La decisión del juez Pablo Ruz de expulsar al PP de la investigación del ‘caso Gürtel’ por haber actuado a favor de algunos imputados, entre ellos su extesorero Luis Bárcenas, pese a estar personado como acusación, obliga al partido a modificar su estrategia ante la eventualidad de ser acusado de responsable civil de los delitos investigados.
Los populares valoraron hace unas semanas como un éxito que el juez Javier Gómez Bermúdez no abriera, como pretendía, una nueva causa para investigar los ‘papeles de Bárcenas’ sobre la supuesta financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos a algunos de sus dirigentes. Los abogados del partido defendieron que la contabilidad manuscrita del extesorero en la que quedaba constancia de ello era falsa, y reclamaron que la investigación de la misma se incorporara a la causa principal de Gürtel.
En ese momento logró su objetivo e impidió que Gómez Benítez tomara declaración a importantes empresarios que habrían realizado donaciones al partido por encima de lo que permite la ley, en algunos casos de manera simultánea a la concesión de contratos de la Administración a sus compañías. El PP no contaba entonces con que Ruz decidiera días después abrir una pieza separada con los ‘papeles de Bárcenas’, como hizo, en la que rechazó su personación por si la contabilidad B atribuida al extesorero resultaba auténtica y el partido podía ser acusado de responsabilidad civil.
Tras este primer contratiempo, los populares se han encontrado con que tanto el fiscal como el juez han concluido que como los ‘papeles de Bárcenas’ son parte de un todo, el ‘caso Gürtel’, el PP tampoco puede ejercer la acusación en la causa principal. La resolución expulsa al partido de la investigación, a la que no tendrá acceso salvo que prospere el recurso que va a presentar ante la Sala de lo Penal. Si ésta lo rechaza el juez podría considerar al partido en un futuro próximo responsable civil de las actuaciones de su extesorero, si se probara la financiación ilegal del mismo a través de una contabilidad B.
El papel que venía ejerciendo el PP como acusación no era congruente con sus iniciativas, todas ellas tendentes a conseguir el sobreseimiento de las actuaciones contra Luis Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias y el exdiputado Jesús Merino pese al cúmulo de pruebas existentes contra ellos. Los populares llegaron incluso a presentar escritos exculpando a su extesorero antes de que las autoridades suizas contestaran varias comisiones rogatorias y dieran cuenta de la existencia de varias cuentas abiertas en bancos helvéticos en las que había acumulado hasta 38 millones de euros. Por entonces, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, afirmaba en público que ningún militante del partido tenía dinero en Suiza.
Los intentos por conseguir no ser expulsados del ‘caso Gürtel’ han sido denodados y sus letrados han presentado numerosas alegaciones para evitarlo, hasta justificar su continuidad como acusación popular porque el PP “representa a millones de personas de nuestro país”. “Hemos de subrayar el yerro jurídico que supondría revocar a un partido político la personación como acusación popular en un procedimiento penal donde no tiene otra intención que colaborar activamente en la investigación judicial de unos hechos de enorme trascendencia, en los que, en caso alguno, ha tenido participación directa o indirecta”, sostenía en las alegaciones presentadas el pasado 8 de abril. “En este estadio del procedimiento, y en ningún otro (…) puede considerarse al PP como ‘investigado’ y mucho menos, como parece pretender el señor juez, como tercero partícipe a título lucrativo en unos supuestos hechos delictivos presuntamente cometidos por terceros”.
El PP ha defendido siempre que la contabilidad B de Bárcenas era falsa, y el propio extesorero asegura que su letra no es la que figura en los documentos manuscritos. Sin embargo, la Policía ha elaborado un informe caligráfico en el que afirma lo contrario. Pese a ello, el PP puede mantener que el contenido es una invención de Bárcenas, que ahora tendrá que responder si es así o sus papeles son la contabilidad B del partido.
“El error de planteamiento, dicho sea con el debido respeto y en términos de defensa –dicen los letrados en las alegaciones-, es considerar que el PP no pueda ejercer la acusación popular por el hecho de que pudiera ser eventualmente considerado responsable civil subsidiario en la causa que nos ocupa. (…) Si de la instrucción se derivase una posible responsabilidad civil subsidiaria del PP, ello no debe impedir, en absoluto, el libre ejercicio de la acción popular (…) Un partido político no puede delinquir, por lo que no ha de ser investigado. Cuestión distinta es que un empleado de la formación política pueda delinquir”. Ésta es ahora la única defensa que le queda, salvo que Luis Bárcenas decida ‘tirar de la manta’.