de una ley de 1986, contempla “controlar o limitar las entradas y salidas” así como “limitar el movimiento” pudiendo “afectar al derecho a la libre circulación o al derecho de reunión”.

Si el Gobierno no aprueba esa legislación alternativa, Casado amenaza con responsabilizar a Pedro Sánchez de los muertos que se vayan a producir aún en las próximas semanas por culpa de la COVID-19. Casado dice que pueden llegar a ser 20.000 esos nuevos fallecidos de los que culpa ya al presidente del Gobierno.

Como el líder nacional de su partido, Ayuso también pidió este miércoles una ley de pandemias tras el fin del estado de alarma. “No tenemos responsabilidad ni herramientas para impedir que la gente salga a la calle, haya botellones o se celebren fiestas ilegales”, decía la candidata del PP a las elecciones del 4M después de haber planteado toda su campaña en torno a la “libertad”.

En realidad Ayuso, al igual que el resto de gobiernos autonómicos, puede imponer medidas restrictivas que tendrían que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero ha renunciado a ello. Además, tal y como explicó el consejero de Justicia, Enrique López, el pasado viernes, los botellones están prohibidos en la región según establece una ley autonómica. En ese caso, la autoridad competente para perseguirlos e imponer multas es la Policía local, que depende a su vez en la capital del Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular.

La “limitación de la libertad” del PP

“¿Cómo puede presumir de vacunación cuando no ha hecho más que entorpecerla y ya tenemos 125.000 fallecidos por COVID?”, le preguntó Casado a Sánchez este miércoles, durante la primera sesión de control al Ejecutivo tras las elecciones madrileñas. “Y ahora dice que la pandemia es cosa del pasado porque quedan 99 días para la inmunidad de rebaño. ¿Pero para usted es asumible 99 días con 200 muertos como ayer [por el martes]? ¿Usted no va a hacer nada para prevenir otras 20.000 víctimas del COVID en España?”, le reprochaba, antes de volver a mentar su “plan B jurídico”.

Para el líder del PP, que hace apenas una semana reivindicaba en la campaña madrileña la “libertad” total, “en España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales como la limitación de la libertad de movimiento”. “Las autonomías ya no pueden hacer nada, usted es el único responsable”, añadía Casado, obviando que las comunidades sí pueden decretar confinamientos municipales o, llegado el extremo, pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios. “Usted está demostrando que con tal de no dar su brazo a torcer puede llevar la contraria a ministros, a barones, a sus socios de Gobierno, al Consejo de Estado, hasta los jueces y hasta los sanitarios. Sea valiente, defienda a los españoles con todos sus medios porque su empecinamiento cuesta vidas”, concluía Casado, pidiendo así a Sánchez nuevas restricciones.

Nada que ver con lo que proclamó el PP en la campaña madrileña. Aún en estado de alarma y cuando los casos de contagios no paraban de crecer en la Comunidad de Madrid, Ayuso definió la vida “a la madrileña” con las siguientes palabras, durante uno de sus mítines, hace solo dos semanas: “Aunque madrugue y aunque pelee y aunque sufra, por las tardes compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero y si voy a misa, o voy a los toros, o no voy a ningún lado, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre”.

Este miércoles, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, responsabilizaba a ese discurso de Ayuso de la reciente recomendación del Reino Unido a sus nacionales para que no viajen por turismo a España. “El Reino Unido acaba de publicar un semáforo en el que lista los países, no las regiones, sobre la base de la situación epidemiológica en cada país. España ha estado trabajando y sigue trabajando con Reino Unido para compartir toda la información a nivel nacional y también a nivel regional (...) para que Reino Unido tenga confianza en la manera en que España y sus comunidades están gestionando la evolución del COVID”, sostenía González-Laya en el Congreso durante una respuesta al PP durante la sesión de control al Gobierno.

“Pero de repente llega una comunidad, con una presidenta a la cabeza, que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando y donde le dé la gana. Es más, a los que dicen que hay que respetar unas reglas de distanciamiento social, que hay que ser prudentes y responsables se les acusa de ser comunistas”, proseguía la ministra de Exteriores señalando directamente a la gestión de la pandemia que ha hecho Ayuso.

A partir de ahí, Laya reprochaba que las cifras de la Comunidad de Madrid, que es la segunda en incidencia acumulada en los últimos catorce días por detrás de Euskadi, lastran las opciones de España en la competición por el turismo internacional. “Si le importa el turismo asegúrense de que controlan la pandemia, que invitan a los ciudadanos a respetar las pautas y que animan a los ciudadanos a ser responsables y así vamos a lograr entre todos que Reino Unido nos coloque en la luz verde. Si no hace eso, no necesitamos sus lágrimas de cocodrilo”, le espetaba al diputado del PP Agustín Almodóbar.

