Además de culpar en exclusiva a Pedro Sánchez de los muertos por el coronavirus y de acusar al Gobierno de “mentir” o de actuar con “ineficacia” e “incompetencia” ante la crisis sanitaria, el Partido Popular ha decidido ejercer también toda la presión parlamentaria posible para exigir al Ejecutivo explicaciones sobre su gestión frente a la pandemia.
Desde que se inició la emergencia, los populares han registrado en las Cortes cerca de 3.000 preguntas parlamentarias o solicitudes de informes sobre la COVID-19 –2.996, entre el Congreso (1.957) y el Senado (1.039)–, en las que exigen, por ejemplo, conocer el número de sanitarios afectados, unos datos que ya ofrece el Ministerio de Sanidad, y hasta las pruebas de detección realizadas en distintos pueblos y regiones. Para su ofensiva parlamentaria el PP no duda en plantear decenas de veces un mismo enunciado, cambiando tan solo el nombre de cada localidad o territorio.
En una de sus últimas baterías registradas en la Cámara Baja el PP se interesa por las “pruebas de detección del COVID-19 realizadas en Torrijos (Toledo), y reproduce esa misma formulación en sendas preguntas referidas a otras localidades de la misma provincia como Illescas, Madridejos, Seseña, Talavera de la Reina o la capital, Toledo.
Lo mismo sucede con las preguntas referidas al “número de fallecidos y contagiados”. Los populares las plantean con un mismo enunciado para prácticamente cada una de las provincias españolas. La situación se repite en el caso de las preguntas referidas a los “sanitarios contratados” o a los “números de test realizados”.
De la posición internacional de España a los inmigrantes
El partido de Casado ha realizado en los dos últimos meses preguntas de todo tipo relacionadas con el virus, que ha dirigido a los distintos ministerios. Este lunes, por ejemplo, el PP presentó una batería de preguntas interesándose “por el impacto que la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus está teniendo sobre la posición internacional de España”, a la vez que presentaba otra sobre “en qué condiciones cumplen la cuarentena los inmigrantes irregulares que entran en España”.
En muchas ocasiones, el Ejecutivo se limita en sus respuestas a remitir al PP a las propias webs institucionales. Es el caso de algunas de las preguntas planteadas por los diputados populares Javier Merino, Cuca Gamarra y José Ignacio Echániz –responsable de Sanidad del partido–, que se interesaban por el número de sanitarios contagiados en La Rioja.
En su respuesta escrita, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Gobierno recuerda que “sus señorías pueden consultar en la web del Instituto de Salud Carlos III el informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España, que se publica con una periodicidad semanal y muestra información agregada”.
El Ejecutivo recuerda, además, en su respuesta, que “la información desagregada por categoría profesional”, aspecto por el que preguntaba el PP, deberá proporcionarla cada comunidad autónoma y no el Gobierno central. Y llega a remitir un enlace en el que se pueden observar los datos “sobre pruebas de diagnóstico realizadas por CCAA”, otro de los asuntos por los que habían preguntado los populares.
“La estructura es la que es”
No obstante, fuentes del Ejecutivo consultadas por eldiario.es advierten de que para responder esas miles de preguntas planteadas por el PP son necesarios importantes recursos humanos en un contexto de crisis sanitaria. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, tiene solo una secretaría general encabezada por Faustino Blanco González, que está recuperándose de un problema grave de salud. Sin él operativo, explican desde el ministerio, es el ministro, Salvador Illa, el que debe contestar todas las preguntas que se plantean en la Comisión de Sanidad del Congreso. Solo este martes se incluyeron 49 para la reunión de dicho órgano parlamentario prevista para el jueves.
“En estos tres meses se ha dotado presupuestariamente al ministerio y se ha reforzado con personal de otros ministerios para afrontar esta emergencia, pero de todas maneras la estructura es la que es. Parece que la intención es tener al ministro compareciendo continuamente en el parlamento en lugar de que se dedique a la gestión de la epidemia”, sostienen fuentes del ministerio consultadas por este diario.
“El ministro ha tenido 10 comparecencias en la comisión de Sanidad específicas sobre el coronavirus, que suelen durar entre cuatro y cinco horas. Muchas veces se ve obligado a responder de forma oral preguntas que se presentan fuera de plazo por cinco minutos”, insisten en el ministerio. “En la última comisión fueron 10 preguntas que Illa intentó responder brevemente pero en las que se invirtieron más de 80 minutos”.
Las fuentes consultadas por eldiario.es afirman que la estrategia del Partido Popular va incluso más allá: también las cuestiones respondidas por escrito tienen que volver a ser contestadas de forma oral. “Parece que las respuestas por escrito no le parecen suficiente al PP”, se quejan. Esto supone una carga de trabajo difícilmente asumible, según Sanidad, para un ministro a cargo del mando único mientras dure el estado de alarma.
“Los diputados de Sanidad del PP no deben dedicarse a otra cosa que a escribir preguntas, porque nos salen de media unas 70 al día. La mayoría, sobre cuestiones que son públicas, que están en información publicada en la web de Sanidad o que directamente deberían remitirla a las comunidades autónomas”, remarcan fuentes del Ejecutivo.