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Las elecciones al Parlamento vasco del próximo 12 de julio serán la primera prueba de fuego para una de las grandes obsesiones del líder del Partido Popular, Pablo Casado: la fusión de PP y Ciudadanos en el marco de la “reunificación” del centro derecha que el presidente de los populares se ha fijado como objetivo para la presente legislatura a nivel nacional. Es el primer paso de un plan más ambicioso que pretende sumar también a Vox y lograr la reunificación de la derecha, que se partió en tres con la caída del Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura de 2018.
En febrero, este primer experimento se tradujo en la creación de la coalición PP+Cs, denominación de la lista conjunta en la que los dos partidos concurren a los comicios vascos. El propio Casado y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, escenificarán ese acuerdo este mismo domingo en un mitin de campaña conjunto en Gernika (Bizkaia), al que también acudirán la eurodiputada Maite Pagazurtundúa y el filósofo Fernando Savater, provenientes de la UPyD de Rosa Díez, que en las pasadas generales pidió el voto para Casado.
Como candidato, ambas formaciones eligieron finalmente al popular Carlos Iturgaiz, que precisamente es un representante del aznarismo, sector ultraconservador del PP al que Casado reintegró en el partido –colocando en puestos estratégicos a sus principales representantes– tras lustros de diferencias entre Aznar y su sucesor y exlíder popular Mariano Rajoy. Casado impuso el nombre de Iturgaiz tras destituir al candidato previsto, el exlíder del PP vasco Alfonso Alonso, de un perfil más moderado.
La coalición que los dos partidos pretenden trasladar también a las elecciones catalanas, –cuyo adelanto anunció el president de la Generalitat, Quim Torra, aunque aún no ha puesto una fecha concreta–, parte, en todo caso, con la mayoría de las encuestas en contra.
El sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el 24 de junio señaló que la coalición liderada por el popular Carlos Iturgaiz podría hundirse el 12J. El estudio le asignó entre 3 y 6 parlamentarios, lejos de los 9 que el PP logró en solitario en las elecciones de 2015. Según el CIS, la alianza tan solo lograría el 5,9% de los votos entre los tres territorios históricos vascos y en Gipuzkoa podría sufrir para alcanzar el mínimo del 3% exigido para entrar en el reparto de escaños del Parlamento vasco.
El escenario para el equipo de Carlos Iturgaiz era algo mejor en la encuesta preelectoral elaborada por Celeste-Tel para eldiario.es, publicada el pasado 22 de junio. Este estudio daba a PP+Cs una horquilla de entre 7 y 9 escaños, lo que le permitiría incluso mantener la posición actual del PP en solitario, pese a perder 30.000 votos y más de tres puntos en relación a lo que lograron por separado conservadores y liberales hace cuatro años.
La integración total de PP y Ciudadanos que persigue Casado se ha visto en cambio dificultada en las últimas semanas a raíz del giro al centro del partido de Inés Arrimadas, mostrándose favorable a lograr acuerdos con el Gobierno y poniendo así fin al cordón sanitario que hasta hace apenas un mes habían impuesto las tres derechas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. También por las malas relaciones que mantienen ambos partidos en uno de sus gobiernos conjuntos, el de la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos, que también gobierna en coalición con el PP en Andalucía, Murcia y Castilla y León, acordó con PSOE y Unidas Podemos su apoyo a las dos últimas prórrogas del estado de alarma, así como al decreto de nueva normalidad, que finalmente también apoyó el PP. Además, el partido de Arrimadas pactó con el Gobierno su apoyo a tres de los cuatro dictámenes de la Comisión para la Reconstrucción que se votaron este viernes.
Los comicios del 12 de julio llegan en un momento en el que los dos partidos –PP y Ciudadanos– han evidenciado sus profundas diferencias de gestión en la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso, una administración a la que Casado cita continuamente como laboratorio de sus políticas y que ha sido el principal foco de la pandemia del coronavirus en España.
Allí ya han quedado en evidencia las discrepancias entre los dos socios, PP y Ciudadanos, precisamente por la gestión de la epidemia. Estas diferencias provocaron a principios de mayo la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por su negativa a respaldar la petición del Gobierno regional de pasar de fase en la desescalada, dado que a su juicio esa solicitud no estaba basada en “criterios de salud”.
Además, las diferencias y reproches mutuos por la gestión de las residencias de mayores –donde solo en la comunidad han fallecido más de 6.000 ancianos–, inicialmente competencia de la consejería de Políticas Sociales, en manos Ciudadanos, que después asumió por la fuerza la de Sanidad, del PP, han generado desconfianzas mutuas que son públicas.
No obstante, Casado y Arrimadas mantuvieron en mayo una reunión para tratar de mejorar la relación entre los dos partidos. Ambos líderes destacaron durante el encuentro “la capacidad de gestión socioeconómica y de respuesta de los ejecutivos regionales” gobernados por ellos ante la crisis sanitaria y reafirmaron “el acuerdo para la defensa del constitucionalismo en el País Vasco” por el que acordaron concurrir conjuntamente a las urnas.
