El PP engorda su petición de dimisiones al Gobierno en vísperas de la moción de censura de Vox

El PP lleva meses determinado a no dar ni un segundo de tregua al Gobierno. No lo hizo en el peor momento de la pandemia de la COVID-19, cuando la enfermedad se cebaba con la muerte de cientos de personas al día, y mucho menos ha enterrado el hacha de guerra tras la desescalada. Pablo Casado mantiene la ofensiva contra el Gobierno, especialmente contra la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, y no pierde ninguna oportunidad de atizar al Ejecutivo. El listado de peticiones de ceses y dimisiones se va engrosando a las puertas de que se debata la moción de censura impulsada por Vox, que los populares no pretenden apoyar, aunque no han desvelado aún el sentido del voto de sus 88 diputados. 

La última salida que exige el PP es la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid este jueves de rechazar el cierre de la capital y otras nueve ciudades de la región. La resolución judicial tumba la orden dictada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien adoptó las restricciones a regañadientes pese a haberlas pactado previamente con el Ejecutivo y avaladas por el Consejo Interterritorial de Salud. Sanidad emitió una orden ministerial que el TSJ considera insuficiente como único fundamento jurídico para que la Comunidad de Madrid decrete un cierre total de hasta 10 municipios de la región. El Superior de Castilla y León sí ratificó el viernes una orden similar de la Junta, también gobernada por PP y Ciudadanos, para confinar León, Palencia y San Andrés del Rabanedo.

Casado se jactaba el jueves de que la Justicia ha dado “la razón” a Ayuso, quien a la vez informaba de su intención de adoptar nuevas medidas mientras reclamaba a los madrileños que no salieran de la ciudad este largo fin de semana del Pilar. El líder del PP planteaba que la decisión judicial “pone en una situación prácticamente insostenible” al ministro de Sanidad.

Más allá fue la portavoz en la comisión parlamentaria y exministra del ramo, Ana Pastor, quien pedía el mismo jueves la dimisión al propio Illa: “Usted ha venido aquí y parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en el país. No puede surfear más señor ministro: usted tenía que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda ni un día más en el Ministerio de Sanidad”.

VÍDEO | Salvador Illa contesta a Ana Pastor sobre la situación de Madrid: "Algo tendrá que ver quién gestiona esta comunidad autónoma"

El titular de Sanidad se defendió reclamando “humildad” a la diputada conservadora: “Su formación política está dirigiendo la sanidad en cinco comunidades, en concreto la que a fecha de hoy presenta unos datos más preocupantes y digo yo que algo tendrá que ver quien gestiona esta comunidad autónoma”. El PP ha situado en los últimos días en la diana a Illa, acusándole de plantear el cierre de Madrid como parte de la campaña de las elecciones catalanas y no por criterios epidemiológicos, a pesar de que la expansión del coronavirus está descontrolada en la Comunidad de Madrid desde hace semanas. También aireó la posibilidad de que lo hiciera como futuro candidato en las elecciones catalanas, previstas para febrero de 2021. Illa es secretario de Organización del PSC y tanto en la formación catalana como en el PSOE han negado categóricamente que vaya a ser el candidato en sustitución de Miquel Iceta, pese a que es uno de los miembros del Gobierno mejor valorados. 

Iglesias y Garzón, también objetivos

El PP pedía la renuncia de Illa este jueves, apenas 24 horas después de exigir la cabeza del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La derecha, no solo el PP, también Vox y a veces Ciudadanos, han reclamado su destitución prácticamente desde que tomara posesión del cargo en enero. Esta nueva ofensiva se apoya en la decisión del juez que instruye el caso Villarejo de plantear al Tribunal Supremo su imputación a partir de los rumores que planteó en su declaración el exabogado de Podemos José Manuel Calvente.

“Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, expresó el líder del PP en su cuenta de Twitter el miércoles. Los conservadores han lanzado recientemente una ofensiva parlamentaria contra Iglesias por las presuntas irregularidades en las finanzas de Podemos, e incluso plantearon una comisión de investigación que rechazaron no solo los partidos del Gobierno, sino también los socios de la investidura. 

Tan solo unos días antes, Casado había pedido a Sánchez la destitución de Iglesias y del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, por su posición sobre la monarquía. Ambos habían criticado la falta de neutralidad de Felipe VI después de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, filtrara una conversación telefónica en la que supuestamente el rey había lamentado su ausencia en el acto de entrega de los despachos judiciales en Barcelona. De hecho, es la presencia de Iglesias en el gabinete la excusa que utiliza ahora el PP para justificar el bloqueo a la renovación del CGPJ, que lleva dos años en funciones. 

