La reapertura del caso sobre la destrucción de los discos duros del PP incluye el requerimiento de la jueza Rosa María Freire para la formación política identifique a las personas que se encargaron del “formateado o destrucción” de los mismos y que incluirían información relevante sobre la financiación irregular del partido. Así lo requiere la magistrada en el auto de admisión a trámite de la querella, presentada en su momento por Izquierda Unida, y al que ha tenido acceso eldiario.es.
Es el mismo auto en el que cita como imputados al Partido Popular y a su actual gerente, Carmen Navarro, y al responsable de informática Javier Barrero. De igual modo, como testigos deberán comparecen ante Freire el extesorero Luis Bárcenas; el abogado del PP, Alberto Durán; la que fuera secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez; y el jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente.
Freire también reclama a la empresa Universomac Madrid “toda la documentación que obre en su poder sobre los trabajos realizados” sobre el ordenador de Bárcenas en octubre de 2012, “así como que identifique a las personas que trabajaron en dicho ordenador”. Es la empresa a la que Bárcenas recurrió para una reparación de esos ordenadores y que, según el PP, cambió el disco duro. De esta forma, el PP habría borrado una memoria diferente a la que denuncia el extesorero.
La jueza responde al reproche de la Audiencia de Madrid a su antecesora en el juzgado, Esperanza Collazos, sobre la ausencia de investigación solicitando a la Audiencia Nacional documentación de la causa conocida como ‘papeles de Bárcenas’. En este sentido, pide los autos por los que Baltasar Garzón admitió a trámite la personación del PP en 2009 y Pablo Ruz acordó su expulsión de la causa en abril de 2013, por no actuar el partido más como defensor de Bárcenas que como acusación. También requiere el auto de envío a prisión del extesorero.
En otro apartado, Freire reclama al Juzgado del que hoy es titular José de la Mata, los autos de requerimiento de los discos duros que hizo Ruz al PP y por cuya respuesta supo que habían sido destruidos.
La jueza rechaza la solicitud de la acusación popular de que se identifique a los responsables del PP que destruyeron el registro de visitas y las grabaciones de las cámaras de seguridad que podrían haber ayudado a conocer qué empresarios donantes de dinero negro visitaron la sede central de la formación.