El segundo gran juicio a dos décadas de trampas del Partido Popular quedó visto para sentencia esta semana. La formación de Pablo Casado, que prácticamente empezó la vista anunciando la venta de su sede central —cuya reforma con dinero de la caja B ha centrado este procedimiento— y la acabó celebrando en ese mismo edificio su rotunda victoria electoral en la Comunidad de Madrid; supera así otra etapa del viacrucis judicial que deriva de sus sucesivos escándalos de corrupción. Lo hace, en este caso, a la espera de una sentencia en la que se expone a ser condenado de nuevo como responsable civil de los delitos fiscales presuntamente cometidos por los encargados de sus finanzas.
Aunque durante la instrucción se indagó en el funcionamiento de la contabilidad en negro del partido durante los casi veinte años que abarcan los papeles del extesorero Luis Bárcenas, el juicio se ha centrado en los hechos no prescritos, que se ciñen al ejercicio fiscal de 2008. En concreto, el supuesto fraude fiscal por las donaciones en negro recibidas por el PP en 2008 y no declaradas al fisco; el impago del Impuesto de Sociedades del estudio de arquitectura encargado de la reforma de la sede y que cobró una parte de sus trabajos en dinero de la caja B y los 209.550 euros con cargo a esa contabilidad paralela que el fallecido Álvaro Lapuerta se habría quedado, con conocimiento de Bárcenas, en la maniobra de adquisición de acciones de Libertad Digital.
Bárcenas, que ya fue condenado por quedarse parte del dinero de esa caja B en el juicio de la trama principal de Gürtel y cumple condena por ello, ha sido el principal acusado en una vista que inició mostrando su voluntad de colaboración con la Justicia. Días antes de que comenzara el juicio remitió un escrito de ocho folios a la Fiscalía Anticorrupción en el que confesó por primera vez que el Gobierno de José María Aznar adjudicó grandes obras a cambio de mordidas para el PP.
Sin embargo, por el momento, los documentos que acreditarían esas concesiones —la investigación en marcha por el juez Santiago Pedraz se refiere por ahora a 23 contratos de aquel Gobierno— siguen sin aparecer. El extesorero, según reiteró en la vista, está tratando de recuperarlos tras haberlos confiado a un amigo. Entre tanto, una de las siguientes fechas clave en el calendario judicial es el 16 de julio, cuando Bárcenas está citado a declarar en esta derivada de la caja B que sigue abierta en la Audiencia Nacional.
A falta de nuevos documentos, su declaración ante el tribunal apenas dejó un puñado de titulares sobre graves episodios de antiguos dirigentes del PP —por ejemplo, la imagen de Mariano Rajoy destruyendo papeles de la caja B en su despacho— pero que no tendrán recorrido penal por ser inconstatables o estar prescritos. De hecho, Bárcenas evitó en todo momento referirse a Aznar y dirigió toda su artillería contra Rajoy, al que señaló como máximo responsable de ordenar la operación policial para robarle las pruebas de la caja B que aún constaban en su poder y que se investiga en la operación Kitchen.
Así, en las varias horas de interrogatorio, el extesorero ajustó cuentas con “el PP de Mariano Rajoy, no el de Pablo Casado” y acusó de “cobardía” a los dirigentes del partido que, según su testimonio, conocían —y se beneficiaron— de esas finanzas opacas aunque nunca lo hayan reconocido. “Lo único que me molesta es la cobardía de personas que no están dispuestas a reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos financiado irregularmente”, aseveró. E incluso pidió un careo con él rechazado por el tribunal.
Exdirigentes ante el tribunal
El momento de mayor voltaje político del juicio tuvo lugar con el desfile ante el tribunal de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos y, por tanto, con obligación de decir la verdad. Entre ellos, respondieron a las preguntas de las partes los expresidentes Aznar y Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. También otros dirigentes con responsabilidades orgánicas en el período que recogen los manuscritos del extesorero como Rodrigo Rato o Pío García Escudero.
Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas. Pero seis testigos sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los manuscritos del extesorero, lo que abre una fisura en el muro del ‘todo es falso’ esgrimido ante el tribunal. Esa negación absoluta también choca con los indicios acreditados durante ocho años de investigación, con la sentencia de la Audiencia Nacional que dio por probada la financiación irregular del partido y que propició la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa y con el fallo posterior del Tribunal Supremo que confirmó esa primera resolución.
