El PP de Alberto Núñez Feijóo avanza inexorable en su estrategia de deslegitimar cualquier institución que no controle el propio partido. El expresidente de la Xunta aterrizó en la política nacional con la etiqueta autoimpuesta de dirigente moderado y defensor de la Administración del Estado en toda su amplitud. Pero menos de dos años después, fiasco electoral mediante, queda poco del Feijóo pactista que quería ampliar la base social de su partido y recuperar las mayorías absolutas más propias del bipartidismo. La última víctima de su huida hacia adelante ha sido el Tribunal Constitucional.
“El cáncer del Estado de derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”, dijo el martes el vicesecretario de Institucional popular Esteban González Pons en un coloquio organizado por La Vanguardia y uno de los clubs empresariales más selectos de Barcelona, el Círculo Ecuestre. El también eurodiputado del PP llegó incluso a deslizar que su partido podría no recurrir la ley de amnistía al tribunal de garantías para evitar una “interpretación de la Constitución” que admita la norma que diluirá los delitos cometidos durante el procés independentista catalán.
“Si no recurrimos, o recurrimos por otras vías, le hurtamos a este Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido la posibilidad de poder mutar la Constitución”, dijo expresamente.
Pons (quien fuera uno de los principales rostros del PP de Feijóo hasta el fiasco de la renovación del CGPJ) rectificó indirecta y levemente a través del servicio de prensa de Génova para retirar la comparación con el cáncer, y para desdecirse sobre la posible ausencia de un recurso por la ley de amnistía.
Pero no se rectificaron otras afirmaciones menos hirientes para los enfermos de cáncer y sus familias, y que mantienen la estrategia de deslegitimación del tribunal que el PP, junto a Vox, lanzó ya el año pasado. Pons lo tildó de “tribunal contaminado políticamente”, de “interferir” en las sentencias del Supremo y “usurpar” su lugar, así como “el del legislador”. “El árbitro está decidiendo el resultado del partido, y en ese caso toda nuestra arquitectura constitucional se viene abajo”, zanjó.
El dirigente defendía así unas palabras de su jefe de filas ese mismo día, cuando dijo que “un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley no tiene Constitución”, en referencia a la ley de amnistía. Una afirmación que Feijóo ratificó cuando sostuvo que España está ante un “proceso destituyente”.
La idea expuesta por el líder de la oposición no es nueva. Él mismo afirmó el pasado 6 de diciembre, en los fastos por el aniversario de la Ley Fundamental, que Sánchez “lidera un movimiento contra la Constitución” y que España vive una “crisis” constitucional “mayor” que la del 23F o ETA.
Esteban González Pons, tras denunciar la supuesta politización que sufre el Constitucional, defendió el reparto de cuotas entre “mayoría” y “minoría” que, dijo, normalmente han imperado en el tribunal de garantías. El dirigente del PP se quejó de que “la vicepresidencia del tribunal normalmente se le deja a la minoría” y que “esta vez se le ha hurtado”. Además, denunció que “la minoría tiene un magistrado de menos”, en referencia al miembro del tribunal pendiente de designar por el Senado, aunque obvió explicar que es consecuencia directa del bloqueo al que su partido somete al CGPJ desde hace más de un lustro.
“Los magistrados del sector progubernamental del tribunal tienen disciplina de voto”, dijo, lo que permitiría inferir que el otro sector es “antigubernamental” ya que representaría “a la minoría”.
Feijóo, contra todo
El PP mantiene así una estrategia definida hace muchos meses y sostenida en el tiempo que consiste en poner en duda todas las instituciones públicas que no controla y que operan de forma distinta a como el partido cree que deberían actuar, siempre en beneficio propio.
En 2023, Feijóo puso en duda la limpieza de las elecciones, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a alertar expresamente de un “pucherazo” sin que su jefe de filas la rectificara. Para el PP, el INE, Indra o Correos estaban al servicio de Pedro Sánchez y de sus intereses. Eso sí: las acusaciones se diluyeron tras el recuento de las urnas del 23 de julio.
Feijóo también ha arremetido contra la legitimidad del Gobierno, al señalar la investidura de Pedro Sánchez como “corrupta”, un “fraude fruto de una ”transacción“, en referencia a la amnistía pactada con Junts y ERC. Hace justo un año, tras el intento de golpe de Estado en Brasil, ya lanzó dudas sobre el Ejecutivo y su ”asalto“ a las instituciones.
Este mismo mes de enero Feijóo ha elevado el tiro para arremeter también contra el Congreso. Si en el arranque de la legislatura arremetió contra el papel institucional de Francina Armengol al frente de la Cámara Baja, la semana pasada puso en duda que el Parlamento esté cumpliendo con su labor. Así, dijo que usaría el Senado “para que los grupos parlamentarios puedan hablar, puedan favorecer las discusiones y puedan comparecer y pedir los informes preceptivos que el Congreso de los Diputados omite cuando aprueba proyectos de ley determinantes en la democracia en nuestro país”.