La candidatura unitaria acordada por PP y Ciudadanos para el País Vasco no fue en cambio posible en Galicia por el rechazo del presidente de la Xunta y candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que parte con una posición más ventajosa –en Galicia el PP acumula cuatro mayorías absolutas mientras en Euskadi es una fuerza minoritaria–, según las encuestas. Feijóo, que durante su campaña ha escondido las siglas del PP tratando de ampliar su electorado más allá de los votantes conservadores, insiste en que en Galicia el centro derecha ya está aglutinado en el PP, al que según él también votan en las autonómicas los electores que en otros comicios apuestan por Ciudadanos.
El País Vasco es la comunidad autónoma donde el PP se encuentra en una situación más debilitada, rozando incluso la irrelevancia. 2019 fue un año especialmente aciago para los populares vascos. En las generales del 28A no lograron ni un solo escaño por ninguna de las tres provincias vascas. Y el escenario no mejoró especialmente el 10N, aunque en ese caso el recuento final de los votos de los españoles en el extranjero sí dio al PP un escaño por Bizkaia, cuando el partido se quedó con 89 diputados, treinta menos que el PSOE. El hundimiento de los populares vascos se reflejó también en las municipales del 26 de mayo. Entonces, el PP logró apenas 66.000 votos (el 5,87% del total) y solo dos alcaldías: Baños de Ebro y Navaridas, los dos en Álava.
Si se confirma la caída en escaños de la coalición PP+Cs en el País Vasco que auguran las encuestas, el resultado se interpretará como una nueva debacle de la dirección de Casado, que en las también autonómicas del 26M tan solo pudo mantener sus gobiernos autonómicos con la ayuda de Ciudadanos y Vox.
Para Ciudadanos la alianza con el PP puede suponerle entrar por primera vez en el Parlamento vasco. En el partido eran conscientes de que no tenían posibilidad de sacar representación en Euskadi presentándose en solitario, así que cuando en febrero se abrió la posibilidad de concurrir con el PP la dirección –por entonces aún interina– no dudó ni un minuto.
La decisión fue tomada en un Consejo General y abrió una grieta con el sector crítico, CsEresTú, que entonces encabezaba el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien cuestionó la legitimidad de ese órgano cuando aún ni siquiera había tenido lugar el duelo en primarias entre él e Inés Arrimadas y ni tampoco se había celebrado la V Asamblea General donde se iban a confrontar las diferentes estrategias y modelos de partido que planteaban los dos sectores.
Desde la corriente crítica denunciaron que esa alianza en el País Vasco iba a significar la “pérdida de identidad” del partido. El propio Francisco Igea reaccionó con dureza y advirtió que iban a “defender lo que es mejor para el partido y para este país”. El contundente triunfo en esas elecciones internas de Arrimadas dejó claro que el pacto electoral con el PP iba a consolidarse, al menos en Euskadi, dado que en Galicia Feijóo se negaba.
Tras el estallido de la pandemia la V Asamblea General tuvo que aplazarse y se realizó finalmente de forma telemática. Para entonces, el giro dado por la nueva líder del partido de apoyo a los decretos de prórroga del Gobierno de Pedro Sánchez calmó las aguas internas y los críticos la aplaudieron.
En el partido reconocen que habrían ido mucho más cómodos a estas elecciones con Alfonso Alonso como candidato a lehendakari. El perfil duro de Carlos Iturgaiz no les entusiasma pero asumen gran parte de su discurso en contra del nacionalismo y en defensa de la Constitución, del uso del castellano además del euskera como lenguas propias, y el principio de la “igualdad entre los españoles, sin privilegios territoriales”.
Ambas formaciones se presentan, de hecho, como la alternativa constitucionalista a un posible Gobierno del PNV o de coalición con el PSOE, y radicalmente en contra de EH Bildu y Podemos. El programa, de hecho, es conjunto y está basado en torno a los “problemas que más importan y preocupan a los vascos”, según fuentes de Ciudadanos. En Ciudadanos creen que el apoyo que está dando Arrimadas al Gobierno de Sánchez no empaña en absoluto su relación con el PP, que califican de “magnífica” y “más sólida que nunca”, a pesar de las tensiones que atraviesan en el Gobierno de Madrid que casi les lleva a la ruptura en los meses de pandemia.
Confían, además, en el tirón electoral de la nueva líder al ser una de las políticas mejor valoradas, según el CIS. Fuentes del partido reconocen, no obstante, que son “unas elecciones muy difíciles” y en un contexto tras la pandemia “casi peor” que las anteriores en las que no obtuvieron representación. Otro de los temores de los partidos es la alta abstención que pueda haber el 12 de julio.
El sueño de Ciudadanos es que la coalición mantuviera los mismos escaños o en el peor de los casos perdiera solo uno. Eso les garantizaría casi seguro dos escaños a sus candidatos: uno por Bizkaia, dado que en esa lista Ciudadanos ocupa el puesto número dos, detrás de Iturgaiz, y con suerte otro por Álava o Gipuzkoa, en donde los de Arrimadas van en el tercer puesto de las listas.
El éxito o el fracaso de este experimento va a reproducirse en pocos meses en Catalunya, donde ambos partidos concurrirán también en alianza. Ese fue al menos el pacto del quid pro quo que cerraron Casado y Arrimadas el pasado mes de febrero, cuando intentaron sin éxito que Feijoo aceptara la fórmula en Galicia.
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