Ayuso acusa al Gobierno de “criminalizar a los madrileños”

En respuesta a la ministra, Ayuso acusaba este miércoles al Gobierno de “criminalizar a los madrileños” y a la “hostelería”. Y, en su primera comparecencia pública como presidenta –casi– electa tras su victoria holgada en las elecciones del 4 de mayo, la candidata del PP dejaba claro que no piensa cambiar ni un ápice de su estrategia de confrontación contra el Gobierno de Sánchez en esta nueva etapa al frente del Ejecutivo autonómico ahora que previsiblemente gobernará en solitario. Una estrategia que puso en marcha desde que Sánchez fue investido en enero de 2020 y que se ha basado en ser la oposición institucional al Gobierno a la vez que desde su administración renuncia a la gestión.

Ayuso anunciaba desde la Puerta del Sol lo que calificó de “mensaje político”: que pondrá en marcha en las próximas semanas una comisión de investigación en la Asamblea regional para analizar el tránsito del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su relación con la COVID-19, una de sus grandes batallas de la pasada legislatura –el PP habló siempre del “coladero de Barajas”– pese a que los datos de positivos de la propia Comunidad de Madrid dicen que representan el 0,1% de los casos totales que ha registrado la región (698.584 contagiados).

La propia Ayuso reconocía durante su rueda de prensa este miércoles que apenas han entrado por el aeropuerto durante el último año 731 positivos, según los propios datos de la Consejería de Sanidad. Y aseguraba que esas cifras podrían ascender a 2.900 teniendo en cuenta a los asintomáticos, unos cálculos que no supo explicar de dónde salen, después de acusar al Ministerio de Sanidad de “falta de transparencia”. De ser ciertos, esos 2.900 casos desde mayo de 2020, supondrían una mínima parte de los registrados en la región. El porcentaje ascendería al 0,4%. Mientras, Madrid notifica cada día más de un millar de casos diarios –1.225 las últimas 24 horas–.

Pero Barajas y la ley de pandemias no eran la única batalla contra el Gobierno que este miércoles Ayuso ponía sobre la mesa. Los últimos días, desde su Gabinete han hecho hincapié en la estrategia de vacunación del Gobierno y han criticado que no se administre la segunda dosis de AstraZeneca a los 141.000 personas menores de 55 años que ya han recibido la primera. La presidenta madrileña amenazaba con inyectar esa segunda dosis sin esperar al estudio del Ministerio de Sanidad si este no se pronuncia en los próximos días. Madrid protagoniza el choque sobre esta cuestión a pesar de que a día de hoy todavía tiene a 139.000 personas de 60 a 69 años a las que no ha vacunado, mientras se queja de que más de 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca se quedarán congeladas las próximas dos semanas.

Todo esto mientras Ayuso ya ha anunciado que no piensa aprobar unos nuevos presupuestos este año. La presidenta madrileña que había prometido durante la campaña sacar adelante las cuentas de inmediato cuando formara gobierno, dice ahora que no da tiempo y que es mejor centrarse en los presupuestos de 2022, para los que necesitará también el apoyo de Vox. La región seguirá siendo administrada con los presupuestos que aprobó el expresidente Ángel Garrido, luego consejero de Ciudadanos, en 2019. Entonces, no había pandemia ni se la esperaba. Todo mientras reclama unos fondos europeos de lo que hay dudas de que pueda gestionar sin unas nuevas cuentas.

Enfrentamiento entre Almeida y la delegada del Gobierno

El clima de desencuentro y desconfianza entre el Gobierno y las administraciones madrileñas quedó además en evidencia tras el encuentro mantenido este miércoles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González. En la rueda de prensa conjunta posterior a la reunión, ambos escenificaban un rifirrafe a cuenta de las medidas anti COVID de la Comunidad tras el fin del estado de alarma y tras las escenas de aglomeraciones vistas este fin de semana en la ciudad: “Cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje”, apuntaba González. Algo a lo que Almeida respondía con las escenas similares recogidas en otras ciudades: “Esto no es exclusivo de la ciudad de Madrid, se ha producido a lo largo y ancho del territorio nacional”.

El alcalde de la capital reprochaba al Gobierno central que siga defendiendo que hay herramientas suficientes para frenar la pandemia tras el fin del estado de alarma: “Cuando las comunidades, gobernadas por partidos tan distintos, tienen ese mismo mensaje, el Gobierno de la nación, en mi opinión, no puede seguir enrocado en que hay instrumentos suficientes. Quizás, lo que debería hacer es atender a estas reivindicaciones”. Además, insistía en que la cuestión es que la discrepancia de criterios “existe incluso” en el Ejecutivo: “En definitiva, quien tiene el lío es el Gobierno de la nación y quien tiene el problema son los españoles”.

“Bueno, pues se acabó la cordialidad, qué le vamos a hacer”, contestaba entonces González, que subrayó que “quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid” y volvió a insistir en que tiene que aplicar todos los instrumentos que están a su alcance, “que los hay”. “Como no hay toque de queda porque Madrid decidió que la prudencia, la responsabilidad y las medidas que dentro de sus competencias aplicó eran suficientes, vamos a gestionar lo que tenemos por delante: que es que este fin de semana no se produzcan situaciones sanitarias de aglomeración en la ciudad de Madrid”. “Podría apostillar, pero no lo voy a hacer”, concluía Almeida, a lo que González respondía en tono de broma: “De aquí sacamos un disco de Pimpinela”.