La primera semana del año ha servido para despejar cualquier duda sobre la estrategia del PP en los próximos meses. Tras tres días de silencio, fue el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, quien el miércoles salió finalmente a desmarcarse de la Nochevieja ultra celebrada en Ferraz. Aunque lo hizo para señalar, de paso, “la estrategia de victimización” del PSOE. Y ese mismo día presentó una iniciativa de su grupo para ilegalizar partidos independentistas que promuevan consultas o referéndums de autodeterminación.
Tellado, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, es considerado uno de los perfiles “duros” en la actual dirección de la calle Génova y es quien ha monopolizado la voz del partido en la escasa actividad política de inicios de este 2024. El recientemente nombrado portavoz en el Congreso marca en público desde hace semanas el tono de una oposición al Gobierno de Pedro Sánchez que, lejos de emprender ningún viaje al centro, intenta mantenerle el pulso a la extrema derecha en su rechazo a la ley de amnistía. Algo que, sin embargo, esta misma semana se ha vuelto a demostrar infructuoso.
Con una diferencia de apenas minutos, el martes entraron en el Registro del Congreso de los Diputados dos enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía diferentes: una del PP y otra de Vox. Los populares habían presentado a bombo y platillo por la mañana una propuesta de reforma del Código Penal para hacer causa de disolución de formaciones políticas el impulso de consultas de independencia. Una idea que la extrema derecha ya había llevado al Congreso en términos similares durante la pasada legislatura y de la que los populares, hasta ahora, se habían desmarcado.
Ese paso adelante en la ofensiva de Feijóo contra el Gobierno y contra la amnistía hasta instalarse en posicionamientos propios de la extrema derecha no consiguió tampoco esta vez, sin embargo, alcanzar a los de Abascal, que en su texto de enmienda promueven directamente el encarcelamiento de Pedro Sánchez. En concreto, Vox habla de “un nuevo tipo delictivo orientado a castigar a quienes negocien asuntos propios de las Cortes Generales con quienes han sido procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”. Y se propone que estos delitos sean castigados con “penas que van desde los seis a los diez años de prisión, además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años”.
En el PSOE, muy críticos con la actitud de los populares tras el acoso a sus sedes y el hostigamiento a Pedro Sánchez, aseguran que el liderazgo de Feijóo no ha cumplido ni siquiera sus propias expectativas. “En el fondo nos defrauda a la izquierda porque él aterrizó desde Galicia como un gestor moderado. Teníamos expectativas de una etapa de más diálogo y entendimiento y está en una deriva sin frenos hacia Vox”, señalan.
El peso de Ayuso en Génova
Las dudas sobre la estrategia del político gallego están instaladas incluso en el propio seno del PP. Hay quien opina que la digestión de la frustración de los resultados del 23J está resultando demasiado pesada para Feijóo y que eso está teniendo consecuencias en la propia conformación de su liderazgo. Esas mismas voces señalan bandazos como los de esta semana, cuando coincidieron en el tiempo la propuesta para ilegalizar partidos independentistas y la justificación de Génova de los contactos con Junts de cara a la investidura del líder del PP.
Algunas de esas voces que arrojan dudas sobre el plan de Génova creen que Feijóo “yerra el tiro” apostándolo todo a la amnistía y dejando de lado un discurso más económico. Y sobre todo opinan que, como le ocurrió a Pablo Casado, también está permitiendo que su principal influencia territorial a la hora de diseñar su estrategia política sea de nuevo la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, de manera más o menos velada, a Génova empiezan a llegar mensajes en esa dirección. El tono centrista del presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha acentuado en público en los últimos meses en lo que parece un intento claro de marcar diferencias con la cúpula del PP y su seguidismo a la Puerta del Sol.
“Es inaceptable que se haga una piñata con la figura del presidente del Gobierno de todos los españoles para que sea apaleada. Hechos lamentables como este se tienen que condenar siempre. El respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales”, dijo Moreno esta semana en la condena más rotunda oída a un líder del PP sobre los hechos ocurridos en Ferraz.
Quienes dudan en el PP de la hoja de ruta de oposición que despliega su partido creen que si ese perfil de moderación de Feijóo se ha desdibujado en los últimos meses se debe única y exclusivamente a los errores propios. Y señalan como muestra de esa falta de rumbo y de exceso de influencia de Madrid la foto con Ayuso junto a una caja de fruta para hacer mofa del insulto de la presidenta a Pedro Sánchez.
Esa estrategia de ofensiva permanente al Gobierno imposibilita, de paso, casi cualquier acuerdo entre los dos principales partidos. Tras quince días sin ponerse de acuerdo siquiera en la fecha y el lugar, Sánchez y Feijóo se reunieron en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad y solo consiguieron alcanzar un acuerdo de mínimos: reformar el artículo 49 de la Constitución con el fin de retirar el término “disminuidos” y cambiarlo por “personas con discapacidad”, una medida pendiente desde la legislatura anterior.
La proposición conjunta se registrará antes de que acabe el año y tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición confían en que pueda sustanciarse en enero. Feijóo dejó claro entonces, para tranquilizar a quienes le acechan desde cerca y no perder comba de quienes le compiten desde fuera, que los acuerdos terminaban ahí.