Además, varios de ellos trazaron un dibujo un tanto inverosímil del funcionamiento de un partido que ha gobernado el país durante tres lustros por mucha que tenga sobre sí desde 2009 la pesada losa de la trama Gürtel. Por ejemplo, Acebes dio a entender que la obra millonaria de la sede de Génova —sufragada supuestamente en parte con 1,5 millones de euros de la caja B— se hizo poco menos que por empeño del entonces tesorero, el fallecido Álvaro Lapuerta. También fue recurrente la alusión a los estatutos del PP, que convierten al tesorero en un ente autónomo que solo reporta de forma genérica al comité ejecutivo. Es decir, que si se produjo alguna irregularidad, es ajena por completo al resto de dirigentes en virtud de esa normativa interna.
El PP apunta a Bárcenas
Esta ha sido también la estrategia de defensa del PP en el juicio, que ha intentado descargar toda responsabilidad en Bárcenas. El abogado del partido, Jesús Santos, pidió la libre absolución para la formación con, entre otros argumentos, que los testigos solo han reconocido “el 3,7% de los 459 apuntes” recogidos en sus manuscritos. La defensa del PP también fue muy dura con el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, al frente de la investigación, que durante varias sesiones desgranó ante el tribunal la existencia de una contabilidad paralela de la que se benefició el partido, no sólo su tesorero; y relató las “presiones” recibidas para que dejara las pesquisas.
Por contra, el letrado defensor del PP lamentó que no se hubieran puesto antes en valor los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que, en contra de lo afirmado por la Policía, expresan serias dudas la veracidad de los apuntes de Bárcenas. De la veracidad de los papeles no duda el fiscal Antonio Romeral, según confirmó en su informe de conclusiones. “Carecen de valor contable, pero recogen al menos en parte información veraz y son el reflejo de una realidad con trascendencia jurídico penal”, afirmó ante la Sala. El representante de Anticorrupción se basa para ello en el testimonio “determinados perceptores de fondos” o la intervención de los auditores de Hacienda, que corroboraron la relación que hay entre apuntes de salidas de dinero y las cuentas oficiales de donativos. “Se ha visto cómo se pasaban fondos de la contabilidad B a la A. Eso es incontestable”, aseveró en su intervención final.
Lo que sí valora “con cautela” el fiscal es el testimonio de Bárcenas, para el que sigue solicitando la pena de cinco años de cárcel que ya figuraba en el escrito de acusación que presentó en 2015. Romeral —recién ascendido al ‘número dos’ de Anticorrupción— afeó al extesorero sus “distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la causa” y cuestionó “su actuación en los distintos momentos de la investigación”. “Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio y solo dar valor a aquella parte que podemos corroborar con otros hechos”, sostuvo ante el plenario.
La fase final del juicio también dejó momentos de cierta tirantez entre las partes acusadoras. Las acusaciones populares reivindicaron su papel en el proceso ante la actitud “timorata”, “laxa” o poco “expansiva” de la Fiscalía. Y el representante del Ministerio Público no dio la callada por respuesta. “A raíz de este reproche queríamos entender que es el apasionamiento de quien tiene entre sus manos un caso que para su actividad profesional representa un hito más que una falta de seguridad en su posición procesal”, dijo Romeral, que también les reprochó que hubieran retirado la acusación sobre algunos delitos.
En sus informes finales, las acusaciones populares insistieron en la acumulación de indicios sobre la contabilidad paralela del PP e insistieron en que la existencia de la caja B ya forma parte de la verdad judicial, con lo que no puede ser “objeto de cuestionamiento”. En consecuencia, solicitaron al tribunal estudie la “credibilidad” de los testimonios de los exdirigentes del PP que comparecieron como testigos. “El curso vital político de Aznar está vinculado al curso de la caja B, por lo que pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable”, expuso Virgilio Latorre, abogado de la exdiputada socialista Carmen Ninet.
Que el tribunal acabara por poner en duda la palabra de estos exdirigentes, la mayoría de ellos antiguos miembros del Gobierno, no sería estrictamente una novedad. En 2018, la sentencia que propició el desalojo del PP de la Moncloa tras más de siete años en el Gobierno también puso en cuestión su credibilidad. Ellos eludieron incriminarse pero los jueces subrayaron que las pruebas sobre la caja B de la formación conservadora eran tan “contundentes” que sus testimonios no eran lo “suficientemente creíbles” como para rebatirlas.