El juicio de la caja B del Partido Popular encara su final tras dos meses de sesiones. Acusaciones y defensas tienen que presentar ahora sus escritos de conclusiones antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción ha expuesto este jueves las suyas, en las que ha expresado sus “dudas” sobre el relato de Luis Bárcenas por sus contradicciones, si bien ha mostrado su “convicción” de que los papeles en los que reflejó decenas de entradas y salidas de dinero opaco entre 1990 y 2008 son “reales”.
“Carecen de valor contable, pero recogen al menos en parte información veraz y son el reflejo de una realidad con trascendencia jurídico penal”, ha expuesto ante la Sala. También ha cargado contra el PP, acusado como responsable civil subsidiario, por haberse “beneficiado” por el pago en B de parte de la reforma millonaria de su sede nacional.
En su informe, el fiscal Antonio Romeral —recién ascendido al ‘número dos’ de Anticorrupción— ha dejado claro que no se cree ninguna de las alegaciones exculpatorias de los principales acusados. Ya adelantó este miércoles que mantenía las peticiones de condena que figuran en el escrito de acusación que presentó en 2015: cinco años de cárcel para Bárcenas y 18 meses para Cristóbal Paez, quien fuera su sucesor al frente de la gerencia del partido. A ambos se les acusa, entre otro hechos, de haber sufragado con 1,5 millones de euros de la caja B parte de reforma de la sede de la calle Génova de Madrid. Del lado de Unifica, la empresa que acometió la obras, el fiscal sí ha rebajado de tres años y diez meses a dos años y medio las solicitudes de pena para los socios de la empresa, Gonzalo Urquijo y Belén García.
El fiscal ha asegurado que valora “con cautela” el testimonio de Bárcenas, al que ha afeado que haya dado “distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la causa” y también ha cuestionado “su actuación en los distintos momentos de la investigación”. “Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio y solo dar valor a aquella parte que podemos corroborar con otros hechos”, ha aseverado. Este mismo jueves, la defensa del extesorero ha solicitado que se le aplique la atenuante de cooperación dada su voluntad manifiesta de colaboración con la Justicia. Una predisposición que se ha encontrado desde el principio con la desconfianza de la Fiscalía, lo que se ha evidenciado de nuevo en las últimas sesiones del juicio.
Entre los aspectos que le hacen dudar del relato de Bárcenas, el fiscal se ha referido expresamente al hecho de que tratara de “disimular” su cuerpo de escritura la primera vez que fue a declarar a la sede de la Fiscalía —aunque ha asegurado que “no sirvió el engaño” porque expertos se percataron de ello— o al testimonio del periodista Pedro J. Ramírez, que en su declaración como testigo afirmó que Barcenas había hecho gala de sus “mentiras” tras visionar su declaración ante el instructor Pablo Ruz.
A pesar de las dudas sobre el relato de Bárcenas, el fiscal sí ha reconocido la existencia de esos papeles en los que figuraban las salidas del dinero con el que el PP pagó parte de la reforma de su sede de la calle Génova. El representante de Anticorrupción se basa para ello en el testimonio “determinados perceptores de fondos” como los exdiputados del PP Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre o el exconsejero navarro de Sanidad Calixto Ayesa o la intervención de los auditores de Hacienda, que corroboraron la relación que hay entre apuntes de salidas de dinero y la cuenta de destino que eran unas cuentas bancarias de donativos. “Se ha visto cómo se pasaban fondos de la contabilidad B a la A. Eso es incontestable”, ha dicho Romeral.
Por otro lado, el fiscal ha rechazado pronunciarse sobre los sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios que, según la contabilidad paralela de Bárcenas, recibieron durante casi dos décadas altos cargos del partido y miembros del Gobierno de José María Aznar. “No podemos afirmar que [esas cantidades] sean falsas o sean mentira. No ha sido objeto de investigación y ahí lo hemos dejado. Cada uno puede tener la sospecha, pero no podemos tomarlo en consideración”, ha afirmado. Durante la vista, todos los antiguos dirigentes del PP que comparecieron como testigos negaron haber cobrado los sobresueldos que les atribuía Bárcenas, aludieron a la falta de credibilidad de dichos papeles y negaron la existencia de una caja B en el partido.
Sobre las obras en la sede, el fiscal ha recalcado que los acusados “negociaron” el pago en negro de parte de la reforma y ha afirmado que el PP es responsable civil subsidiario de esos hechos hechos porque fue quien se “benefició” de los mismos al pagarse en B. Así, ha señalado que los socios de la firma de arquitectura eran “conscientes, conocían y sabían que se manejaba dinero B”, como “administradores mancomunados” que eran de la sociedad, y, por tanto, cometieron un delito fiscal al ocultar estos ingresos.
En una idea similar ha incidido la Abogacía del Estado, que durante su informe final ha afirmado que el PP y Unifica acordaron que parte de las obras de la sede nacional del partido se pagara en negro para ocultar estos ingresos a la Hacienda Pública.
Así, ha señalado que uno de los indicios de que las obras se pagaron en B son los papeles de Bárcenas, en los que el extesorero apuntó los movimientos de la presunta contabilidad paralela del partido y reflejó entregas de dinero al socio de Unifica, Gonzalo Urquijo, en fechas coincidentes con la reforma. A ello se suma que la empresa de arquitectura emitió por los servicios realizados en cada planta de la sede dos certificaciones finales de obra y que mientras oficialmente quedaba registrado el pago de uno de los importes, después se comprobó que el PP abonó en negro la diferencia resultante entre ambos documentos.