La ofensiva contra Iglesias se trasladó el jueves al Senado, donde comparecía el vicepresidente en la comisión de Discapacidad. Pese a estar fuera del orden del día, y de las advertencias de la presidenta de la comisión, los portavoces de los partidos de la derecha arremetieron contra el secretario general de Podemos y han reclamado una vez más su dimisión. 

La senadora del PP Violante Tomás se mostró “extrañada” por la presencia del también ministro de Derechos Sociales en la sesión ya que esperaba que “tuviera un mínimo de decencia política y hubiera dimitido”. “Qué incoherencia y qué decepción para los que creían en sus palabras y cuando ustedes han pedido la dimisión de otros políticos que han sido imputados”, añadía, pese a que Iglesias no ha sido imputado en ninguna causa relacionada con la pieza DINA o con la financiación del partido. Precisamente el Tribunal Supremo arrancaba este jueves el proceso para determinar, primero, si da por buenas las acusaciones lanzadas por García-Castellón.

Y si hasta ahora Ciudadanos había reclamado que Iglesias diera explicaciones en el Congreso, también se han sumado a las peticiones de dimisiones. Fue en la misma comisión, donde el senador Tomás Marcos dijo: “Por transparencia y por calidad democrática, dé un paso al lado y dimita”.

La respuesta de Iglesias llegaba en forma de reproche. “He escuchado cosas muy fuertes, comprendo que ustedes señorías de la derecha tienen que decir aquí lo que tienen que decir, pero son gente inteligente y saben lo que dijo la Audiencia Nacional hace dos semanas y lo que va a decir el Supremo”. El mismo jueves por la mañana, Iglesias aseguraba en una entrevista en RAC-1 que no concibe “ni como mera hipótesis” que pueda terminar imputado.

Iglesias insistió, como ha hecho en varias ocasiones desde que está en el Gobierno, que la actual configuración electoral en España hace muy difícil que la derecha vuelva “al Consejo de Ministros” si no se producen “ilegalizaciones de partidos”. “La foto de Colón les va a tener confinados muchos años”, ha ironizado el vicepresidente.

VÍDEO | Pablo Iglesias responde al PP cuando le piden su dimisión: "Están confinados en la foto de Colón"

En la misma sesión, los partidos catalanes, el PNV y el PSOE respaldaron al vicepresidente. Ya el miércoles, y otra vez el jueves, Pedro Sánchez había dejado claro su respaldo a Iglesias ante el nuevo giro de la causa en la que la Audiencia Nacional corrigió hace unos días al juez instructor devolviéndole la condición de perjudicado. “Tiene toda mi confianza y todo mi apoyo”, reiteraba en una rueda de prensa en Argelia este jueves. 

Antes fueron Calvo, Ábalos y Marlaska

Las peticiones de dimisión de Illa, Iglesias y Garzón se suman a las que hizo el PP en plena primera ola de la pandemia. La entonces portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, planteó la marcha a Carmen Calvo en la primera sesión de control a la que asistía la vicepresidenta tras su convalecencia por coronavirus. “Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas. Si por esto no se dimite, ¿entonces por qué?”, le espetó la dirigente conservadora.

Apenas un mes después, exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos a finales del mes de mayo, cuando aún estaba vigente el estado de alarma. Al PP se sumaron en ese caso también Ciudadanos y Vox. Los conservadores lanzaron entonces una ofensiva por tierra, mar y aire contra Marlaska, a quien acusaban de haber tomado esa decisión por la negativa del guardia civil a filtrar a Interior el informe policial sobre el 8 de marzo en el marco de la investigación judicial que acabó archivada. El Gobierno sorteó la reprobación con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y PNV y gracias a la abstención de las formaciones nacionalistas e independentistas. 

Justo antes de que estallara la pandemia, fue el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que se situó en el centro de la diana tras mantener un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La número dos de Nicolás Maduro tiene prohibido pisar suelo europeo y la revelación de esa reunión se convirtió en el primer arma arrojadiza contra el recién creado Gobierno de coalición. PP, Ciudadanos y Vox exigieron con vehemencia la salida del secretario de Organización del PSOE del gabinete de Sánchez, pero sorteó la tormenta.