La mayoría absoluta del PP impone su reforma exprés del Constitucional para frenar a Mas

El PP ha sacado adelante este jueves en el Pleno del Congreso, con el único apoyo de su socio electoral de UPN, su proposición de ley de reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC), desoyendo las críticas vertidas en su contra por la oposición y, por ende, las enmiendas que en la mayoría de los casos pedían la supresión de los artículos modificados.

El texto, que ha sido censurado por prácticamente toda la oposición por “innecesario” e “inconstitucional” y porque su único objetivo es inhabilitar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, si incumple sentencias del TC, se enviará ahora al Senado. La Comisión Constitucional de la cámara eligió este mismo miércoles -antes incluso de que el Congreso aprobara la iniciativa- a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma.

La proposición de ley, presentada al inicio del actual periodo de sesiones por el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, se ha tramitado de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales.

La reforma exprés aprobada este jueves por la Cámara Baja detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de “desacato” en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

Más multas y opción a suspender a un presidente

Con su proposición, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte “las medidas necesarias” para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos “de especial trascendencia constitucional”, el Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.